La obra tiene un presupuesto de 3000 millones de dólares.

Por Rafael Saralegui

La causa se encuentra en pleno trámite, pero la hipótesis en firme sobre la que se trabaja es que el consorcio integrado por las empresas Iecsa y Odebrecht pagaron al menos 20 millones de dólares de sobornos a funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner para que les adjudicaran las obras del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, un emprendimiento que tenía un presupuesto adjudicado de 3.000 millones de dólares.

La constructora Iecsa pertenecía entonces a Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri. La obra les resultó adjudicada en una UTE integrada también por la italiana Ghella SA y la española COMSA SA. La causa se inició en marzo de 2016 por una denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña y está a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi y el fiscal Franco Picardi.

El trámite del expediente puede cobrar un nuevo impulso por estas horas. Este jueves 1° vence el acuerdo de confidencialidad firmado por las autoridades de Odebrecht con las autoridades del Ministerio Público de Brasil, por el cual sus directivos se acogieron a la figura de la delación premiada para entregar documentación e información de la trama de pago de sobornos a cambio de una reducción en las condenas.

Además, este viernes un grupo de fiscales argentinos viajarán a Brasil para reunirse con sus colegas brasileños para agilizar el intercambio de información en el marco de la causa del Lava Jato, el caso más grande de corrupción en Brasil, uno de cuyos capítulos es el de la empresa Odebrecht, que admitió haber pagado sobornos no sólo en Brasil sino en otra decena de países para que les adjudicaran obras públicas.

En un acuerdo de características similares, Odebrecht admitió ante la Justicia de Estados Unidos que había pagado 35 millones de sobornos en la Argentina. De ese monto, se calcula que al menos unos 20 millones se habían pagado a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal (de Julio de Vido para abajo todos pueden ser sospechosos) para que se les otorgara la megaobra del soterramiento del Sarmiento.

Esta causa es la que mas miga política tiene. Por un lado están quienes recibieron las coimas: funcionarios del kirchnerismo. Pero por el otro están quienes pagaron los sobornos. El cohecho es un delito que necesita de dos partes. Y ahí aparece la empresa que era del primo del Presidente.

En su denuncia, Ocaña sostuvo que un informe de la Policía Federal de Brasil se mencionan a las empresas Controles y Auditorías Especiales SL de España (CYAES) y Control y Auditorías Especiales de Argentina SA (CAESA) que se habrían utilizado para la recepción de las coimas efectuadas por Odebrecht a través de las cuentas de la empresa off shore Klienfeld Service Ltd. Las dos primeras empresas mencionadas estarían vinculadas al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el español Manuel Vázquez, considerado un testaferro del ex funcionario.

En la denuncia Ocaña también se refirió a una serie de mensajes por correo electrónico intercambiados entre Vázquez y Mauricio Couri Ribeiro, director del grupo Odebrecht, y registros de transferencias bancarias de Klienfeld Service a Pribont Corporation SA por un monto de 80.000 dólares a través de FirstCaribbean Internacional Bank. Según la denunciante es “altamente sospechoso” una serie de correos que intercambian el brasileño Couri Ribeiro y Vázquez, en los cuales éste le reclama por unos “problemas” que se habrían producido en la recepción de la transferencia.

Ocaña también agregó en la causa un informe de la Superintendencia Regional de Paraná de la Policía Federal de Brasil, Delegación Regional de Combate contra el Crimen Organizado que “involucraría a la constructora IECSA -cuyo titular indicó la denunciante en ese momento era Angelo Calcaterra- en el pago de coimas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmeinto”. Esa información había sido obtenida por la policía de copia de la computadora del brasileño Mauricio Couri Ribeiro.

En la causa figura que en los correos del ejecutivo brasileño, habría dejado asentado que el gerente de Iecsa, Javier Sánchez Caballero, mantuvo reuniones para tratar el pago de coima. Según figura en la causa, en unos de esos encuentros “de fecha de junio de 2010, se habría citado a una reunión para debatir el pago de un soborno con Sánchez Caballero. Las sumas mencionadas en el intercambio de correos electrónicos excederían los 20 millones de dólares”.

Para la fiscalía es neceseario determinar si empresarios, financistas o intermediarios ofrecieron a funcionarios sumas de dinero a cambio de obtener beneficios. «Puntualmente en este caso de la adjudicación y continuidad en las distintas etapas de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento», dice un dictamen incorporado en la causa de Martínez de Giorgi.