Muchos acaudalados accedieron a aquel aporte tentados por lo que prometía el candidato: que el 99% restante de sus patrimonios aumentaría durante su mandato mucho más de lo que él les pedía. No fue así. El Grupo Financiero Galicia de los Escasany, por ejemplo, pasó de valer U$S 3.251 millones el día que asumió a U$S 2.044 millones el día que le entregó la banda presidencial a Alberto Fernández. Hoy, corona-crisis mediante, vale poco más de U$S 1.000 millones. A Jorge Horacio Brito, autoproclamado «banquero peronista» pero hermanado con sus competidores en el repudio al aporte extraordinario, no le fue mucho mejor: el valor del Macro cayó con Macri de U$S 3.298 millones a U$S 1.970 millones y a la mitad desde que gobierna el candidato que votó el patriarca.

Son pérdidas muy cuantiosas. Mucho más que un aporte del 2% que se recupera rápido si el patrimonio está dolarizado, como ocurre con el 43% de lo que declaran los potenciales alcanzados por el tributo según la AFIP. Lo que se juega en el rechazo a esa alícuota, más que dinero, es poder. Por eso cuando un par de socios de AEA le advirtieron a Matías Kulfas que irían a tribunales contra el nuevo tributo, el ministro de Producción no intentó siquiera disuadirlos. «Ellos van a seguir viviendo acá y tienen que seguir haciendo negocios acá. ¿Vos pensás que van a dejar de hacer un negocio, si lo ven rentable, porque los indigna un impuesto a su patrimonio?», le dijo después a un colega del gabinete que le preguntó por la amenaza.

Kulfas recibió a la misión del FMI que encabeza Julie Kozack el martes mismo, mientras se trataba el aporte en Diputados. Hubo que hablar de biocombustibles y movilidad sustentable por Zoom, porque los ocho enviados del Fondo todavía estaban aislados tras el PCR positivo de Luis Cubeddu el sábado por la noche. Setenta y dos horas y tres análisis negativos después, el economista venezolano recibió la venia para volver a ver gente en persona. Igual que Sergio Massa, aislado apenas por 48 horas hasta que un alta médica de curiosa factura le permitió ir en persona a presidir el final del debate y la votación.

Son excepciones a los protocolos muy llamativas para un país que ya asoma cuarto en el ranking de muertos por millón de habitantes. Excepciones que ni siquiera consiguió el Presidente, aislado dos semanas en la casa de huéspedes de Olivos tras haber estado en contacto estrecho con el infectado Gustavo Beliz en el viaje para despedir a Evo Morales. Pero que algunos funcionarios de segunda línea sí se autoarrogan, como el jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, quien se reunió a fines de la semana pasada con la misión del Fondo y encabezó este lunes como si nada varias reuniones virtuales de trabajo desde su despacho frente al Obelisco.

La «compañera Julie», como rebautizó cariñosamente el negociador argentino Sergio Chodos a Kozack, se puso un poco más estricta en las reuniones virtuales de esta semana. La mayor presión que ejerció sobre Martín Guzmán en las videoconferencias que mantuvieron casi a diario fue respecto del déficit fiscal previsto para 2021. No solo quiere que sea menor (un 3,5% del PBI frente al 4,5% que estima el Presupuesto) sino que procura que se financie más con deuda y menos con emisión monetaria.

La carta al Fondo de los senadores del Frente de Todos, que contrastó por su crudeza con la diplomacia market-friendly que despliega Guzmán cada vez que habla con Kozack o Georgieva, sorprendió al jefe del Palacio de Hacienda y lo hizo protestar ante el Presidente. Cecilia Todesca, en cambio, destacó que exhibía al oficialismo tanto al frente de la discusión actual como a cargo de la crítica del desastroso desenlace del préstamo a Macri. Más allá de esa lectura más política y aunque suene maximalista la idea de patear esa montaña de deuda heredada por «décadas», como reclama, la carta puede ser el primer golpe de una carambola inesperada: que el Fondo termine por abrir una tercera ventanilla (ni Stand By ni Extended Facility Fund) para refinanciar esos U$S 44 mil millones a un plazo mayor que 10 años.

Creativos y convictos

Kozack y compañía vuelven este fin de semana a Washington pero planean regresar por otra semana justo antes de las Fiestas. Prefieren el perfil bajo pero se saben protagonistas de una obra de teatro donde los gestos pesan y mucho. Que el staff no se opone frontalmente al impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo, quedó claro cuando Guzmán, Kulfas y Daniel Arroyo acudieron a mitad de la sesión del martes -por pedido expreso de Alberto Fernández- a fotografiarse con Máximo Kirchner y Sergio Massa. Una foto que blindó la mayoría oficialista y evitó que se negativizara algún voto incentivado, aunque expuso a todos otra vez al contacto estrecho con el virus.

El otro interrogante es cómo influirá la asunción de Joe Biden en el Fondo. Chodos hincha para la Secretaría del Tesoro por Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal estadounidense y veterana de varias cumbres del G-20 como él. La impulsa Wall Street pero según el negociador sería mucho menos hostil que Larry Fink, el CEO de BlackRock. El propio Biden, en campaña, le dijo a un economista argentino que estaba al tanto de lo cuantioso del préstamo. Lo cual, en boca de un presidente demócrata pero conservador, tampoco quiere decir mucho.

Hay intereses en juego que pueden ayudar a conmoverlo. Por ejemplo, los de sus multinacionales petroleras. ¿Y si alguien le preguntara a la Justicia si Macri le regaló Vaca Muerta a Rocca (o se la alquiló por cuatro años) a cambio de esos aportes iniciales de campaña? ¿Acaso hay alguna otra explicación para que YPF no haya aprovechado los jugosos subsidios de la resolución 46 que embolsó Tecpetrol y que se siguen pagando hoy, en dólares y demanda mediante? ¿No era la estadounidense Chevron la socia privilegiada de YPF en aquella quimera inicial del oro negro? ¿Por qué le cedió el lugar a la petrolera de Rocca después de haber costeado las primeras y más costosas perforaciones? ¿Cómo fue que entregó hasta al ingeniero Pablo Iuliano, arquitecto en las sombras de aquel boom de 2013 y 2014 y ahora recién recuperado? ¿Y si fue todo por orden verbal de Juan José Aranguren, padre de la resolución 46 y enemigo histórico de YPF?

Fuente. BAE