Rafael Sosa llega esposado a los tribunales.

Los fiscales Enrique Senestrari y Abel Córdoba solicitaron hasta 15 años de prisión para un grupo de policías cordobeses supuestamente dedicados a investigar a bandas de narcotráficos, pero que fueron acusados de proteger y extorsionar a quienes se dedicaban a la venta de drogas.

El pedido de condena más alto -15 años- correspondió al comisario Rafael Sosa, quien se encontraba a cargo de la Dirección de Drogas Peligrosas de la policía de Córdoba y fue acusado de liderar la asociación ilícita.

Los fiscales también reclamaron para el comisario Gustavo González, jefe de Inteligencia en la misma Dirección, una pena de 12 años, lo mismo que para el comisario Alfredo Seine, a cargo de la Jefatura de Calle. En tanto, para el imputado Fabián Dattoli reclamaron diez años; ocho para Franco Argüello; cuatro para Cristian Ingas, y un año para Mario Osorio.

Las acusaciones incluyeron los delitos de asociación, privación ilegal de la libertad agravada, falsedad ideológica de documento público, extorsión, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falso testimonio agravado.

En la audiencia que se realizó hoy, el abogado Gustavo Franco solicitó la absolución de Sosa, y negó que existiera una asociación ilícita. El letrado sostuvo que hubo una puesta en escena con «fines políticos», consistente en un plan «maquiavélico» orquestado por el anterior gobierno nacional, para perjudicar al por entonces gobernador José Manuel de la Sota en el marco de las elecciones legislativas nacionales de 2013.

Franco apuntó en su defensa al acusado prófugo de la justicia, Juan «El Francés» Viarnes, a quien definió como un «mitómano estafador y agente inorgánico de los servicios de inteligencia».

El abogado indicó que Viarnes tenía «relaciones innegables» con el ex secretario de Seguridad del gobierno kirchnerista, Sergio Berni, sobre quien dijo que vino varias veces a Córdoba «para perjudicar» al gobierno de de la Sota.

Franco, indicó que las declaraciones que realizó Viarnes ante la justicia bajo la figura del arrepentido que dieron origen a la causa, fueron «falsas» y que se realizaron «sin la presencia de su abogado».

Extorsiones y autonomía funcional

Al alegar ante el Tribunal, los representantes del Ministerio Público destacaron la estructura de la asociación ilícita integrada por miembros de la fuerza policial y un civil, destacaron que Sosa centralizaba todas las decisiones de aquella y precisaron su operatividad entre 2010 y 2013, período en que incursionaron en jurisdicciones como Buenos Aires, San Luis y Corrientes.

También, hicieron referencia al modus operandi de la organización delictiva caracterizado por procedimientos fraguados, inteligencia ilegal, la conformación de expedientes con información falsa. Incluso se comprobó la transcripción apócrifa de escuchas telefónicas. Luego, al presentarse ante la justicia, avalaban esas maniobras. En uno de los procedimientos, luego de detener a una persona, se dedicaban a extorsionar a la familia para que entregue dinero para “arreglar la causa”.

En la valoración de los hechos, los fiscales destacaron que se trata de funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley y que toda la gama de delitos atribuidos a la organización “sólo evidencia desprecio por la legalidad, por la función institucional” que desempeñaban.

“Eran temerarios, y en tanto criminalidad organizada en una fuerza de seguridad que dispone de armamento, recursos especializados, alta capacitación en inteligencia, operativos y logística, está asociación ilícita tuvo como reaseguro latente en todo momento la violencia”, señaló Abel Córdoba, cargo de la Unidad Fiscal de Litigio Oral Estratégico (UFLOE).

“Todo este cúmulo de delitos, corrupción, graves violaciones de derechos, instrumentalización del poder judicial para perfeccionar sus maniobras ilícitas, tuvo la amplitud de la autonomía funcional con que contaban y se habían generado”, concluyó.

El juicio por el denominado “narcoescándalo” arrancó hace un mes y tomó estado público en 2013 como consecuencia de una cámara oculta a un supuesto arrepentido (actualmente prófugo y con pedido de captura internacional) que dio detalles de su participación en las maniobras delictivas llevadas a cabo por la Dirección de Lucha contra las Drogas de la Policía de Córdoba.