Michetti es investigada por Lijo.

El abogado que denunció a la vicepresidenta Gabriela Michetti para que se investigue el origen del dinero robado en su casa el año pasado, presentó hoy un escrito para reclamar que sea llamada a prestar declaración indagatoria por los delitos de enriquecimiento ilícito, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión maliciosa.

Leonardo Martínez Herrero realizó la presentación ante el juez federal Ariel Lijo, que investiga a la Fundación Suma, encabezada por Michetti, y de otras fundaciones encabezadas por dirigentes del Pro, en la convicción de que esa organizaciones fueron el vehículo del dinero usado para financiar actividades políticas.

«Mi postura es siempre la misma de siempre: estoy absolutamente a disposición de todo, de lo que necesite la Justicia. Hemos enviado una cantidad de pruebas mayor a la que necesitaba», sostuvo esta tarde Michetti en conferencia de prensa en el Senado de la Nación, cuando se le preguntó por la denuncia.

“No existe justificación creíble y legal para acreditar el origen ilícito del dinero ilegal que estaba en la casa de la vicepresidente”, sostuvo el denunciante, al relatar que todos los testigos que declararon en la causa reconocieron que no les dieron una recibo de las supuestas donaciones que hicieron a la Fundación Suma.

Cuando se conoció el robo, la vicepresidente sostuvo que le habían robado 200 mil pesos que iba a usar para pagar gastos de la cena anual de Suma, 50 mil dólares que le había dado su pareja para pagar una maestría de su hijo y otros 50 mil pesos para pagar arreglos en su casas.

Para justificar el origen el dinero robado en su casa, Michetti presentó una lista de testigos que supuestamente habían hechos donaciones a Suma, aunque nunca les habían entregado un recibo respaldatorio.

“A mi humilde entender no alcanzaría como justificación el testimonio de personas, si las de ellas no pueden acreditar con recibos, declaraciones juradas, documentación o contratos de la legalidad de los mismos”, sostuvo el abogado.

Entre los testigos que declararon figura Claudia del Valle Nunia, quien dijo ser amiga de la hermana de Michetti. El abogado denunciante sostuvo que debía ser investigada por el posible delito de falso testimonio por no haber aclarado que era socia, en realidad de la hermana de la vicepresidente.

«La referida testigo manifestó que tenía relación con Silvina Michetti y que solo efectúa trabajos de consultoría percibiendo la suma de $ 20.000, cuando en rigor de la nota presentada es socia de la referida en primer término en la empresa SIL S.A. desde 2004″, afirmó Martínez en la presentación.

El 25 de octubre pasado, cuando fue indagada por la relación con las Michetti, Del Valle Nunia aseguró que es «conocida» de Gabriela, pero que su «vínculo» es con Silvina, a la que definió como «amiga» a la que ve «casi todos los días». «El vínculo que tengo es con Silvina Michetti, la hermana de Gabriela Michetti. Nos conocimos en el 2001 cuando hicimos un posgrado en el IAE», afirmó.

Sin embargo, además de amigas se descubrió que Silvina y Claudia son socias comerciales. La edición del Boletín Oficial del 17 de septiembre de 2004 reveló que Del Valle Nunia y Silvina Michetti comparten directorio de la empresa SIL S.A., la operadora de la red de tintorerías 5àSec.

El juez Lijo ordenó una serie de medidas que alcanzan no sólo a la fundación Suma, sino a otras vinculadas con funcionarios de Cambiemos y dirigentes del Pro. De acuerdo con el dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el juez pidió informes a la Inspección General de Justicia de las fundaciones Fundar Seguridad y Justicia (presidida por Eugenio Burzaco); Creer y Crecer (a cargo de Néstor Grindetti) y Formar (presidida por Guillermo Dietrich).