Scapolán en un operativo reciente.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, procesó a dos funcionarios judiciales, a una decena de policías de la provincia de Buenos Aires en actividad y a un abogado como integrantes de una asociación ilícita dedicada a la extorsión, el armado de causas y el robo de cientos de kilos de cocaína que luego eran reingresadas en el mercado ilegal.

Todos ellos, según la justicia federal, forman parte de la banda encabezada por Claudio Scapolán, el poderoso fiscal de San Isidro, suspendido en sus funciones recién hace un par de semanas por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, pese a que las acusaciones en su contra tienen varios años de antigüedad.

Con la ayuda de varios medios amigos, Scapolán, quien no fue detenido porque sus fueros como fiscal lo protegen, lanzó en los últimos días una campaña contra el fiscal federal Fernando Domínguez, quien encabezó la investigación en su contra y desbarató a esta organización poderosa que durante años funcionó bajo su amparo.

Paradojas judiciales: el acusado de ser el jefe de la banda que se dedicó durante años a fraguar procedimientos y robar cargamentos enteros de cocaína con la complicidad de importantes jefes de la policía terminó por denunciar con la complicidad de algunos medios al fiscal que llevó adelante la investigación, en una desesperada forma de defensa.

Entre los procesados como organizadores de la banda se encuentran dos secretarios de la fiscalía de Scapolán, Maximiliano Iván Jarisch y Gustavo Sanvitale, quienes fueron arrestados cuando se ordenaron los primeros allanamientos y ahora se les impuso prisión preventiva y un embargo de mil millones de pesos.

Pedido de ascenso

Un dato político que hasta ahora fue pesado por alto: Jarisch fue propuesto por la exgobernadora María Eugenia Vidal para ser ascendido a fiscal a fines de 2019, cuando envió a la Legislatura provincial una decena de pliegos de ascensos de jueces y fiscales, que nunca llegaron a ser tratados.

También fue detenido, procesado y embargado por el mismo monto el comisario Juan José Magraner, quien en el momento de su detención era el Jefe de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul, de la policía bonaerense, lo que pone de manifiesto los alcances de la banda y el nivel de infiltración en la fuerza de seguridad más grande del país.

También fue procesado, embargado y con prisión preventiva en carácter de organizador otro integrante de la policía provincial, el comisario Roberto Adrián Okurzaty, quien se desempeñaba en la zona norte del conurbano. Según la resolución, todos ellos actuaban bajo las órdenes de Scapolán, quien aún no fue indagado.

Lee más: ¿Quién lo banca? Trece años sobrevivió en su cargo el fiscal acusado de proteger a narcos

La lista de integrantes de la banda, entre policías en actividad y abogados parece interminable. Ellos son Marcelo Di Rosa, Juan Alberto Elizalde, Marcelo Carlos Blanco, Adrián Osvaldo Dos Santos, Johana Belén Medina, Tamara Silvina Machuca, José María Delgado, Adrián Gonzalo Baeta, Nahuel Sacerotte, Amilcar Esteban Pino, Emiliano Germán Heidel, Claudio Javier Burgos, Oscar Antonio Caviglia, Aldo Rubén Romero, Santiago Ignacio Cabré, Mario Alberto De Armas, Alexis Jesús Tabares, Federico Daniel Emilio Rodríguez, Sergio Javier Armando Mamani, Gabriel Desideri, Juana Elizabet Medina, José Luis Cabral, Diego Germán Tello, Florencia Yael Canepa, Marcelo Galarza, Julio Antonio Salvatierra, Carlos Fabián Paltanavicus, Gabriel Cabral, Carlos Ochoa, Jonathan Chauvin, Damián Cristaldo, Guillermo Acuña, Jonathan Ramírez, Mariano Núñez; Héctor Hugo Alberto Correa, Julio Díaz, José Víctor Gutiérrez, Cristian Esteban Seu, Carlos Daniel Maidana, Adrián Gastón Peña, Gustavo Alberto Semorile, Francisco José García Maañon y Matías José Pedersoli, algunos de los cuales aún se encuentran prófugos.

Robo de drogas

De acuerdo con la resolución, la banda se dedicó durante varios años a operar en los partidos de Morón. San Isidro y San Martín, donde el principal objeto ilícito de la organización consistió –fundamentalmente- en la sustracción de estupefacientes a personas de algún modo ligadas al ambiente narcocriminal para su posterior reintroducción al circuito clandestino de venta a través de terceros.

Además se dedicaban a  la extorsión a presuntos narcotraficantes para que abonen un canon mensual por protección y/o para no detener a sus familiares y/o allegados; la extorsión a personas sin vínculos con el narcotráfico, bajo la amenaza de hacerlos pasar como tales; e incluso, la detención de personas que no eran narcotraficantes a los fines meramente estadísticos para demostrar una supuesta eficacia en la materia.

También fueron imputados por hechos de cohecho, falsedades instrumentales, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad, ya sea a través de sus integrantes y/o facilitando y/o instigando su comisión por parte de terceras personas; entre ellos, abogados de la matrícula que simulando una eventual actuación profesional, escondían -frente a las personas involucradas en los procedimientos revestidos de legalidad de los que se valía la organización para el beneficio personal de sus integrantes-, su participación en las maniobras extorsivas de las que resultaban víctimas.

Además de procesar a los organizadores de la banda, la jueza procesó como integrantes a otros diez policías con grados de comisarios para abogados y a uno de los abogados, José María Pedersoli, quien se entregó la semana pasada y aceptó confesar como imputado colaborador.

Dame Ayre

Como hecho más espectacular y llamativo la banda fue acusada de haber robado más de 500 kilos de cocaína en un procedimiento realizado en el Camino del Buen Ayre  en diciembre de 2013, a partir de un procedimientos armado por una llamada supuestamente anónima que había sido realizada por miembros de la banda. El cargamento original era de 1200 kilos pero la banda de policías y funcionarios judiciales se quedó con la mitad.

Un testigo de identidad reservada declaró ante el fiscal Domínguez que habría sido el fiscal Scapolán quien “…autorizó el robo de la mitad de la mercadería…”.

Sobre ese procedimiento en el Camino del Buen Ayre es clave el testimonio como arrepentido del ex policía Carlos Maidana, quien fue reclutado por los oficiales de la bonaerense en 2012, cuando lo arrestaron en Lomas de Zamora, cuando estaba acusado de secuestro extorsivo. Entonces no lo arrestaron y comenzó a trabajar para ellos.

Maidana asegura que fue el propio fiscal Scapolan quien dio la orden de robar la mitad de la droga que se había secuestrado en el procedimiento. 

Llega el fiscal

Así lo relata: “Estacionados los vehículos ahí llega el fiscal Claudio Scapolan, lo sé porque se presentó como tal, nos dio la mano a todos. Era de estatura mediana, morocho, peinado para atrás, en realidad es medio pelado pero tiene el pelo para atrás, vino acompañado por un muchacho joven de rulos (dijo que era empleado de la fiscalía). El fiscal me dijo que hablara con el otro testigo, Cristian Seu que llegó al momento del procedimiento solo, él también era amigo de los policías”.

“El fiscal me dijo que hablara con Seu, me dijo que me fijara bien si no había cámaras en la zona que pudieran ver los movimientos que se hacían ahí y que bajara la cocaína que se iba a secuestrar y que la otra la pusiera en la camioneta. Eso me lo dijo el fiscal. Se iba a separar la droga, la mitad iba a ir al piso para el secuestro (legal, “blanqueado”, lo que iba a ir en el acta de procedimiento), la otra mitad me dijo a mi a Guzmán y a Seu que la cargáramos en la camioneta en la Chevrolet S10”, declaró Maidana.