La fiscalía pidió hoy seis años de prisión para el oficial de la Policía de la Ciudad que plantó un arma de utilería en el coche donde viajaba el joven Lucas González y sus amigos, cuando fue asesinado en noviembre de 2021 en el barrio porteño de Barracas por tres efectivos de la fuerza porteña que ya fueron condenados.

El fiscal Sandro Abraldes sostuvo que Facundo Torres (oficial de la Comisaría Vecinal 4D) es responsable del “encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave” y por su participación primaria en los delitos de “falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”.

Abraldes solicitó, además de los 6 años de prisión, la imposición de 10 años de inhabilitación para ejercer la función pública y para portar y tener armas. Y reclamó que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 declare, a modo de juicio por la verdad, que tanto Lucas González como sus amigos Niven Huanca Garnica, Julián Alejandro Salas y Joaquín Zuñiga Gómez fueron víctimas de violencia institucional y policial “con una grave afectación a sus derechos humanos” y que nada tuvieron que ver con un enfrentamiento armado con la policía.

Por otra parte, señaló que va a solicitar que se investigue por falso testimonio a un policía que se presentó a declarar en el debate.

La acusación

En tanto, el abogadro Gregorio Dalbón, que representa a la familia de Lucas, pidió para el acusado una pena de 10 años de prisión, porque a los delitos que enumeró la fiscalía durante su alegato sumó el de torturas.

Está previsto que tras el alegato de la defensa de Torres se conozca el veredicto el próximo viernes. Tras la finalización de la audiencia de hoy hubo incidente con algunos de los familiares del policía.

La imputación al oficial Torres surgió en el marco del primer juicio que se hizo por el crimen del joven futbolista de las inferiores de Barracas Central. En ese debate, además de la prisión perpetua a tres policías de la Ciudad considerados coautores del homicidio quíntuplemente agravado de González, se fijaron penas de entre 4 y 8 años de prisión por diferentes delitos a otros seis efectivos de la misma fuerza.

Durante una de las audiencias del juicio, Héctor Cuevas -uno de los integrantes de la Comisaría 4D condenados- aseguró haber visto cómo otros policías “habían ‘plantado’ el arma de juguete dentro del auto en el que iban las víctimas al momento de los hechos.

El fiscal hizo foco en la “solidaridad criminal” con la que actuaron los policías. “El papel de Torres fue determinante en la escena del crimen. Si el plantado del arma salía bien, la impunidad estaba garantizada y la condena y privación de la libertad de los chicos era segura”, explicó.

El crimen

La mañana del 17 de noviembre de 2021, el inspector Gabriel Alejandro Issasi, el oficial mayor Fabián Andrés López y el oficial Juan José Nieva -quienes integraban la Brigada 6 de la División Brigadas y Sumarios de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- circulaban en un automóvil Nissan Tiida sin identificación policial ni patente e interceptaron a Lucas y a sus tres amigos que iban en otro vehículo por el barrio de Barracas.

En ese momento, los efectivos se bajaron y les apuntaron, ante lo cual las víctimas intentaron esquivar la situación al creer que se trataba de un asalto.

Los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente.

Tras los disparos, se montó en la zona un operativo que duró hasta entrada la noche y que culminó con la detención de los otros jóvenes que acompañaban a González.

En ese marco, y a pesar de que durante la primera modulación que se hizo a las autoridades judiciales se sostuvo que no se observaba un arma dentro del auto de las víctimas, luego se halló allí una pistola de utilería.

Los antecedentes

Al comienzo de su exposición, el fiscal recordó que a principios del 2000 el Ministerio Público Fiscal creó la Comisión Investigadora de Procedimientos Fraguados en base a que se detectaron casos donde integrantes de la Policía Federal Argentina, a través de maniobras fraudulentas, habían iniciado causas penales “en contra de personas presumiblemente inocentes de baja condición sociocultural”.

Recordó entonces que se relevaron 105 casos donde se evidenciaron patrones y prácticas comunes y una “escenificación” de hechos delictivos con el objetivo de criminalizar a ciudadanos vulnerables y con bajas probabilidades de defenderse. Trazó entonces un paralelismo entre esos operativos y lo sucedido con este caso.

Para el fiscal, los funcionarios policiales montaron una versión “ficcional” con el objetivo de proteger a los miembros de la brigada que, de civil, habían disparado a los chicos sin previo aviso y sin mediar motivo . “Procuraron ejecutar a cuatro jóvenes que venían de probarse en un club de fútbol”, recalcó.

“Estos chicos lo único que querían era jugar a la pelota, estaban contentos porque habían quedado en Barracas. Solo querían y soñaban patear un penal como lo hizo Gonzalo Montiel en el Mundial 2022. Lucas no vio ese penal», marcó el fiscal.

La trama

Recalcó que a las 9:59 del 17 de noviembre de 2021 los comisarios Rodolfo Ozán y Fabián Du Santos -condenados en el primer juicio- ya sabían de lo ocurrido e incluso hablaban de que los policías “le volaron el frasco” a Lucas, en referencia al disparo que recibió el joven en la cabeza.

En esa misma conversación también mencionaban que debían “emprolijar” las cosas.

“Esto es un nuevo capítulo de la solidaridad interna de la corporación donde prima más el código y el uniforme que la Constitución”, puntualizó el fiscal. Luego, analizó la conversación que el policía Cuevas mantuvo tras los hechos, donde contó cómo le plantaron un arma a los jóvenes.

“El quebranto del código de silencio por parte de Cuevas no le quita centralidad al aporte consciente y determinante que hizo Torres ya que su accionar, de no haber sido descubierto, hubiera significado el éxito de la maniobra policial”, explicó el representante del MPF.