los familiares fueron engañados

Una de las querellas de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan solicitó a la justicia federal porteña que el excanciller del gobierno de Cambiemos, Jorge Faurie, declare como testigo en la causa en la que se investiga el encubrimiento del hundimiento del sumergible.

El argumento es que el canciller del gobierno anterior mantuvo en diciembre de 2017 una reunión con representantes del Reino Unido en la que se habló de la búsqueda de la nave.

El planteo lo hizo la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras ante el juzgado federal 12 y, según fuentes judiciales, ya se encuentra en manos del fiscal del caso, Guillermo Marijuan.

La abogada solicitó “se cite a declaración testimonial al ex Ministro de Relaciones Exteriores y Culto Jorge Faurie a fin que deponga sobre el tema puntual tratado con el representante del Reino Unido y sobre el ofrecimiento concreto de un ROV (robot) por parte de la flota del Reino Unido para la búsqueda del fatídico Submarino ARA San Juan”.

Reunión oficial

La letrada adjuntó a su presentación una impresión del registro de audiencias oficiales que indica que el 13 de diciembre de 2017, el entonces canciller Faurie mantuvo una audiencia con el secretario de Comercio Internacional del Reino Unido, Liam Fox, en la cual uno de los temas tratados fue la “colaboración británica en operaciones de búsqueda del Ara San Juan”.

Carreras vinculó ese encuentro a la información que ya obra en el expediente y que da cuenta de que para esos días ya se contaba con información sobre la ubicación aproximada del submarino del cual no se tenían noticias desde el 15 de noviembre de aquel año.

En ese sentido, recordó la declaración que dio el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en la cual reconoció que el 5 de diciembre de 2017 se conocía la ubicación del submarino, gracias al dato aportado por el buque oceanográfico Cabo de Hornos de la Armada de Chile y que, incluso, se requirió autorización para que Gran Bretaña provea el ROV para ingresar a un cañadón para buscar allí a la embarcación.

López Mazzeo afirmó que si se revisa toda la documentación de la búsqueda del ARA San Juan se podrá observar que cuando firmó «el cierre del caso SAR (por la búsqueda y rescate)» ya tenían «detectada la posición del submarino» y por eso habían «coordinado con la Marina Británica el 5 de diciembre (de 2017) el pedido de un vehículo autónomo», según se recordó en la denuncia que dio inicio a este expediente.

Ocultamiento

En esta causa se investiga si se realizaron maniobras para ocultar el conocimiento de la ubicación del ARA San Juan desplegadas “en el ámbito de la Capital Federal entre el Edificio Libertad el Ministerio de Defensa y la Casa Rosada”, según la denuncia judicial.

Los acusadores sospechan que ese supuesto ocultamiento pudo haber tenido que ver, entre otras cosas, con la voluntad del gobierno pasado de avanzar en la contratación de una empresa en particular para encarar una búsqueda de la que ya se tenía información concreta que se habría decidido omitir.