Por Alejandro Bercovich

Al Gobierno le hizo falta un focus group para detectar algo que varios de los empresarios más influyentes del país percibieron durante el fin de semana, charlando con sus familias: la preocupación por el paradero de Santiago Maldonado cruza a toda la sociedad y no se circunscribe al kirchnerismo, como sugirieron durante un mes los funcionarios que descuidaron su búsqueda con tal de no exponer a la Gendarmería. El comunicado que difundió el martes el Foro de Convergencia Empresarial, nacido justamente para expresar los malestares del mundo corporativo durante la segunda mitad del segundo mandato de Cristina Kirchner, puso de manifiesto esa realidad. La desaparición forzada del joven tatuador, en medio del desalojo de un corte de ruta ejecutado por gendarmes y supervisado por el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, disparó una crisis política impensable apenas tres semanas atrás, después de las PASO. Y esa crisis no solo afectó al Ejecutivo sino que sacudió a todo el establishment.

La declaración nació como un borrador que circuló por e-mail durante el fin de semana entre Miguel Blanco (IDEA), Javier Goñi (Alpargatas) y Jaime Campos (Asociación Empresaria Argentina), en principio para condenar los desmanes producidos el viernes por la noche, tras la movilización que copó la Plaza de Mayo y sus inmediaciones para exigir la aparición con vida de Maldonado. A eso apuntaba el primer párrafo del texto: “La historia contemporánea de nuestro país nos ha enseñado que la violencia jamás puede ser un recurso idóneo para realizar reclamos de tipo alguno”. Pero su cierre, y sobre todo la alusión a “la preocupación que todos compartimos por Santiago Maldonado y su familia”, contrastaron con la reacción inicial de los hombres de negocios, que inmediatamente después de las PASO se habían abroquelado en torno a un oficialismo al que juzgaron triunfador.

La Sociedad Rural, entre cuyos socios directos está la Compañía de Tierras del Sud Argentino (de Luciano Benetton), fue la que revisó de modo más notorio su postura inicial. A una semana de la desaparición de Maldonado, el 8 de agosto, había hecho público un comunicado donde no solo evitaba mencionar su nombre sino que además instaba a “terminar con la impunidad de los grupos delictivos y violentos del Sur”. El martes apareció entre los firmantes del nuevo texto, bastante más empático con las víctimas. La noticia de que Noceti visitó en varias ocasiones la estancia de Benetton y de que la propia Gendarmería instaló un destacamento en sus tierras puede haber influido en el cambio de parecer. Ninguna entidad querría verse implicada -ni siquiera como encubridora- en la investigación de un crimen de Estado de alcance internacional.

Entre los empresarios sin interés directo en el caso, en cambio, primaron dos motivos para sumar su voz al reclamo. Por un lado, la misma realidad que se puso de manifiesto en los focus groups que decidieron a Mauricio Macri y a Marcos Peña a bajarle el pulgar a Patricia Bullrich y encargarle el manejo de la crisis a Germán Garavano y Claudio Avruj: más del 60% de la sociedad ya sabe quién es Maldonado y por qué desapareció. Y la mitad responsabiliza al Gobierno. Por otro, la represión desplegada por la policía porteña el viernes por la noche inundó de escenas caraqueñas las pantallas de TV. “¿Cómo le explico a un inversor extranjero que esto es algo pasajero y que no tiene nada que ver con lo que ve todas las semanas que hace (Nicolás) Maduro en Venezuela?”, se agarró la cabeza un CEO el mismo viernes.

Hay también un componente humano, en cierta forma expresión de una democracia que empieza a madurar, incluso pese a sus avances y retrocesos. “Lo que nos preocupa es que no aparezca el muchacho. Hay una ineficacia evidente de las autoridades para resolver el caso”, sintetizó ante BAE Negocios el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo. “Cualquier situación de éstas te tiene que preocupar, como empresario pero también como argentino. Todos queremos saber qué pasó y queremos que aparezca con vida. Tenemos una persona que no sabemos dónde está. Punto. En esto no puede haber política. Tiene que haber un límite”, añadió Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical y recientemente devenido también empresario de medios. “Esto es una preocupación genuina y hubo unanimidad en el planteo”, apuntó a su vez el CEO de Accenture, Sergio Kaufman.

De chanchos y robots

Que el empresariado se haya animado a hablar de Maldonado también tiene que ver con los reparos que expresan algunos de sus referentes frente al rumbo económico oficial. Reparos que se asordinaron después de las PASO pero que resurgirán ante cualquier traspié político, en un contexto de repunte de la actividad frente al bajón de 2016 pero donde se dibujan cada vez más nítidamente los ganadores y los perdedores del modelo. Acevedo, por caso, marcó sus diferencias con sutileza desde el atril que montó la UIA la semana pasada en Pilar por el Día de la Industria. Su reivindicación de la diversificación productiva local, por caso, contrastó con el discurso autoflagelante de Francisco Cabrera (“somos los más cerrados del mundo”), montado para peor sobre datos falsos.

Ante este diario, esta semana, el jefe de la central fabril y de la alimentaria Aceitera General Deheza (AGD) fue un paso más allá. “Hay sectores del Gobierno que ven la apertura irrestricta como la solución para la Argentina. Pasamos del ‘vivir con lo nuestro’ a la globalización como credo. La salida es la apertura inteligente. La industria no es el problema, es parte de la solución. Seguimos teniendo déficit fiscal e inflación, pero ahora también tenemos un déficit comercial enorme. Y si no generamos más dólares y más producción, el gasto público va a seguir recayendo sobre los de siempre”, abundó.

La consultora Econométrica, de hecho, proyectó esta semana que 2017 cerrará con un déficit comercial de 5.700 millones de dólares -el mayor en 20 años- y un déficit en cuenta corriente (incluyendo servicios e intereses) de 17.000 millones de dólares. Como las importaciones crecen más que las exportaciones cuando crece el producto, para 2018 prevé un rojo aún mayor.

Acevedo viene de recorrer el país para afianzar la relación de la UIA con sus filiales regionales. En Santiago del Estero y Catamarca visitó fábricas textiles, de calzado y de alimentos. “En todos los rubros hay empresas productivas y competitivas. El problema es que el tipo sale de su fábrica con su producto y tiene que pagar seguridad privada, transporte carísimo, peajes de todo tipo e impuestos de todos los niveles. ¡El Gobierno tiene que pensar más en ese tipo! Es lo que hizo (el vicepresidente de Estados Unidos) Mike Pence cuando vino acá. No es que vino a vender chanchos. Vino a vender valor agregado. Lo hacen todos los países del mundo: compiten por quién agrega el valor porque eso define quién genera el empleo”, opinó.

Acevedo está abocado a convencer a esos sectores del elenco oficial de que la industria no está tan atrasada tecnológicamente como creen. “El otro día escuché a un economista decir que la robotización no había llegado a la Argentina. Y pensé ¡este tipo está loco!”, contó. El propio Mauricio Macri fue invitado el lunes por la hilandera TN Platex a la inauguración en Corrientes de una fábrica de medias a cargo de robots de última generación. Es uno de los rubros fabriles que cerca de Cabrera consideran inviables, aunque lo nieguen en público. La tormenta, según se excusó Ceremonial, no le permitió al Presidente llegar a la cita.

De aviones y carteros

La misma modernización apurada que propugna Cabrera en la industria es la que busca impulsar Guillermo Dietrich en el transporte con su “revolución de los aviones”. Pero la audiencia pública del miércoles, donde nueve aerolíneas “low cost” pidieron operar más de 500 rutas aéreas, mostró que los gremios aeronáuticos combatirán esa “revolución” con más armas que la huelga que obligó a posponer más de 150 vuelos.

El jefe de la Asociación de Pilotos (APLA), Pablo Biró, puso el dedo en la llaga al advertir que si la expansión del mercado es tan repentina, la seguridad aérea de los pasajeros puede verse afectada. “En los 90 fue así. Se expande la actividad, bajan un poco los precios y después las empresas desesperadas empiezan a ajustar en seguridad. Así llegamos al accidente de LAPA”, comparó. La caída de la avioneta Mitsubishi LV-MCV con sus tres tripulantes, en el Delta, que el gobierno buscó sin éxito durante 26 días en la era del GPS, no hizo más que dejarle picando la pelota frente al arco vacío de Dietrich.

Otro gremialista del aire, Ricardo Cirielli (APTA), se presentó esta semana como amigo de la corte en el juicio que sigue la jueza Sandra Arroyo Salgado para intentar esclarecer los motivos de la caída de esa avioneta. Todos saben que se trata de un mercado muy sensible. Por el miedo atávico del hombre a volar y por preocupaciones más modernas, como el narcotráfico.

Ayer por la tarde, en ese contexto de internas cruzadas, una asamblea de accionistas puso en funciones al nuevo directorio del Correo Oficial. Aunque se concretó el desembarco del vicejefe de gabinete Mario Quintana de la mano del exOCA y exPegasus Gustavo Papini, tal como se adelantó en esta columna, el ministro Andrés Ibarra y su presidente Jorge Irigoin (ambos exSOCMA) mantuvieron su peso. Dos de los nuevos directores, Eduardo Martelli y Luis Ramón Freixas Pinto, fueron designados por Ibarra. Ambos tienen vínculos familiares con el clan Braun y son viejos conocidos de la patria contratista. Ahora resta ver hasta dónde ejecutarán el ajuste que ordenó Quintana. Porque a veces ciertos actores se salen del libreto que parecía reservarles la película. Como los empresarios con el caso Maldonado.

Fuente: BAE