La comisaría 35 fue allanada.

El fiscal Fernando Fiszer solicitó que se condene a seis años de prisión al ex jefe de la Comisaría 35 Norberto Villarreal por liderar una asociación ilícita que se encargaba de recaudar dinero de forma ilegal.

En esa misma línea, ubicó a Susana Aveni, por entonces jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal, para quién pidió una pena de cinco años y seis meses de prisión.

Para ambos requirió una inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por cinco años.

Además, le solicitó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 que condene a otros seis funcionarios policiales por integrar la asociación a penas que van de los tres años y seis meses a los cuatro años y seis meses.

A los ochos acusados los consideró también responsables del delito de “concusión”, previsto en el artículo 266 del Código Penal, y pidió multas de hasta 360 mil pesos.

Por otra parte, le requirió al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº16 que absuelva al ex jefe de la Policía de la Ciudad José Potocar -por entonces comisario inspector de la Dirección General de Comisarías- y a Guillermo Calviño, ex superintendente de Seguridad Metropolitana de la PFA y también ex titular de la Policía porteña.

En ambos casos consideró que no se pudo probar su intervención en la maniobra delictiva.

El alegato del fiscal

En su exposición ante los jueces Gustavo González Ferrari, Inés Cantisani y Claudia Moscato, el fiscal Fiszer consideró que funcionó una organización delictiva a través de la cual distintos funcionarios policiales solicitaban el pago de dinero a comerciantes, empresarios o vecinos en el ámbito de competencia de la Comisaría 35 para asegurarse.

Esta circunstancia se dio desde febrero de 2016, un mes después de la asunción de Norberto Villarreal como jefe de la Seccional 35°, hasta fines de agosto de 2016, cuando fue allanada esa comisaría.

Dentro de la estructura delictiva, se cumplían distintas funciones. De acuerdo a la acusación, estaban los que cobraban y retenían directamente los importes que le correspondían; los que se ocupaban directamente de la recolección del dinero de los restaurantes; y los que le exigían plata a los cuidacoches de la zona.

A los “trapitos” se les solicitaba entre 400 o 500 pesos a cambio de dejarlos realizar esa actividad no permitida. Los subcomisarios facilitaban la asignación de los recursos policiales para cubrir “el esquema ilegal de vigilancia”.

En algunos casos, se les hacía creer que el dinero tendría como destino el servicio de Policía Adicional que proveía la Policía Federal Argentina en ese momento.

Además, se solicitaba bajo el amparo de la Asociación de Amigos de la Comisaría 35°. Existieron también pedidos directos de entrega de dinero.

El reparto

La fiscalía resaltó que en ninguno de los casos esas contribuciones se direccionaron a mejoras edilicias o al mantenimiento de insumos o vehículos.

“Lo recaudado le eran rendido al comisario Norberto Villarreal para que este distribuyera entre los demás integrantes del organigrama”, marcó el fiscal.

Con respecto al rol de la comisaria inspectora Aveni, a cargo de la Circunscripción VII, la fiscalía consideró que además de organizar maniobras con Villarreal, realizaba acciones para asegurar el acatamiento de las órdenes que impartía el comisario.

Al mismo tiempo, brindaba una “garantía de impunidad” para que este sistema se desarrolle sin la injerencia ni el conocimiento de los organismos de control administrativo o judicial.

También recibía el dinero que se destinaba ella, y a quienes ejercieran la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y la Dirección General de Comisarías.

En el alegato, Fiszer repasó la declaración de Villarreal durante el debate, quién relató cómo era el funcionamiento de la asociación ilícita y las reuniones que tuvo con el comisario anterior de esa dependencia, que le habría comentado la maniobra.

Contó también que él no modificó el funcionamiento de la comisaría y que cada uno tenía el rol que ocupaba antes de su llegada.

A esto se le sumó el hallazgo de un cuaderno donde habrían quedado reflejados una serie de montos asignados a distintas personas.

Asociación ilícita

Fiszer resaltó que Villarreal ocupaba un rol protagónico en la organización ilícita, ya que era quién impartía las órdenes y recordó que existía una relación previa entre el ex comisario y Aveni.

Entre mayo de 2011 hasta mayo del siguiente año, ella fue la jefa de la Comisaría 47° y Villarreal ocupaba el cargo de principal en la misma dependencia.

Sostuvo entonces que Aveni colocó al ex comisario en ese lugar, le indicó cómo contactarse con el anterior responsable y fue la que mantuvo el control durante todo lo que iba ocurriendo.

No solo quedó evidenciado esto por la posición jerárquica que tenía sino que Aveni fue la que impulsó “un aumento en las percepciones” durante ese período, indicó el fiscal.

Explicó luego el funcionamiento de las “quintas”, objetivos que se custodiaban y que tenían vigilancia policial “exclusiva”.

Villarreal era quien asignaba protección a quienes pagaban por ella mientras que los subcomisarios cordinaban la ubicación de los vigilantes.

De día y de noche

También dentro de la comisaría estaba quien recolectaba el dinero que provenía del servicio nocturno; del diurno de las paradas asignadas a los comercios y de los “trapitos”.

Destacó que para que la asociación ilícita se configure deben presentarse ciertas características: la pluralidad de autores (aquí hubo al menos ocho individualizados); la permanencia en el tiempo; la división de tareas y un grado de organización jerárquico. Consideró que si bien la gran mayoría de las veces esos acuerdos entre miembros son difíciles de ser probados, en este caso sí existieron evidencias claras.

Mencionó el secuestro del cuaderno y de un video filmado donde se observa a Villarreal mientras le da órdenes a otros policías para coordinar la distribución de “trapitos” durante un espectáculo deportivo realizado en el Club Atlético River Plate.

A esto le sumó los testimonios que se obtuvieron en la causa y que dieron cuenta de la modalidad delictiva.

La situación de Calviño y Potocar

Si bien quedó acreditado que había un ítem donde se hablaba del rol de la Dirección General de Comisaría, no se pudo determinar que Potocar supiera de la organización delictiva. El fiscal Fiszer consideró que la duda debe beneficiarlo.

En esa misma línea, la fiscalía consideró que tampoco podía probarse la intervención de Calviño. En ninguno de esos casos se pudo determinar si recibieron dinero, si se les propuso algo y no aceptaron. No se pudo corroborar si conformaron la estructura o si estaban mencionados para justificar la continuación de la acción desplegada por Aveni y Villarreal.

Fuente: Fiscales