El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 condenó hoy a prisión perpetua a los represores Alfredo Astiz, Jorge «Tigre» Acosta y Ricardo Cavallo en la causa denominada ESMA III, en la cual se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos en ese centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Durante la audiencia de lectura de las condenas, el TOF 5 también condenó a prisión perpetua a Mario Arru, un ex piloto acusado de participar de los «vuelos de la muerte» desde los que muchos desaparecidos fueron arrojados al Río de la Plata.
También fue condenado a prisión perpetua el ex prefecto Jorge Antonio Azic, apropiador de Victoria Donda, la nieta recuperada que en la actualidad se desempeña como diputada nacional.
Por otra parte, el tribunal absolvió al ex secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, uno de los acusados civiles que fue juzgado en la causa más abarcativa (por cantidad de imputados, victimas y hechos juzgados) de la historia de la justicia argentina.
La audiencia de lectura de veredicto se desarrollaba esta tarde en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, hasta donde se movilizaron referentes y militantes de distintos movimientos de derechos humanos.
En este juicio se conoce también como «ESMA unificada»; se inició en noviembre de 2012, se acusó a 68 personas –de las cuales 14 murieron a lo largo del proceso-y se analizaron delitos contra la humanidad cometidos en contra de 789 personas.
Militantes de los organismos de los derechos humanos y familiares de las víctimas se congregaron desde la mañana en el acceso de la sede los tribunales federales de Comodoro PY, y muchos de ellos siguieron después las lecturas de las sentencia a través de una pantalla gigante montada en la calle.
A partir de las 14, los abogados defensores, los representantes de las querellas, familiares e integrantes de las organismos de derechos humanos se ubicaron en la parte baja den la sala de audiencias.
En tanto que un grupo de personas cercanas a los imputados ocuparon posiciones en la parte superior del auditorio, y entre ellos se encontraba Cecilia Pando, conocida activista contra los procesos de lesa humanidad.
Al promediar la tarde, los acusados ingresaron al recinto y ocuparon posiciones en medio de la sala, mientras eran vivados por el grupo que capitaneaba Pando.
Detrás de un blindex se ubicaban figuras emblemáticas del movimiento que denunciaron los crímenes de la dictadura en los años del terrorismo de Estado, como Estela de Carlotto, titular de Madres de Plaza de Mayo, o Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
Los familiares comenzaron a repudiar con cánticos a los represores, justo cuando desde el piso superior se entonaban las estrofas del himno argentino y se proferían algunas recriminaciones a los trabajadores de prensa que cubrían la culminación de este proceso oral y público, que se extendió por más de cinco años.
Mientras los fotógrafos y camarógrafos tomaban planos de los acusados, los integrantes del TOF 5, los jueces Leopoldo Bruglia, Adriana Palliotti y Daniel Obligado, pidieron que no se tomaran planos cortos, lo que provocó algunas reacciones entre los querellantes.
Ante la reacción del público, el juez Obligado, presidente del Tribunal, exigió silencio bajo advertencia de desalojar la sala, y el sector que simpatizaba con las víctimas comenzó a entonar la histórica consigna de las agrupaciones que impulsaron los juicios de lesa humanidad: «Cómo a los nazis, les va a pasar, a dónde vayan los iremos a buscar».
Tras un bullicio de unos minutos, los integrantes de los organismos, los sobrevivientes y familiares aceptaron bajar sus pancartas con las fotos de sus seres queridos que hallaron en las mazmorras de la ESMA sus destinos finales.
Cerca de las 17, el Tribunal comenzó la lectura de las sentencias, y el marino Jorge «Tigre» Acosta fue el primero en recibir una condena, en función del orden alfabético en el que se enumeraron las penas.
El represor recibió la pena de prisión perpetua por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, torturas seguidos de muerte y apropiación de menores, delitos todos agravados por su condición de ex funcionario público, una figura que se le aplicó a varios de los sentenciados.
Aunque esperadas, las condenas de Acosta, Astiz y Cavallo fueron celebradas por buena parte de la concurrencia, pero
más de Mario Danile Arru, por su condición de piloto que participó en los vuelos de la muerte, la siniestra metodología empleada para arrojar prisioneros vivos al mar.
Es que entre los querellantes se albergaba el temor de que estos aeronavegantes podían ser beneficiados por el beneficio de la duda por parte del Tribunal, algo que el caso de Arru no sucedió.
El piloto Arru participó en los vuelos en los que se arrojó a los secuestrados de la iglesia de la Santa Cruz, entre los cuales Azucena Villaflor, la primera líder de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Alice Dumont y Leonis Duquet.
Sin embargo, Julio Alberto Poch, otra de los acusados de haber participado en esta metodología, resultó absuelto por el Tribunal, lo que generó indignación entre los organismos.
Poch, quien residía en Holanda y trabajaba en una aerolínea privada, fue extraditado a Argentina luego de jactarse entre sus compañeros de haber participado en los vuelos de la muerte.