Los trenes estaban destruidos.

El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy el juicio oral y público para el ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado nacional Julio De Vido por fraude agravado contra el Estado Nacional a raíz de la multimillonaria compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano a España y Portugal entre 2004 y 2005.

Delgado reclamó juzgar a De Vido por supuesta «defraudación por administración fraudulenta agravada» en perjuicio de la Administración Pública al entender que el ex ministro controló «cada paso de la maniobra» y se ocupó por «formalmente aparecer en la escena lo menos posible» en una «lejanía que en realidad lo acercó» al delito cometido, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini.

De Vido puso en marcha una «delegación administrativa de funciones en la Secretaría de Transporte y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte pero, por otro lado, esa delegación trajo consigo el gobierno de hecho de toda esta maniobra», entendió Delgado.

El fiscal remarcó que si bien «las firmas de De Vido son escasas», esa «escasez lo acercó a los hechos» y «no lo alejó» porque «conservó en todo momento el dominio de la situación». De hecho, entendió que «un fin genuino» vinculado al supuesto objetivo de reactivar la industria ferroviaria y crear fuentes de trabajo, «alojó un negociado».

Por ello, aclaró que solicitó que se enjuicie a De Vido «por su participación en el diseño e implementación de dicha política pública» pero «no por la política pública en sí misma, sino porque ella envuelve comportamientos delictivos».

Para el fiscal, el entonces ministro de Planificación -que consiguió la semana pasada eludir su expulsión de la Cámara de Diputados por presunto «inhabilidad moral», motorizada por el oficialismo y la oposición de 1País- instrumentó las normas y utilizó la «jerarquía administrativa de la burocracia» para «alejarse formalmente pero acercarse al máximo a los acontecimientos».

De hecho, Delgado señaló que De Vido fue quien «abrió la puerta» a las maniobras a través del «marco normativo que dio pie a la firma de los acuerdos internacionales con el Reino de España y la República de Portugal», y que revela que la delegación administrativa de funciones «se desplegaba bajo la dirección del Ministro de Planificación».

Así lo expresó en el dictamen que elevó al juez federal Julián Ercolini en la causa en la que el magistrado ordenó detener, el 2 de abril del año pasado, al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, quien ya fue enviado a juicio oral junto a otros acusados, como su ex asesor Manuel Vázquez, también detenido con prisión domiciliaria.

De Vido fue citado a indagatoria y procesado con posterioridad por Ercolini y, por eso, ahora se iniciaron los pasos para su envío a juicio. Al pedir que sea juzgado, Delgado advirtió que, «bajo el paraguas de una crisis real (y actual) del servicio público de trenes, se decidió encarar una política pública para paliarla».

En este sentido, señaló que «se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de funcionamiento» porque «de ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes».

«Pero, en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. En esa distancia entre los principios y los hechos, yacen las responsabilidades de los imputados, porque deliberadamente aprovecharon ese marco jurídico para diseñar e implementar esta defraudación», agregó el representante del Ministerio Público Fiscal en este expediente.

Para la fiscalía, De Vido «manejó el desarrollo de los sucesos tanto en el plano específicamente material, como en el del diseño jurídico que es una materialidad que funciona en otro plano».

Además del actual diputado, se pidió el envío a juicio oral de Carlos Retuerto Castaño, el ex funcionario encargado de controlar el material rodante y los repuestos comprados por unos cien millones de euros y quien según la acusación «dolosamente escribió que no vio lo que en realidad vio».

La compra de material rodante a España derivó en el pago de 76.l313.108.35 millones de euros por 1.040 coches, furgones y locomotoras, unidades que en muy pocos casos estaban en condiciones de circular.

En el caso de Portugal, se compró a la empresa «Caminhos de Ferro Portugueses» unidades doble diesel, repuestos, locomotoras, vagones en distintos convenios por unos 25 millones de euros.