La obra tiene un presupuesto de 3000 millones de dólares.

Por Rafael Saralegui

La obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento es una de las más grandes por el monto y por lo que significa en infraestructura que se llevan adelante en el país. Tiene un presupuesto asignado de unos 3000 millones de dólares para la construcción de un túnel de 18 kilómetros de extensión. Anunciada tantas veces la obra comenzó en 2006 y se estima que podría estar finalizada en 2022.

Pero más allá de lo que significa como obra, el soterramiento del Sarmiento también tiene su correlato en el Poder Judicial, ya que se investiga el millonario pago de sobornos para la adjudicación de la obra durante el gobierno anterior a un consorcio de empresas integrado por la brasileña Odebrecht (que admitió el pago de coimas en nuestro país), la española Comsa, la italiana Ghella y la argentina Iecsa, que estaba en manos de Angelo Calcaterra, el primo del presidente Mauricio Macri, cuando se llevaron adelante las negociaciones.

En esa causa, el fiscal federal Franco Picardi presentó un escrito en el que le pidió ayer al juez Marcelo Martínez de Giorgi la intervención judicial de la UTE que realiza la obra y que ordene embargos preventivos por un total de mil millones de pesos contra los empresarios, intermediarios y ex funcionarios imputados por pagar y recibir sobornos. Para Calcaterra reclamó un embargo por 167 millones de pesos por su rol central en las negociaciones y tratativas.

En su extenso y detallado dictamen, el fiscal recordó que la causa se inició en 2016 por una denuncia de la legisladora oficialista Graciela Ocaña, quien recibió documentación de la policía federal de Brasil con intercambios de mails entre directivos de Iecsa y Odebrecht, referidos supuestamente al pago de los sobornos por la obras.

Picardi sostuvo que con la evidencia recolectada hasta el momento “permitió identificar la existencia de dos tramos en el despliegue de la maniobra de pago de sobornos efectuados por el consorcio integrado por las empresas Constructora Norberto Odebrecht S.A., Iecsa S.A., Ghella Societa Per Azioni y Comsa S.A., a funcionarios públicos que se desempeñaban bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, para la obtención de beneficios previos y posteriores a la adjudicación de la obra pública en cuestión”.

En el primer tramo de la maniobra, antes de que se hubiera adjudicada la obra, se identificó a la firma CAESA S.A., vinculada con el español Manuel Vázquez, un supuesto asesor y testaferro del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que habría sido utilizada “para la recepción de pagos de coimas efectuadas, en una primera instancia, mediante la facturación de servicios de consultoría inexistentes a firmas integrantes del consorcio CNS (IECSA y COMSA), y posteriormente, mediante transferencias bancarias que fueron canalizadas a través de diversas compañías offshore, entre ellas Pribont Corporation S.A. (utilizada por Vázquez) y Klienfeld Services Ltd. (utilizada por el grupo ODEBRECH para tales fines)”.

Picardi sostuvo que la segunda etapa del pago de los sobornos, luego de que se hubiera adjudicado la obra al consorcio mencionado, tuvo un  mayor grado de sofisticación y que “comenzaron tratativas y negociaciones entre los distintos directivos de las empresas involucradas para definir la forma en que iban a pagarse los sobornos a los funcionarios públicos una vez que el Estado comenzara a realizar los desembolsos por anticipos y certificados de obra, o bien, para lograr que se efectuaran esos desembolsos, materializándose en consecuencia los pagos de coimas desde y hacia empresas offshore”.

Picardi sostiene que “concretamente se ha podido identificar que los sobornos en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA por servicios de consultoría inexistentes (Iecsa y Comsa) y a sociedades offshore -entre las que se destacó Pribont Corporation- por parte de Odebrecht (primera etapa previo a la adjudicación) y 2) mediante las transferencias y pagos que realizaron las firmas Odebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella que formaron parte del consorcio ganador -en el porcentaje correspondiente a la participación que tenía cada una de las empresas en la UTE”.

Al definir el monto del embargo que se pidió para el primo hermano del presidente, Picardo sostuvo que “al tiempo en que él poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas”. Calcaterra ya declaró en el expediente y negó haber pagado sobornos. No se arrepintió.