Gonella está a cargo de la Procelac.

El fiscal titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, fue procesado hoy por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien consideró la existencia de presunto prevaricato por no incluirse al empresario Lázaro Báez en un dictamen de investigación por supuesto lavado de activos, medida que Gonella calificó como «arbitraria» y «preanunciada».

Martínez De Giorgi procesó a Gonella y a su segundo Omar Orsi, a raíz de la presunta omisión de incluir al empresario santacruceño Lázaro Báez en un dictamen de investigación. El magistrado dispuso un embargo de 75 mil pesos para cada imputado, según la resolución de 50 carillas firmada hoy.

La causa fue iniciada el 23 de mayo de 2013 a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Elisa Carrió, ante la sospecha de que los funcionarios judiciales habían entorpecido deliberadamente la investigación sobre Lázaro Báez y la «ruta del dinero K», como se conoció el escándalo que protagonizaron Leonardo Fariña y Federico Elaskar en cámaras ocultas y entrevistas televisivas.

Puntualmente, a Gonella y a Orsi se les atribuye haber «direccionado» la investigación para centrarse sólo en «los reportes de operaciones sospechosas, que la determinarían deliberadamente hacia Elaskar y Fariña exclusivamente», sin analizar el resto de la denuncia sobre el entorno de Lázaro Báez, en la que se hablaba de cómo se habían sacado supuestamente divisas del país por 55 millones de euros, conformando sociedades off shore radicadas en paraísos fiscales como Bélice y Panamá.

«Se observa cómo al impulso de inicio se lo priva de todo componente vinculado al lavado de activos con relación al empresario Báez y su entorno», remarcó.

La investigación sobre Báez fue luego reimpulsada por el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Sebastián Casanello, pero con una demora de varias semanas a raíz de la actuación de Gonella y Orsi, según interpreta el juez que los procesó.

En el fallo escribió que «el direccionamiento de la investigación por parte de los imputados ocasionó una demora en la investigación -de casi veinte días desde la formulación de la primera denuncia- que conspiró contra la eficaz persecución de un delito complejo como el lavado de activos, perjudicándose la causa que le fuera confiada al generar la imposibilidad de adoptar las medidas de investigación pertinentes en relación a los hechos que no fueron alcanzados por ese impulso de la acción penal».

Para el fiscal Gonella, el procesamiento «fue preanunciado» en los diarios La Nación y Perfil, lo que «denota que hay un sector que deja ver cómo juega políticamente con estas causas».

Gonella recalcó además que los testimonios de los 4 funcionarios judiciales «dejaron en claro que no recibieron ninguna directiva de mi parte para restringir o excluir de la investigación a Báez».

En tanto, consideró que «ahora, como nunca antes, el sistema judicial exhibe contradicciones entre dos visiones: una justicia corporativa que queda siempre en pocas manos, y un modelo de justicia entendida como servicio público que es la línea del ministerio público y la Procuradora general».

Dijo además que estas situaciones tienen que ver con «un mar de fondo» que es el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que plantea una «redistribución de roles en la justicia, lo que genera tensiones en el sistema judicial que ahora, como nunca antes se hacen visibles».