Por Juan Pablo Mollo

Al presuponer una estructura coordinada y un despliegue de medios aptos para alcanzar los objetivos, el delito de cuello blanco, económico o corporativo se superpone con el crimen organizado, aunque ambos campos no se identifican plenamente. El origen histórico del concepto de crimen organizado no surgió desde la sociología académica sino como resultado de las definiciones de las agencias de seguridad estadounidenses, que procuraban delimitar un conjunto de fenómenos no convencionales de delitos, a pesar del carácter marginal de sus actores. Durante los años 30, principalmente en la ciudad de Chicago, el crimen organizado era una sociedad secreta, verticalmente jerárquica, cohesionada a través de lazos de fidelidad fundados en vínculos familiares y el empleo de la violencia; es decir: representaba a un grupo clandestino, extranjero y violento que ejercía un poder territorial donde todas sus ramificaciones respondían, en última instancia, a una familia centralizada y dominante. Lógicamente, la opción por conductas criminales organizadas siempre permitió un ascenso rápido, aunque diverso, en la escala social y en el consumo a través del dinero adquirido. En efecto, el crimen organizado fue una denominación que designaba formas de criminalidad desplegada, con la explotación de una serie de actividades ilícitas o de un conjunto de servicios como el juego, la prostitución, la distribución de alcohol durante la prohibición, el sistema de la protección extorsivo. Actualmente, también se incluyen a otras actividades criminales como la producción y distribución de drogas y diversas mercaderías, armas etc., y también, secuestro y explotación de niños y adolescentes e incluso tráfico de órganos de personas. Por esto, es manifiesto que la criminalidad organizada no se refiere a simples  actividades prohibidas sino a estructuras sólidas cuyo establecimiento requiere de  complicidades e intercambios con individuos pertenecientes al poder político, judicial y económico.

No obstante, existe una diferencia ostensible entre el delito de cuello blanco y el criminal perteneciente a una organización delictiva: a diferencia del delincuente común criminal convencional, el autor de los delitos de cuello blanco no se percibe a sí mismo como delincuente, sino como un respetable hombre de negocios, que encuentra sofisticados recursos para enmascarar su delincuencia como una práctica comercial lícita y normal. Inversamente, el delincuente común oculta su identidad para evitar el castigo y él mismo se reconoce como tal. Desde luego, también hay grupos criminales que han logrado metamorfosear su actividad hasta obtener una imagen de respetabilidad, y también sobran ejemplos de una evolución de organizaciones delictivas que devienen en prestigiosas corporaciones del mercado legal.

Un planteo falso que relativiza la criminalidad organizada como sociedad anónima es considerar que la trasgresión, el fraude o el negocio ilegal sería algo excepcional en relación con las reglas de juego “honestas” propias de la economía y el despliegue de las fuerzas del mercado. De esta manera, se logra relativizar la frecuente conjunción entre clase alta y delincuencia, sin dejar rastros de otra intersección, más alarmante, pero bien concreta, entre el crimen con la política, la policía, el poder judicial y las empresas mafiosas. También resulta evidente que el crimen organizado y el delito de cuello blanco comparten el ansia desmedida por el éxito económico, que justifica metodologías ilegales en la persecución de sus objetivos. De manera privilegiada, el lavado de dinero demuestra las conexiones entre delincuentes, crimen organizado, estafadores profesionales, dirigentes industriales, evasores fiscales, figuras de la política y administradores financieros. La motivación económica, el empleo de aparatos organizativos de cierta complejidad y el empleo de estrategias son similares y admiten resonancia en las teorías básicas que se estudian en la carrera universitaria denominada, precisamente, administración de empresas.

El crimen organizado neutraliza la intervención de la ley a través del establecimiento de redes de corrupción y represalias en su interior. Una característica de significativas semejanzas con algunos grupos económicos que recurren a maniobras ilegales y se valen de operaciones de propaganda denominadas “hacer lobby”, como un medio para no aceptar los límites legales, silenciamientos de opiniones desfavorables o ampliación de oportunidades. Otras veces, directamente mejoran su status empresarial con actos de corrupción, soborno de funcionarios políticos o comunicadores sociales. También es frecuente la ascendencia sobre el Estado para mejorar la porción en el mercado a través de la aprobación de normativas que favorecen sus intereses o desmejoro de sus competidores, formación y reforzamiento de monopolios, apropiación del patrimonio social a través de procesos arreglados de privatización, aplicación de mecanismos de coerción política nacional o internacional para sostener sus pretensiones, e incluso el recurso a la violencia extrema se incluye en la dinámica propia de la delincuencia económica y de la corrupción política.

La semejanza entre algunas corporaciones empresariales y las organizaciones criminales a partir de la producción y venta de drogas, dejar ver la penetración de la mafia en la economía legal y en la política oficial, hasta tal punto que no puede distinguirse un empresario de un político o de un narcotraficante. Una indiferenciación que denota la presencia de múltiples variantes de la delincuencia organizada, en el marco de las relaciones económicas y políticas dominantes. Asimismo, no es exagerado considerar que las acciones ilícitas referibles a la criminalidad organizada redefinen los lazos de la mafia en términos económicos y políticos, donde extensas redes económicas ilegales, protegidas desde el poder político, constituyen nuevas sociedades anónimas por fuera de la regulación jurídica; e incluso, economías enteras, regionales y nacionales, se sostienen por su funcionamiento criminal anónimo.

Palpablemente, la íntima compenetración de la economía y la política, ha producido que esta última sea dependiente en gran parte de la lógica del mercado; es decir, ha determinado la adopción de decisiones políticas sobre la base de la conveniencia de los grupos que actúan en la economía. Cuando tal objetivo se consigue, el objetivo siguiente es adquirir la cobertura jurídica; es decir, obtener la impunidad. Las formas de mimetismo que se manifiestan en el ámbito de la economía legal y de la política componen un vasto campo donde se despliegan prácticas ilegales y violentas de apropiación de un rédito y de explotación de las oportunidades que conduce a al establecimiento de un orden económico y político semejante a la mafia criminal. En tales extremos, la distinción entre criminalidad organizada, grupos políticos corruptos y empresas mafiosas no tiene sentido; y muchas veces, el poder es tan fuerte que permite presionar y sobornar a la justicia para lograr impunidad e infiltrarse en todos los segmentos de poder dentro del Estado para hacer negociados.

Fragmento de La construcción del delincuente, Editorial Grama, de reciente aparición.