El primo del presidente Macri.

El fiscal federal Franco Piccardi pidió hoy que los bienes del empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, sean embargados por un monto de 54,35 millones de pesos en la causa por la que se investiga el contrato por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento.

La causa se originó en una denuncia de la actual diputada electa de Cambiemos Graciela Ocaña a partir de un informe de la Policía Federal de Brasil que se refería al pago de coimas del gigante brasileño de la construcción Odebrecht hacia dos firmas vinculadas con el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y su asesor, Manuel Vázquez.

La denunciante sostuvo que existía un informe de la misma policía brasileña del equipo dedicado a investigar el caso del Lava Jato que “involucraría a la constructora IECSA –cuyo titular indicó la denunciante en ese momento era Angelo Calcaterra- en el pago de coimas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento”.

El informe mencionado por Ocaña sostiene que hubo un intercambio de correos electrónicos entre Mauricio Couri Ribeiro, quien se desempeñaba como ejecutivo de Odebrecht en la Argentina, y Javier Sánchez Caballero, gerente de IECSA. En esos correos, Couri Ribeiro sostuvo que Sánchez Caballero “ mantuvo reuniones para tratar el pago de coimas del soterramiento del Tren Sarmiento. En uno de ellos, de fecha junio de 2010, se habría citado a una reunión para debatir el pago de un soborno con Sánchez Caballero. Las sumas mencionadas en el intercambio de correos electrónicos excederían los veinte millones de dólares estadounidenses”.

El fiscal Picardi sostuvo en su dictamen, que luego de la realización de numerosas diligencias, sumada a la información aportada por la Justicia de Brasil y de los Estados Unidos -donde Odebrecht admitió el pago de sobornos a funcionarios argentinos por 35 millones de dólares para que se le adjudicaran obras- se pudo establecer la forma en que se pagaron las coimas para que durante el gobierno anterior se otorgara la obra del Sarmiento a un consorcio de empresas integrado por Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella.

“Se ha podido identificar que las coimas en cuestión se habrían materializado de dos maneras: 1) a través de pagos a la empresa CAESA por servicios de consultoría inexistentes y 2) mediante transferencias que se enmarcan en el esquema internacional de pago de coimas montado por el Grupo Odebrecht a través de su “División de Operaciones Estructuradas”, concretamente materializadas desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”, sostuvo Piccardi.

CAESA es supuestamente la firma que el ex secretario Jaime utilizó para que le pagaran sobornos, según se estableció en otras causas. Esa firma era manejada por el español Vázquez, supuesto asesor y testaferro de Jaime. Los dos se encuentran detenidos por orden de otros jueces. El fiscal recuerda que uno de los testigos de la causa involucró al empresario Jorge “Corcho” Rodríguez como el intermediario entre Odebrecht y el Ministerio de Planificación Federal, a cargo entonces de Julio de Vido.

“A su vez, también obran en autos distintas reseñas sobre posibles giros de divisas hacia cuentas radicadas en la República Oriental del Uruguay, que se encontrarían administradas por Jorge “Corcho” Rodríguez, quien habría operado como intermediario y enlace entre la empresa Odebrecht y los funcionarios públicos aquí denunciados, tal como se señalara precedentemente”, sostuvo la fiscalía.

Al referirse a la responsabilidad de Calcaterra, el primo del presidente Macri, como titular de Iecsa, el dictamen sostiene que el empresario “al tiempo en que él poseía la capacidad de tomar decisiones en la empresa, ocurrieron las tratativas para lograr la adjudicación del contrato, se habrían efectuado las negociaciones en torno al pago de coimas y valuación

de la obra, recibidos los desembolsos y materializado el pago de aquéllas”.

La fiscalía le pide al juez el embargo de Calcaterra por 54,3 millones de pesos, mientras que para Jaime y “Corcho” Rodríguez pide embargos por 4,3 millones de pesos, montos similares para los que solicita respecto de los otros empresarios y funcionarios imputados en la causa.