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Piden la urgente creación de un mecanismo de prevención contra la tortura

La comisaría de Berisso donde estuvo detenido el documentalista.

Por Gabriela Oprandi.

Dos días antes de que la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT) pidiera que se implemente de manera urgente en el país un Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, Mario Verón, un joven documentalista, fue detenido y golpeado por policías de la Bonaerense en la localidad de Ensenada, presuntamente sin motivo alguno, el sábado a la medianoche. Luego fue llevado a la comisaría y encerrado en un calabozo por un par de horas.

A raíz de ese episodio, el martes último, la Comisión Provincial por la Memoria –lugar en el que trabaja el joven-,  presentó la denuncia en el Ministerio Público Fiscal de La Plata y en la Interministerial, comisión creada para el autocontrol de torturas y malos tratos en fuerzas policiales y penitenciarias. Hoy al mediodía, los dos suboficiales que habrían golpeado al joven, fueron separados preventivamente de sus cargos. La decisión fue adoptada por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, que además impulsó la investigación del caso.

El hecho sucede justo cuando la APT, había emitido un comunicado en el que daba a conocer que la Argentina sigue incumpliendo con su obligación asumida en el año 2004 al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, a pesar de haber sido el primer Estado latinoamericano en ser parte de este tratado.

“El plazo para poner en marcha el sistema de prevención contra la tortura venció en el 2007. Así que hablamos de un retraso de más de 5 años en dar cumplimiento a la obligación internacional que asumió. Entendemos que definir el diseño que va a adoptar  el mecanismo nacional de prevención constituye una tarea compleja, ya que se debe tener en cuenta el contexto jurídico, social y político del país. Pero eso no es suficiente para explicar o justificar este retraso excesivo”, señaló a Crimen y Razón, Sylvia Diniz Días, directora de la Oficina para América Latina de la APT.

Para Roberto Cipriano García, director de la Comisión Provincial por la Memoria, “se llega a esta situación ya que Argentina aún arrastra serios problemas estructurales de práctica sistemática de la tortura, sobrepoblación y hacinamiento, condiciones inhumanas de detención y corrupción estructural en todos sus servicios penitenciarios. También sus fuerzas de seguridad o policías recurren a la tortura y la violencia como práctica sistemática frente a las personas que detienen”.

Cipriano García explicó además que “el Estado se comprometió a establecer y poner en marcha un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que tendrá como función principal llevar a cabo visitas regulares a todos los lugares de privación de libertad en aras de prevenir la tortura y fortalecer así la protección de las personas detenidas” .

“Este mecanismo debe ser autónomo desde lo funcional y financiero, es decir no puede depender del poder ejecutivo ni judicial. Veintitrés organizaciones que trabajamos estos temas en Argentina elaboramos un proyecto que respeta lo pautado en el protocolo facultativo. Ese proyecto obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y ahora espera tratarse en el Senado Nacional. De no tratarse antes de fin de año el proyecto se cae y se pierde la media sanción obtenida. El tratamiento se está demorando en el senado por la negativa del bloque del Frente para la Victoria de tratarlo, pese a la insistencia de los bloques de la oposición”, explicó Cipriano García.

Desde la APT aseguran que las condiciones de detención y de trato de las personas privadas de libertad en Argentina demuestran la urgente necesidad de establecer este mecanismo. Ya que en los últimos meses, salieron a la luz graves hechos, tales como, malos tratos y tortura en cárceles y comisarías en las provincias de Salta y Mendoza y, más recientemente, el asesinato, en su celda, de un testigo clave en un juicio de tortura en la provincia de Neuquén. Además, destacan las medidas cautelares emitidas en los últimos años por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordenaron proteger la vida y la integridad de los reclusos en cárceles de la provincia de Buenos Aires tras actos de violencia y maltrato, y traslados arbitrarios.

Al referirse al retraso que tiene el país con el tema, la directora de la Oficina para América Latina de la APT dijo: “Es difícil saber los motivos precisos del retraso, pero está claro que la problemática exige que se le trate como prioridad en la agenda política del país de manera a sostener reformas estructurales y de políticas públicas a largo plazo. Como ha afirmado el ex relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, Nigel Rodley, es necesario un cambio de paradigma con respecto a la naturaleza de la privación de libertad sustituyendo la idea de opacidad por la de transparencia”.


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