Micaela militaba en el Movimiento Evita.

Carlos Alfredo Rossi se convirtió en el centro de todas las críticas por haber liberado antes de que terminara su condena a Sebastián Wagner, el acusado de violar y asesinar a Micaela García, en Gualeguay, una ciudad de la provincia de Entre Ríos que se convirtió en la capital nacional de la tristeza, después de que se informara sobre el hallazgo del cadáver, en la mañana del sábado.

Cómo en ningún otro caso, en forma unánime  el arco político está de acuerdo en un punto: Rossi no puede seguir en su cargo como juez de ejecución penal de Entre Ríos. Los pedidos de juicio político fueron presentados por legisladores de todos los partidos y su futuro tiene sólo dos alternativas: renuncia y se va antes de lo echen, o los legisladores se ponen de acuerdo para votar su destitución.

Rossi llegó a su cargo en el año 2000, tras haber sido nombrado por el gobernador radical Sergio Montiel, elegido un año antes durante el gobierno de la Alianza, quien lo designó como uno de los tres jueces de ejecución penal de la provincia, con 37 años, para controlar la forma en que cumplían las penas los condenados por los tribunales penales de Entre Ríos.

La familia del magistrado tiene varias generaciones en la ciudad de Gualeguaychú y uno de los referentes para su nombramiento fue el vicegobernador de Montiel, Edelmiro Pauletti, un abogado de Gualeguaychú, vecino de los Rossi. Desde ese cargo, resolvió más de 1000 trámites referidos a la situación de detenidos en las cárceles entrerrianas.

Rossi sigue viviendo en Gualeguaychú y su casa tiene custodia policial desde el sábado, luego de la que la policía encontrara el cuerpo de Micaela. El juez se ha llamado a silencio durante el fin de semana. Durante la noche del sábado hubo una marcha en la ciudad y el frente de su casa se cubrió de pintadas, que no fueron promovidas por los padres de Micaela, una militante del Movimiento Evita, de 21 años, quienes se comprometieron a seguir con la lucha política de su hija.

El juez es cuestionado porque el año pasado ordenó la libertad de Wagner, pese a que tenían informes en contrario de peritos y del Servicio Penitenciario provincial, que no aconsejaban la liberación del acusado, que cumplía una pena de 9 años de prisión por haber abusado de dos mujeres.

“Ninguna de las opiniones que intervienen en esos informes es vinculante con mi decisión. Son estudios que me dan orientación para una mejor decisión. Está claro que si me aparto lo debo fundamentar en el mismo rango de rigurosidad. Incluso, algunas de las partes puede recurrir mi decisión. Ejemplo: recibo todos los informes y adhiero a la perspectiva de dar un permiso de salida transitoria, pero el fiscal puede apelar en queja para que Casación revise mi decisión. Lo mismo el interno, que puede recurrir en queja si le niego esa salida”, dijo el juez en una entrevista, publicada en 2014.

“Ya no se trata de la reinserción sociológica o social, sino que una persona que ha trasgredido la ley penal, retorne a la sociedad comprendiendo y respetando la ley; evitando la reincidencia delictiva. Eso es lo que se denomina prevención especial positiva, es decir, a través de un trabajo interdisciplinario, programado sobre el sujeto trasgresor y desde la unidad penal, evitar la reiteración delictiva. Entonces se puede sintetizar que se trata de una reinserción para la legalidad y no para la moralidad”, dijo entonces en una entrevista con el diario El Argentino de Gualeguaychú.