El fiscal Federal de Instrucción de Córdoba, Enrique Senestrari, junto al titular de la Procuraduría de narcocriminalidad (Procunar), Félix Crous, presentaron esta mañana el requerimiento de elevación a juicio contra siete personas que estarían involucradas en maniobras vinculadas al narcotráfico.

Se trata de Rafael Gustavo Sosa, Gustavo Julio Gonzalez, Alfredo Damián Seine, Franco Sebastián Arguello, Fabián César Peralta Dattoli y Mario Enrique Osorio, policías de la fuerza cordobesa. También se requirió la elevación a juicio respecto de Juan Francisco Viarnes, quien se encuentra prófugo, por lo que su situación será resuelta por el juez Bustos Fierro al momento de disponer la elevación de la causa. Sosa, al momento de su detención, se desempeñaba como jefe de la División Lucha contra el Narcotráfico de esa institución. Entre otros delitos, se les imputa el de asociación ilícita, violación de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad de varias personas.

En diálogo con Fiscales, Senestrari manifestó que «esto es la culminación de una investigación muy compleja, que implicó un gran trabajo por parte de toda la fiscalía y que tuvo una amplia repercusión en la provincia». Se mostró conforme con el resultado y destacó que aun restan investigaciones por concluir, que también tienen como imputado a Rafael Sosa. «Estamos instruyendo una causa donde se los imputa a Sosa y a otras personas por la adquisición de dólares falsos, hallados en poder de Juan Francisco Viarnes. Esto demuestra que estamos frente a una organización más compleja con fines delictivos varios».

Félix Crous, por su parte, destacó que «la Procuración decidió expresar su apoyo institucional en este momento importante para el proceso como es la presentación del requerimiento de elevación a juicio, no sólo porque es una investigación muy relevante con fuerte impacto en la vida institucional de la provincia, sino como muestra de valorización de las muchas dificultades que debió afrontar el fiscal para llegar a este momento». Respecto a las diversas causas que se encuentran en trámite donde están imputados altos jefes policiales de distintas provincias, Crous manifestó que «la tarea de las fiscalías federales, con colaboración de las fuerza de seguridad federales, ha permitido avanzar con el desbaratamiento de organizaciones narcocriminales que actúan asociadas con las máximas autoridades de las divisiones antidrogas, como ha sucedido en Santa Fe, Formosa y Córdoba».

Ambos fiscales destacaron el valor del trabajo institucional coordinado y resaltaron la importancia de esta causa para la vida institucional de la provincia de Córdoba.

El requerimiento

El escrito sostiene que Sosa “se valió de la estructura jerárquica y de roles de la dependencia mencionada, con la intervención de parte del personal subalterno de la misma entre los cuales se encuentran identificados Fabián Peralta Dattoli, Franco Sebastián Arguello, Alfredo Damián Seine, Julio Gustavo González, para la comisión de delitos y la generación de sumarios policiales basados en información falsa, con la incorporación en las tareas de investigación a modo de agente encubierto y/o agente provocador de Juan Francisco Viarnes y de Daniel Córdoba”.

De acuerdo a la investigación, las maniobras ilegales que los acusados habrían llevado adelante incluyeron la generación de sumarios policiales falsos; la exigencia de dinero a personas investigadas para no complicar su situación o beneficiarlos; la sustracción de estupefacientes secuestrados en allanamientos; el cobro de montos periódicos de dinero a diversas personas a cambio de permitirles realizar su actividad de venta de drogas, entre otras.

Los fiscales sostuvieron que “como consecuencia de las actividades descriptas esta organización generó informes ideológicamente falsos, manipuló las transcripciones de intervenciones telefónicas a los efectos de ocultar la presencia y la identificación del agente encubierto ilegal y de otras circunstancias de la investigación que pudiera comprometer su responsabilidad; prestaron declaraciones testimoniales falseando la información acerca de las diversas investigaciones realizadas y mediante tales actos, engañaron a los diversos tribunales y fiscales federales intervinientes; obtuvieron órdenes de allanamiento y de detención contra las personas investigadas, privándolas ilegalmente de su libertad. Del mismo modo ocasionaron que los integrantes del Ministerio Público Fiscal interviniente en cada caso formularan requerimientos de instrucción, de elevación a juicio, e incluso alegatos y pedidos de condena contra las personas involucradas en los procesos fraudulentamente gestados, llegando en algunos casos a motivar con ello la condena de personas que aún a la fecha se encontrarían cumpliendo pena en establecimientos carcelarios”.

Fuente: Fiscales.