Basavilbaso fue denunciado por Marijuan.

Un convenio de 15 años entre la Procuración General de la Nación y la Anses fue dado de baja en forma sorpresiva por el organismo que administra los fondos prevesionales, luego de una serie de denuncias contra las autoridades del organismo y contra la empresa Iecsa, que pertenecía a Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri.

El cese del convenio vigente desde 2002 fue notificado por la Anses a la Procuración por una nota dejada en la mesa de entrada del Ministerio Público, lo que generó la sorpresa de los funcionarios judiciales.

A raíz de esta decisión, el Director Ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, fue denunciado penalmente en la Justicia por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien fue titular de la Unidad Fiscal de Seguimientos de Delitos contra la Seguridad Social (Ufises) hasta 2014.

Fuentes judiciales informaron que la denuncia fue radicada por el titular de la fiscalía en lo criminal y correccional federal 9 en la Cámara Federal y recayó por sorteo en el juez federal Sebastián Ramos por los supuestos delitos de «perturbaciones al ejercicio de la función pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público».

La Ufises tiene más de 15 años de actuación en forma interrumpida y atravesó gobiernos de diverso signo y diferentes titulares de la Procuración, sin que se hubieran producido inconvenientes en el funcionamiento del organismo del Ministerio Público que persigue los delitos que afecten los fondos destinados al pago de las jubilaciones y al sostenimiento del sistema previsional.

En 2002, el entonces Procurador General de la Nación, Nicolás Becerra, y quien ocupaba el cargo de Director Ejecutivo de la Anses, el actual líder del Frente Renovador, Sergio Massa, firmaron un convenio de cooperación con el objeto de fijar acciones conjuntas para crear  una unidad especializada en materia de delitos vinculados a los recursos de la seguridad social.

El 23 de mayo del mismo año la Procuración General de la Nación (PGN) creó la Unidad Fiscal de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), que tiene a su cargo la investigación de aquellos hechos ilícitos que pueden afectar los recursos públicos destinados a dar cobertura social a la comunidad (como jubilaciones, pensiones, asignaciones).

Para garantizar el funcionamiento de la Unidad se acordó que la Anses iba a aportar todos los recursos materiales y edilicios y los montos necesarios para abonar el salario de los trabajadores – con excepción del sueldo del Fiscal que lo afrontaría la PGN-.

A mediados de 2015, cuando el titular de la Anses era Diego Bossio, se firmó un nuevo convenio de colaboración con la Anses en donde se encomendó profundizar las relaciones entre ambos organismos a fin de mejorar la investigación de los delitos que puedan afectar los recursos de la seguridad social.

La Ufises funciona actualmente en un edificio de la Anses y aunque la caida del convenio no significa que deje de existir implica un problema presupuestario porque los gastos corrientes y los salarios de sus 20 empleados eran pagados por el organismo. La decisión de hacer caer el convenio en forma unilateral puede obedecer a dos causas, según las fuentes consultadas.

En primer lugar, la política de hostigamiento del gobierno hacia la actual procuradora, Alejandra Gils Carbó, a quien le piden la renuncia casi a diario. En segundo término una serie de denuncias realizadas por el actual titular de la Ufises, Gabriel de Vedia, que tienen que haber provocado el malestar de las autoridades de la Anses.

Un repaso de las denuncias más resonantes:

En octubre de 2016, De Vedia denunció a los directivos de Iecsa, por haber retenido los montos que descontó de los sueldos de los empresario por un monto superior a los ocho millones de pesos.

Hace un mes, De Vedia sostuvo en un dictamen que podría haber existido un perjuicio de un millón de dólares para el Estado por la venta de acciones las acciones de Solvay Indupa SA que estaban en poder de del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), creado en 2007.

En febrero de este años, De Vedia denunció a Luis María Blaquier, subdirector Ejecutivo del FGS ya que “el funcionario habría realizado negociaciones en beneficio propio o de terceros a quienes había estado vinculado, perturbando la imprescindible equidistancia que debe guardar el funcionario público en los contratos y operaciones en los que intervenga la administración”.