Piden que se haga un nuevo juicio por las coimas en el Senado

El fiscal General ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca, a cargo de la Fiscalía Nº4, solicitó que se haga lugar a los recursos de Casación presentados por la fiscal General Sabrina Namer y por la Oficina Anticorrupción y que se anule la sentencia que contra la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Capital Federal que resolvió, absolver a Fernando de la Rúa, Fernando Jorge de Santibañes, Augusto José María Alasino, Alberto Máximo Tell, Remo José Costanzo y Mario Luis Pontaquarto en el juicio por el presunto pago de coimas para aprobar una ley de flexibilización laboral. Además, pidió que se realice un nuevo juicio.

Luego del debate oral, la Fiscalía y la querella consideraron que la maniobra había sido acreditada. Sin embargo, el Tribunal absolvió a todos los imputados, sobre la hipótesis de que todo se inscribió «en un complot político de la oposición».

De Luca entendió que los jueces realizaron un examen parcializado de la prueba y que su método de valoración no superó a «lanzar diatribas y adjetivos descalificadores contra la labor de todos los demás magistrados que intervinieron en la causa en etapas anteriores y contra las opiniones fundadas de la fiscal que intervino en el juicio en cumplimiento de su deber funcional, y agrega que lo que realmente ocurrió es que frente a tal crisis de gobernabilidad, algunos personajes clave de la oposición se la aseguraron, le dieron un poco de aire, aunque, claro está, por dinero».

El fiscal sostuvo que más allá de algunos “’cabos sueltos’, de circunstancias que no hacen al nudo de la cuestión», en el caso, además de cientos de indicios «graves, precisos y concordantes, hay algunas pruebas directas, como la confesión de Pontaquarto, la existencia de la abultada suma de dinero infrecuente en la SIDE, su falta de registración consistente, las constancias de la ruta del dinero de las coimas, las declaraciones incorporadas por lectura de Costalonga, ex esposa de Pontaquarto, ingresos de este último al organismo de inteligencia sin otro motivo demostrado, la ubicación geográfica de todos los involucrados al momento del cobro de las coimas, comunicaciones telefónicas frecuentes entre personas que antes de los hechos no lo hacían, etcétera, etcétera.»


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