El ex juez federal salteño Ricardo Lona fue procesado ayer con prisión preventiva por su actuación en la Masacre de Palomitas, como se conoce al fusilamiento de once presos políticos el 6 de julio de 1976 en una ruta del departamento de General Güemes. La detención de Lona, ordenada por el juez federal Fernando Poviña, se cumplirá transitoriamente en su casa por una indisposición que sufrió al momento del operativo, informa Página 12.

 El procesamiento como cómplice primario de once homicidios agravados por alevosía y premeditación se suma al dictado dos meses atrás por el mismo juez Poviña por los delitos de encubrimiento y prevaricato en el caso del secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone.

Durante casi una década, Lona salió indemne de todos los procesos por su actuación durante el terrorismo de Estado. En 2004, cuando todavía era camarista, fue sometido a un juicio político justamente por haber consentido y no investigado la Masacre de Palomitas. El Gobierno le aceptó la renuncia tras la absolución.

El avance del proceso penal no fue menos arduo. Por amistad o afinidad con el magistrado se excusaron 67 funcionarios judiciales, entre jueces, abogados y secretarios designados sucesivamente como subrogantes. “A Lona lo protege, por acción u omisión, gente que él mismo dejó nombrada en el Poder Judicial”, explicó el año pasado el fiscal Horacio Azzolín.

A principios de agosto, Poviña lo procesó por la desaparición del ex gobernador Ragone, el 11 de marzo de 1976, más el homicidio del comerciante Santiago Arredes y las heridas que sufrió Margarita Martínez de Leal, testigos del secuestro. El juez dispuso entonces que Lona continuara en libertad, aunque le prohibió salir del país y le trabó un embargo de 500 mil pesos.

Entre otras graves falencias de su investigación, Lona no le tomó declaración testimonial a la sobreviviente y testigo, impulsó “medidas contrarias al esclarecimiento de los hechos”, como la entrega del cadáver de Arredes sin la previa realización de la autopsia, declaró a Ragone “legalmente muerto” y dispuso el sobreseimiento provisional de la causa el 31 de mayo de 1976, doce días después de haberla recibido, “sin ordenar ninguna medida de prueba”, según surge del procesamiento. En su descargo, por escrito, Lona sugirió que por entonces “no era posible saber que la policía actuaba en forma contraria a derecho, ocultaba información a las autoridades o incumplía medidas judiciales”.

Ayer sumó su segundo procesamiento, por la Masacre de Palomitas. “Una comisión del Ejército que procedía al traslado de presos subversivos hacia Córdoba fue interceptada y atacada por otros subversivos”, fue la escueta versión de los hechos que Carlos Alberto Mulhall, jefe de la Guarnición Militar Salta, le entregó entonces a Lona. Los presos habían sido sacados del penal de Villa las Rosas y fueron fusilados al costado de la Ruta 34. Los fiscales Azzolín y Juan Manuel Sivila lo acusan en una tercera causa por deficiencias en los trámites de hábeas corpus y la no investigación de denuncias de víctimas y familiares.