Los talleres habían sido allanados en 2012.

La mayor parte de las investigaciones sobre las talleres textiles clandestinos terminan en los eslabones más débiles de la cadena: los encargados de los lugares donde están instalados, pero pocas veces avanzan más arriba.

Ese es el argumento del fiscal federal Federico Delgado para apelar el sobreseimiento del dueño de la cadena de tiendas Falabella y pidió su indagatoria por el delito de «trata de personas» y trabajo esclavo.

En su dictamen, la fiscalía criticó la resolución del juez federal Claudio Bonadio que benefició al empresario y sostuvo que «parecería que está mirando una película de ciencia ficción».

Bonadio, por tercera vez, sobreseyó al presidente de la tienda, Juan Mingo Salazar; a Gustavo y Héctor Mitelman, responsables de la empresa SIFAP, intermediaria entre talleres clandestinos y la firma multinacional.

El juez también tomó la misma medida en favor del peruano Robert Egber Tupiño Yncacutipa, quien administraba los talleres clandestinos.

La causa se inició en 2012, cuando fueron descubiertos dos talleres clandestinos situados en San Nicolás 266 y Quirós 3041, donde trabajaban y vivían inmigrantes, algunos de ellos sin papeles, y desarrollaban largas jornadas para la confección de prendas de vestir.

En los allanamientos ordenados en el marco de la causa se secuestraron etiquetas de Falabella que eran adosadas a las prendas de vestir.

Bonadio consideró que «los hechos investigados en la causa no constituyeron el delito de trata de personas ni de reducción a la servidumbre», y sólo imputó a Tupiño Yncacutipa «por haber facilitado la permanencia ilegal de una persona de nacionalidad extranjera».

«El empeño de la fiscalía en esta causa (y en todas las causas) es llegar a los eslabones más altos de las organizaciones criminales -y a su núcleo económico-… Desde el inicio de esta causa, allá por diciembre de 2012, insistimos para que este proceso no acabe únicamente en el eslabón más débil de la cadena -el tallerista– que es lo que ocurre en la mayoría de los casos en que se investiga el delito de trata de personas», adelantó Delgado en su apelación.

El fiscal consideró que Bonadio «parecería que está mirando una película de ciencia ficción en lugar de los elementos probatorios agregados a la causa».

«Se constató la presencia de inmigrantes que, por necesidad, son objetualizados y trabajan en condiciones deplorables, atravesadas por el hacinamiento, falta de ventilación, jornadas laborales interminables», insistió el fiscal.

Además, acompañó su dictamen con una serie de fotografías que muestran cómo y en qué condiciones se desarrollaban las tareas en los talleres clandestinos.

En cuanto a los pedidos de indagatoria, Delgado expresó: «Logramos desentrañar cuáles son las empresas que se apropiaron del trabajo esclavo a través de la cadena de explotación de seres humanos».

«En este caso, se trató de Falabella y SIFAP S.A -empresa proveedora de Falabella-. Ello es así porque el nexo entre Falabella y los talleres textiles ubicados en Quirós 3041 y San Nicolás 266 es la firma SIFAP S.A.», resaltó.