Julio César Castro es fiscal general, nunca fue detenido.

La fiscal ante el Tribunal Oral N°8 Luz Castany pidió esta semana en su alegato la pena de seis años y seis de prisión para su colega, el fiscal general Julio César Castro, acusado de violar y golpear a su ex pareja, una joven una abogada, por los delitos de abuso con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves.

La fiscal Castany inició su alegato brindando un pormenorizado detalle del contexto de violencia de género en que se habrían desarrollado los hechos que conforman el objeto del debate, marco que calificó como de profunda “asimetría” entre víctima y victimario, factor objetivo que elevó el riesgo en que se encontraba aquella. 

“Castro gozaba de reconocimiento en el ámbito judicial, era una persona influyente, con contactos; o al menos esa era la impresión que quería causar en la víctima, quien lo admiraba y respetaba profundamente”, indicó Castany.

Castany ponderó también la existencia de un sumario administrativo que contiene siete denuncias contra Castro vinculadas a situaciones de acoso sexual a personal de su Fiscalía y/o de su entorno laboral.  

Para la fiscal, estos siete casos contienen pautas y patrones de comportamiento que se repiten en la dinámica implementada con su pareja. También se basó en los distintos informes psiquiátricos realizados por los peritos del Cuerpo Médico Forense, que concluyeron que hay rasgos en la personalidad del imputado compatibles con los hechos denunciados, con altos niveles de exigencia y escasa tolerancia, y desbordes emocionales que pueden derivar en reacciones violentas.

El juicio había comenzado a fines de agosto pasado en el Tribunal presidido por el juez Alejandro Sañudo con los magistrados Fernando Larrán y Fátima Ruiz López. Castany actuó con la asistencia de la UFEM, el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de violencia de género. 

Cada audiencia fue a puertas cerradas debido a la naturaleza de la acusación. Lo más llamativo es que el fiscal acusado fue designado años atrás como director general de la UFISEX, el ala del Ministerio Público dedicada a investigar y combatir los delitos sexuales contra mujeres, la trata de personas y la prostitución infantil.

Según consignó el portal El Cohete a la Luna, en febrero de 2015, la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó ordenó el comienzo de un sumario administrativo que “hasta ahora lleva probados cinco casos de acoso sexual a personal del organismo. En diciembre de 2016, el fiscal intentó acceder al cargo de camarista con una recomendación firmada por el ministro Germán Garavano. En mayo de 2017, la Comisión de Acuerdos del Senado lo rechazó. Además del sumario, pesó la difusión de una serie de twitts donde conversaba con una niña de 14 años de Chaco en proceso de seducción”.

El sitio agrega que “alentada por el movimiento de mujeres en la calle, una joven abogada de 24 años con quien él mantuvo una relación de pareja lo denunció penalmente por distintos episodios de violencia ocurridos entre 2016 y 2018. La fiscalía de instrucción dio por probado el abuso sexual, golpes y una violación”. 

La misma página de la Procuración se encargó de consignar que de acuerdo a la investigación desarrollada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°28, el relato de la víctima “fue por demás preciso y patente de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que se desarrollaron los episodios violentos a los que fue sometida por Julio Castro en octubre de 2016 cuando abusó sexualmente de ella, en noviembre de 2016 cuando la lesionó con un rasguño, el segundo suceso de abuso sexual acaecido en enero de 2017 y la lesión en el brazo del 8 de marzo de este año, momento en el que la víctima tomó la decisión de ponerlos en conocimiento de la Justicia, instando la acción penal por tales conductas ilícitas”.

Ell requerimiento de elevación a juicio consigna que “debe ponderarse también la existencia de varios sumarios administrativos contra Castro en los que la fiscal federal Laura Mazzaferri, a cargo de la pesquisa, consideró probados cinco casos de acoso sexual imputados a Julio César Castro, revelando ‘la existencia de un patrón de conducta por parte del fiscal respecto de empleadas o funcionarias mujeres (…)”.