Por Ricardo Ragendorfer

El régimen macrista seguramente será recordado por haber puesto en práctica un sistema persecutorio que oscilaba entre Torquemada y el Doctor Goebbels. Una gran contribución al arte del lawfare, tal como se conocen las maniobras ilegales efectuadas desde los servicios de inteligencia con la complicidad de cierta prensa y un sector del Poder Judicial. Pero sus hacedores no imaginaron que habían puesto en marcha un mecanismo de obsolescencia involuntaria, ya que cada uno de sus actos de ilusionismo está saltando a la luz. Tal es ahora el caso de la llamada “Operación Puf”.

En este punto es necesario retroceder al verano de 2019. Por entonces, con el espía polimorfo Marcelo D’Alessio tras las rejas, la causa que instruía el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dejaba al desnudo una parte del espionaje sistemático–tanto con fines políticos como extorsivos– que hizo del gobierno de la alianza Cambiemos su resorte existencial

En esas circunstancias, el fiscal federal Carlos Stornelli, sucio hasta el cuello por su vínculo con D’Alessio, se apuró a presentar una denuncia por una presunta operación de los presos kirchneristas para deshacerse de él en la causa de las fotocopias (que algunos llaman “cuadernos”). Su prueba: unas escuchas telefónicas que –según él– le tiraron bajo la puerta de su despacho.

Los audios fueron irradiados el domingo 26 de junio en los ciclos PPT, de Jorge Lanata, y La Cornisa, de Luis Majul. Allí se oyen conversaciones entre el exembajador ante el Vaticano y actual diputado, Eduardo Valdéz, con los ex funcionarios kirchneristas Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi (estos, desde el Penal de Ezeiza). Fue allí donde el falso complot que se les endilgaba fue bautizado “Operación Puf”, por una expresión de Valdéz. Según Majul, las intervenciones sobre los teléfonos de aquella cárcel fueron legales, puesto que se hicieron en el marco de una causa contra el presunto “Rey de la Efedrina”, Mario Segovia.

No era exactamente así, y en aquel momento Valdez lo deslizó con una lógica aplastante: “Son tan obvios que ante una causa que los incrimina por espionaje ilegal publicitado desde los medios de comunicación (en referencia al asunto D’Alessio) responden con escuchas ilegales publicitadas desde los medios de comunicación”.

Es en este punto donde esta trama se enlaza a otras causas judiciales que en la actualidad investigan el espionaje ilegal del macrismo.

Conviene mencionar un momento estelar al respecto: el 15 de julio de 2018, cuando en un departamento de Constituyentes y General Paz utilizado por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como “cueva”, su director de Operaciones Especiales, Alan Ruíz, hablaba con sus hombres: “Lo primero que tenemos que definir con Cristian Suriano (el titular de Inteligencia del Servicio Penitenciario Federal) es una unidad que sería Ezeiza o Marcos Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo. Lo vamos a ‘alambrar’ (o sea, llenar de micrófonos y cámaras). Lo vamos a equipar todo; los vamos a meter a todos los políticos porque están operando a full desde adentro”.

Dicho sea de paso, aquel hombre, la Gran Oreja del poder, el titiritero que desde las sombras diseminaba dispositivos de registro en oficinas, salones, alcobas y calabozos, no suponía que él también era espiado. Porque en aquel preciso momento sus propios hombres lo grababan a hurtadillas.

Los cierto es que el “alambrado” a las cárceles explica el origen de la “Operación Puf”, entre muchas otras maniobras. Y que la instalación y uso de dicho dispositivo es en la actualidad una causa judicial en sí misma.

Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes la instruyen en Lomas de Zamora, le solicitaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi –que reemplaza al finado Bonadio– el original del anónimo recibido por Carrió, el cual habría sido aportado allí por la dupla Oliveto-Zuvic.

La respuesta del magistrado –quien además ya desechó la denuncia de estas por “inexistencia de delito”– fue desconcertante: las diputadas jamás presentaron el anónimo. Lo que sí hicieron fue entregar un escrito donde dijeron haber recibido dicha misiva con la transcripción de los escuchas a los presos.

Ya se sabe que la dramaturgia de la “Operación Puf” fue ideada por la AFI –tal como se desprende del testimonio de la agente Jimena Hornos ante la Comisión Bicameral–, y que dicho organismo nutrió a Stornelli con las copias del ya famoso audio que este aportó en su denuncia ante Rodríguez y Di Lello, quienes también dictaminaron la “inexistencia del delito”. También se sabe que fue Stornelli quien se las entregó a Lanata y Majul.

Pero el apuro –una cuestión de horas– de Oliveto y Zuvic por bifurcar esa impostura ante Bonadio hizo que no tuviesen tiempo de esperar a que la AFI les entregara otra copia a ellas. Por tal motivo solo basaron su denuncia ante Bonadio en un escrito sin el más mínimo valor probatorio.

Sin embargo, aquello fue suficiente para que el recordado juez diseñara –en junio de 2019–una enorme redada que incluía una veintena de arrestos para denunciantes de D’Alessio, abogados, ex funcionarios y empresarios presos, junto a periodistas que habían difundido sus trapisondas. Pero el sólido cariz que fue adquiriendo la causa de Dolores lo disuadió de semejante imprudencia.

Ahora todo se desplomó como una enorme roca sobre el océano.