El fundador del Opus Dei, Escrivá de Balaguer.

Tres fiscales pidieron la indagatoria de cuatro sacerdotes del Opus Dei a quienes se acusa de trata de personas y de reducción a la servidumbre, de mujeres pobres y vulenarables.

La medida la solicitó el fiscal Eduardo Taiano, por los presuntos delitos que se les imputan a los religiosos en perjuicio de 44 mujeres -la mayoría de ellas niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad al momento de su ingreso a la institución, entre 1972 y 2015.

En la causa intervienen también los cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo,

El pedido de indagatoria se presentó ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, Daniel Rafecas, que ahora deberá resolver.

Los imputados son cuatro sacerdotes, tres de los cuales ocuparon el cargo de «Vicarios Regionales» y otro el de «Secretario Regional a cargo de la Sección Mujeres», dentro de la estructura jerárquica de la organización católica.

La pesquisa

Según la investigación, miembros de la orden buscaban niñas y adolescentes de bajos recursos, usualmente provenientes de zonas rurales lejos de los centros de actividades de la organización, y les prometían recibir formación y mejorar sus perspectivas laborales.

Cuando ya estaban dentro se las sometía a un régimen de «formación espiritual, profesional y laboral», y si mostraban vocación para ser «numerarias auxiliares»-categoría compuesta exclusivamente por mujeres- las obligaban de por vida a realizar tareas domésticas en los centros del Opus Dei, tanto en el país como en el extranjero, especialmente para personas con dinero y principalmente hombres.

Una vez allí, debían realizar extensas jornadas laborales sin ningún tipo de retribución, sin poder salir del lugar donde las sometían a explotación y con distintos tipos de violencia.

En algunos casos, incluso recibían una remuneración que debían devolver a aquellos a cargo de los lugares donde residían.

Luego de la captación, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior.

Según consta en el expediente, las víctimas no contaban siquiera con la posibilidad de un descanso efectivo ni del respeto a cualquier otro derecho, quedando atrapadas en una super estructura desprovista de derechos sin control ni supervisión alguna que perduró por años.

El papel atribuido a estas mujeres estaba respaldado por un discurso dogmático que buscaba justificar su situación, consignó el sitio Fiscales.

Proceso de selección

La investigación determinó que las posibles candidatas las buscaban a través de contactos de confianza, como sacerdotes y miembros de la comunidad local, que luego les ofrecían a las familias que las niñas «recibirían formación y capacitación».

Una vez que las captaban, las víctimas vivían en un estado de aislamiento total, sin acceso libre a medios de información como radio, televisión o diarios, y sin posibilidad de ver el exterior.

La TV estaba bajo llave y sólo se les permitía ver películas que elegían los directivos de la orden.

Además, se las vigilabas de manera contante, sin posibilidad de establecer vínculos afectivos y les daban medicación para apaciguar cualquier afectación a su salud mental consecuencia de la situación de sometimiento en la que se hallaban.

Este control absoluto anulaba la autonomía personal de las víctimas, reflejando una realidad “opresiva y deshumanizante”.

Además, se encontraban en un entorno donde el acceso a la atención médica y psicológica estaba completamente controlado y manipulado, lo que perpetuaba su estado de vulnerabilidad y dependencia dentro de la organización.

Tareas serviles

«La situación de las numerarias auxiliares contrasta rotundamente con la de los demás miembros porque su identidad se constituía a partir de tareas serviles que realizaban para los estratos más altos de la estructura del Opus Dei, especialmente en beneficio del desarrollo espiritual, profesional y personal de los varones de la Prelatura”, sostuvieron los fiscales.

La causa se inició cuando el 12 de septiembre de 2022 una persona denunció ante la PROTEX un posible caso de trata y/o explotación de personas dentro de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei.

Según el denunciante, entre 1974 y 2015, se reclutaron niñas y adolescentes que luego ingresaron a diferentes centros y residencias relacionadas con la organización, donde cubrían el rol de “numerarias auxiliares”.

A estas mujeres, en su mayoría provenientes de hogares pobres y en muchos casos migrantes, se les encomendaba una vida dedicada a realizar tareas domésticas para otros fieles.

El denunciante mencionó artículos periodísticos en las que esas mujeres indicaban que las explotaron al obligarlas a trabajar en tareas domésticas de manera gratuita durante años.