Por Gabriela Oprandi.

La reiteración de  operaciones de inteligencia informales, que están prohibidas por ley y que han sido amparadas por funcionarios tanto del ámbito judicial como del Ejecutivo, motivó que organizaciones del ámbito académico y diputados de diferentes partidos políticos, promuevan crear un plan de seguimiento y control de los organismos de inteligencia, ya que actualmente, se encuentran sin ningún tipo de supervisión institucional.

“La idea es armar un grupo entre el ILSED (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia), la ADC (Asociación por los Derechos Civiles) y otras organizaciones que quieran participar, y tratar de armar un programa de seguimiento y control de los organismos de inteligencia”, explica a Crimen y Razón, Alberto Binder, integrante del Ilsed.

La sede de la Secretaría de Inteligencia.

“La Ley de Inteligencia establece todo un sistema de control de una comisión bicameral sobre temas importantes. Ese control no es efectivo y no nos enteramos de cómo funciona la cámara. Entonces la idea es a partir del taller que vamos a realizar comenzar a controlar a los controladores”, remarca Binder.

En la Argentina existe un sistema de control parlamentario que fue establecido por la ley 25.520, que fue sancionada en el año 2001, y que ha creado la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia en el ámbito del Congreso de la Nación. Su propósito es fiscalizar que el funcionamiento de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, se ajusten estrictamente a las normas vigentes, respetando las garantías individuales establecidas en la Constitución Nacional, y a los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional.

Pero a pesar que la ley entró en vigencia hace más de ocho años, desde el Inecip -que también participarán del proyecto-, dicen que no se conoce ni se ha discutido el real funcionamiento de esa comisión que constituye un elemento esencial en el sistema de control. Y también señalan que “existen fundadas sospechas de que el sistema de control político y parlamentario establecido no funcione adecuadamente”.

La ley 25.520 faculta a la comisión bicameral a considerar, analizar y evaluar el Plan de Inteligencia Nacional, considerar el Informe Anual de las actividades de Inteligencia, recepcionar explicaciones e informes, elaborar y remitir al poder ejecutivo nacional un informe anual de carácter secreto, emitir opinión sobre proyectos legislativos relativos a actividades de inteligencia, recepcionar denuncias sobre abusos o ilícitos cometidos por los organismos de inteligencia y controlar los planes de estudio de la Escuela Nacional de Inteligencia. La Comisión Bicameral también tiene la facultad de requerir informes con clasificación de seguridad a la Dirección de Observaciones Judiciales y la facultad de supervisar y controlar los “gastos reservados”.

Desde el Inecip comentan:  “La historia de nuestro país, muestra que el sector de inteligencia es un área que no debe ser descuidada. De hecho, en  la actualidad existen varios procesos judiciales en marcha que llaman la atención sobre la ausencia de control de estos organismos, muchos de ellos vinculados con las pretensiones de secreto y confidencialidad que algunos de ellos reclaman para sí”.

El diputado nacional del Gen, Gerardo Milman, que también participará del proyecto, explica a este portal que “el desafío es poder conciliar las características propias de la actividad de inteligencia que constituyen riesgos para el sistema democrático, particularmente el secreto que rodea identidades, fuentes y métodos, su carácter frecuentemente subrepticio, y la existencia de un régimen especial de rendición de los fondos empleados en tal actividad, destinado a proteger el secreto, entre otros; con  la subsistencia y fortalecimiento del sistema republicano y democrático”.

Para Milman, el control de la actividad de inteligencia debe garantizar a la  sociedad que se realiza en su beneficio y  que el producto responderá a las expectativas y necesidades del Estado. “Si bien la creación de la Comisión Bicameral fue un avance respecto del estado de situación en el que se encontraba los controles de los organismos de inteligencia, desde su conformación a la fecha ha sido más una comisión de cobertura que de control. Su escasa actividad, su integración de mayoría oficialista, los secretos manejos y un cada vez más abultado presupuesto que no guarda relación con los controles efectuados, pueden calificar su desempeño como un fracaso”.

Milman se encargó de averiguar cuánto presupuesto maneja la Bicameral por año en el área de inteligencia y pudo determinar además que, desde 2004 hasta la fecha, sólo se elaboraron 31 informes. En el año 2009 el presupuesto fue de 3.600.000 millones de pesos y en 2012 de 5.500.000. Para el año próximo será de 6.600.000 millones de pesos.

En el Inecip sostienen que el efectivo control público del sistema de inteligencia nacional «se torna una necesidad fundamental para el pleno desarrollo del sistema democrático y republicano del Estado, asegurando que los órganos que lo conforman obren sujetos a criterios de legalidad y en función del interés público que persiguen»; y destacan: «La ciudadanía debe cumplir un rol determinante a través de su participación activa y el parlamento debe erguirse como órgano fiscalizador para garantizar el pleno funcionamiento del Estado de derecho».