Los incidentes ocurrieron cuando terminó la marcha.

Por Rafael Saralegui

Pese a las denuncias sobre la presencia de infiltrados, algunos de ellos de la Policía de la Ciudad, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó hoy a 22 personas detenidas luego de la marcha realizada en Plaza de Mayo el 1° de septiembre al cumplirse el primer aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado y trabó embargos sobre los bienes de los imputados que van de los cinco a un millón de pesos.

En la resolución conocida hoy, el juez decretó la falta de mérito de otros nueve que habían sido arrestados después de la multitudinaria marcha para reclamar por la aparición con vida de Maldonado, que se desarrolló en forma pacífica, hasta que comenzó la desconcentración y se empezaron a producir algunos incidentes frente a las vallas situadas en medio de la Plaza de Mayo y que luego se propagaron por las calles del microcentro porteño.

“Los desmanes provocados no fueron espontáneos sino que se trató de acontecimientos previamente organizados y que tenían como fin provocar disturbios, infundir temor público, generar desórdenes y en ese marco de situación resultaron lesionados policías y se provocó daño en edificios públicos y privados”, sostuvo el juez.

“Todavía falta terminar de leer todo el auto de procesamiento, pero vamos a apelar la medida ante la Cámara Federal porque consideramos que es arbitrario y carece de fundamentos”, dijo el abogado Nicolás Tauber, defensor de varios de los arrestados en la noche del primero de septiembre.

“Por ejemplo, uno de nuestros defendidos, Cristian Vázquez, salía de trabajar en la empresa Turner, cuando se encontró con los incidentes en la zona de Plaza de Mayo. Sacó unas fotos con su teléfono celular cuando vio los incidentes y se estaba por ir a tomar el subte. Pero no participó en nada”, explicó el abogado.

Según el juez, los hechos comienzan cuando “un grupo de manifestantes derribó el vallado que se encontraba en el sector más cercano a Casa Rosada, mientras lanzaban elementos

contundentes, tales como botellas y piedras y además quemaban contenedores del Gobierno de la Ciudad. Estas personas también llevaban palos en sus manos y tenían

sus rostros tapados con pañuelos y remeras. Por otro lado, como consecuencia

de estos sucesos resultaron lesionados catorce policías”.

El juez sostuvo en su resolución que se recibió un informe de la Dirección General de Limpieza, la Dirección General Espacios Verdes y la Dirección General de Mantenimiento y Talleres dependientes del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad para calcular el costo de los daños provocados en los incidentes (por los grafitis e incendios de tachos de basura) y que sumó casi cinco millones de pesos.

De ser certero ese cálculo, no se entiende porqué el juez les traba embargos a los 23 procesados que oscilan entre uno y cinco millones de pesos para cada uno. Sólo con el embargo de uno de los imputados se podría cubrir el daño estimado por las autoridades del gobierno porteño.

El juez describe cómo se produjeron los arrestos de los detenidos a partir de los testimonios de los mismos policías que participaron en los operativos y dijo que se incorporaron en el expediente fotos y filmaciones realizadas por los canales de televisión, por las fuerzas de seguridad y de las cámaras del mismo gobierno de la ciudad.

La mayor parte de los detenidos fueron excarcelados durante el fin de semana. Casi todos insistieron en que los desmanes en la plaza se habían iniciado por parte de un grupo de infiltrados, que justamente buscaron generar una sensación de caos, luego de una marcha multitudinaria que se había desarrollado en forma pacífica.

El citado Vázquez explicó en su declaración que “al llegar a la primera esquina de la Av. de mayo, es decir a la intersección con la calle Perú observé como personal policial intentaba detener a un periodista. En ese momento, las personas presentes en el lugar comenzaron

a desalojar el lugar precipitadamente y ahí es cuando, retrocedí hacia plaza de mayo. En ese instante, personal policial que había formado la hilera me arrojó gas pimienta a la cara, me detuvo y me subió a una camioneta Iveco de la Policía”.

Al resolver, por caso, la situación de Vázquez, el juez sostuvo que «las imágenes señaladas lo muestran ubicado detrás del vallado, lo cual contradice sus expresiones en ocasión de declarar», ya que si bien dijo que había visto que «los manifestantes derribaron las vallas, nunca dijo que él estaba detrás del vallado».

Es decir, para el juez estar detrás de un valla significa haber sido protagonista de los incidentes. Es el ejemplo más burdo de la falta de evidencias en la mayor parte de los casos.

Un elemento que considera el juez al dictar los procesamientos es un grupo de Whatsapp que compartían varios de los procesados y sostiene que eso es un prueba de que se conocían de antes. El abogado Tauber explicó que el grupo lo formaron en el camión policial cuando los llevaban cuando un policía les dijo que no hablaron o iban a terminar como Maldonado. Todos entraron en pánico y comenzaron a pasarse los contactos y activaron el Google Maps para saber adonde los llevaban.