| Designación

Quién es Martín Soria, el nuevo ministro de Justicia que quiere terminar con el «lawfare»

Reemplaza a Marcela Losardo, con un perfil más confrontativo. Denunció la mesa judicial del macrismo.

El diputado nacional Martín Soria, nuevo ministro de Justicia, afirmó hoy que una de sus «aspiraciones» como titular de esa cartera «es terminar con el ‘lawfare'» y «desarmar la mesa judicial que funcionaba en el despacho de Mauricio Macri».

«Conmigo no van a contar para recibir a escondidas a jueces y fiscales», dijo Soria esta mañana en declaraciones en Radio 10, en las que agregó: «Tenemos una Corte que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todo lo que aprendimos en la facultad por la ventana».

«Una de las aspiraciones es terminar con el ‘lawfare’, con las operaciones judiciales, lo dijo el Presidente el primer día que asumió y cada una de las acciones así como también sus discursos tienen que ver con ese lineamiento y con lograr un cambio en el Poder Judicial», precisó el designado ministro de Justicia en sus primeras declaraciones tras conocerse el ofrecimiento del Gobierno nacional.

Anoche, el presidente Alberto Fernández anunció que le ofreció el cargo a Soria, en reemplazo de Marcela Losardo.

Del peronismo tradicional

Soria es un dirigente del peronismo tradicional de Río Negro, provincia en la que fue dos veces intendente de la ciudad de General Roca, y en el último tiempo profundizó sus denuncias contra el funcionamiento de diversas áreas del Poder Judicial.

Llegará al estratégico Ministerio de Justicia después de que el presidente Fernández revelara, la semana pasada, que Losardo le pidió dejar el cargo, en momentos en que considera que la próxima será una etapa para esa cartera que requiere de una nueva «actitud».

De 45 años y miembro de una familia tradicional del peronismo rionegrino, Soria accedió a la Cámara de Diputados en diciembre de 2019, al ser electo por la provincia de Río Negro por el Frente de Todos, y luego de ser intendente de General Roca entre 2011 y 2019.

En 2015, después de dos mandatos como intendente de General Roca, Soria se postuló para gobernador de Río Negro y perdió las elecciones a manos de Arabela Carreras.

Al mando del PJ de Río Negro, en 2020 su figura resaltó en un congreso nacional del peronismo al solicitar la expulsión del partido de Miguel Pichetto por integrar la fórmula con el expresidente Mauricio Macri en las elecciones presidenciales.

Denuncia contra Hornos

Soria fue también el legislador que denunció al presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, por sus seis encuentros privados con el entonces presidente Macri entre 2015 y 2018.

La denuncia ante el Consejo de la Magistratura se presentó por «mal desempeño, grave negligencia y por la realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones».

En la denuncia, de 23 páginas, Soria pidió la suspensión de Hornos y su posterior remoción por considerarlo parte de la «mesa judicial» de Cambiemos, para perseguir en los tribunales a dirigentes opositores.

«Este camarista de la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal en nuestro país, visitó al ex presidente Mauricio Macri en 6 oportunidades, sin pedidos de audiencia y a puertas cerradas durante sus 4 años de gobierno», apuntó en su momento.

«Llamativamente -conectó Soria-, cada una de esas visitas fue precedida o seguida por una resolución que lleva su firma en contra de algún miembro del partido político de la oposición, en especial funcionarios cercanos a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner».

Para el legislador oficialista, esa conducta de Hornos resultó «aberrante, vergonzosa y repugnante a los valores» que se busca desarrollar en la sociedad argentina.

Soria repudió así que un «representante del Poder Judicial condicione investigaciones en temas tan sensibles».

Y agregó en esa oportunidad que «es una actitud que no debe ser perdonada y que debe sancionarse con todo el peso de la ley, removiendo al juez Hornos de su cargo», por lo planteó que si no se aceptaba la propuesta de remoción, que se le aplicaran sanciones.


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