A pesar de la idea generalizada de que el Patronato de Liberados Jorge H. Frías es un organismo estatal judicial y de que los trabajadores entendamos que debería serlo; lejos está de ello, atento que es una institución no gubernamental casi centenaria dedicada a la supervisión y reinserción social de personas con causas penales (pre-libertad, libertad condicional y asistida, arrestos domiciliarios, suspensión de juicio a prueba (probation), excarcelaciones, condena de ejecución condicional, entre otras). Está constituido por un cuerpo profesional conformado en su mayoría por trabajadores sociales, algunos psicólogos, abogados y personal administrativo, realizando tratamiento social de personas vinculadas al delito.
Esta institución desempeña una función pública estrictamente judicial y se solventa con la contribución de organismos oficiales: Poder Judicial de la Nación a través de la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Justicia de la Nación, a través del Servicio Penitenciario Federal. Sin embargo, en el ámbito de la Capital Federal no pertenece a la órbita estatal sino que es una asociación civil dirigida y administrada por funcionarios judiciales, entre otros; dando cuenta de una tercerización de la actividad judicial por lo que es imperiosa la regularización de nuestra condición.
Más de 100 empleados de esta ong regularizamos nuestra relación laboral recién a partir del año 2006, luego de años de lucha de los trabajadores para dejar de ser contratados, y logramos ser empleados en relación de dependencia.No obstante ello, desarrollamos nuestras actividades en un marco de sobre-exigencia y condiciones laborales de extrema precariedad, con magros salarios, personal insuficiente y espacios físicos inadecuados para la atención al público y desempeño profesional. Se carece de la posibilidad de realizar supervisión técnica y capacitación. Asimismo, no existe la carrera profesional ni administrativa; como tampoco de investigación, pese a las innumerables experiencias de campo.
Además, a partir del mes de agosto de 2012 venimos percibiendo nuestros salarios de manera irregular y arbitraria; sin contar con perspectivas o información concreta de nuestra situación a futuro o del mantenimiento de nuestra fuente laboral. En este sentido los trabajadores nos encontramos realizando medidas de fuerzas, entre ellas retención de tares y asambleas semanales.
Sumado a lo dicho, este patronato es una de las dos únicas asociaciones de nuestro país que tiene a cargo la asistencia post-penitenciaria a nivel nacional. El resto de las provincias realizan esta tarea a través de un organismo oficial o se encuentran en un proceso de estatización. Ello demuestra que la función del patronato es claramente pública y debe ser ejercida por el Estado y no por particulares.
Por ello los trabajadores de este patronato:
*Solicitamos el cobro en tiempo y forma de nuestros haberes y garantía de continuidad en nuestros puestos de trabajo. Rechazamos toda precariedad laboral.
*Condiciones laborales dignas: infraestructura y elementos de trabajo adecuados a la tarea que desempeñamos. Capacitación constante y de calidad.
*Regularización urgente de nuestra condición, dejando de ser parte de una asociación civil para convertirnos en trabajadores del ámbito público, ya que consideramos que es el Estado, a través del Poder Judicial, quien debe asistir a toda persona supervisada en este marco.
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