El juez federal Julián Ercolini procesó hoy a los empresario Cristóbal López y Fabián de Sousa, ex titulares del Grupo Indalo, y ordenó que los dos sean detenidos, en la causa por la cual se investiga una defraudación al Estado con la retención del impuesto a los combustibles por $ 8.000 millones.
En la misma resolución el juez procesó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, aunque en su caso no ordenó que fuera detenido, según consignó el Centro de Información Judicial (CIJ).
De Sousa fue detenido en sus oficinas de Puerto Madero. En el mismo lugar se hizo un allanamiento para arrestar a López, pero no se encontraba en el lugar, por lo que continuaba la búsqueda.
La causa se inició luego de una publicación del periodista Hugo Alconada Mon, quien reveló que los empresarios habían retenido el impuesto a la venta de combustibles de la empresa OIL por 8.000 millones de pesos y que los utilizó para financiar la compra de nuevas empresas, como las de su grupo de medios.
En la denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió se objetó que la AFIP, bajó la conducción de Echegaray, le había otorgado a OIL un plan de pagos para financiar las deudas que tenía con el fisco.
Las empresas del grupo se encuentran en una delicada situación, luego de que López y De Sousa habían firmado una opción de venta al grupo OP Investments, una operación que está en suspenso porque no fue aprobada aún por la Justicia.
«Se encuentra acreditado en autos, en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, que Ricardo Daniel Echegaray -en su carácter de administrador federal de la AFIP– habría otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa– por el ICL correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015″, sostuvo el juez en su resolución.
López es un empresario de mayor tamaño por el volumen de sus compañías que, por ejemplo, Lázaro Báez, también vinculado a Cristina y Néstor Kirchner, y detenido hace casi dos años por orden del juez federal Sebastián Casanello.
Luego de dictar los procesamiento, el juez envió un escrito a la Unidad de Investigaciones Especiales y Procedimientos Judiciales de la Gendarmería Nacional para disponer que se encarguen de llevar adelante las capturas. En el escrito advirtió que se deben abstener de difundir las imágenes de los arrestos.
La advertencia de Ercolini se entiende luego de lo ocurrido con el arresto del ex vicepresidente Amado Boudou en su departamento de Puerto Madero por orden del juez Ariel Lijo. Tras ser detenido las imágenes de Boudou descalzo con los oficiales de la Prefectura se viralizaron en pocos minutos.
«Se encuentra corroborado con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere que Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa -en su carácter de responsables de la aludida firma- habrían realizado un aporte imprescindible al hecho descripto precedentemente y endilgado a su consorte de causa Echegaray, al aportar la estructura societaria necesaria para beneficiarse ilegítimamente de la maniobra desarrollada precedentemente«, agregó Ercolini en su resolución.