De Vido tiene un frente judicial complicado.

Julio de Vido no tiene paz. El juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria al ex ministro de Planificación y actual diputado en una de las causas en la que se investiga el supuesto pago de coimas del gigante brasileño Odebrecht para que le adjudicaran obras en nuestro país.

Se trata de la causa por supuestas irregularidades en el Plan de Ampliación de Gasoductos 2006 y 2008 y De Vido fue citado para el próximo 5 de diciembre.

El juez también llamó a indagatoria a Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles. Además, fueron convocados los ex directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA) Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat.

«Entre la documentación analizada, se descubrieron una serie de notas y decisiones administrativas (incluyendo un “memorándum de entendimiento” entre Odebrecht y la Secretaría de Energía), de las cuales surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado -en forma previa- a la adjudicación del negocio a Odebrecht«, consignó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado ser algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación, que estaba supuestamente direccionada para favorecer a Odebrecht.

«En concreto, se sospecha que el ex Ministro De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a “licitación privada” a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a Odebrecht«, agregó el CIJ.

Además, el juez Rafecas admitió enviar una parte del expediente a su colega Marcelo Martínez de De Giorgi, quien investiga el presunto pago de sobornos en la obra del soterramiento del Sarmiento, ya que había reclamado acumular todas las causas en las que se investiga a Odebrecht.

«Rafecas decidió mantener en su Juzgado el primer tramo de la causa (2004 a 2006), en el cual acaba de ordenar las indagatorias por negociaciones incompatibles, y remitir por conexidad el segundo tramo de la causa (2007 a 2014, en donde se investigan irregularidades en una seria de adendas al contrato original) a su colega Martínez de Giorgi«, agregó el CIJ.

En esta segunda parte, se investiga el delito de cohecho, en el cual habrían tenido lugar los pagos de sobornos a intermediarios con destino final en funcionarios públicos argentinos por una cifra global (en los tres contratos: Tren Sarmiento, AYSA y Gasoductos), próxima a los 35 millones de dólares, según reconoció explícitamente la compañía Odebrecht en un acuerdo celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.