Por Javier Sinay.

Mientras en Mar del Plata se investiga el crimen del abogado Tristán Ventimiglia –golpeado y ahorcado en su estudio jurídico- y el presunto asesino del pai umbanda Hernán Alonso –que fue liquidado con dos disparos- es detenido, la ciudad discute la creación de una policía municipal ante un proyecto respaldado por el intendente de General Pueyrredón (el partido que tiene cabecera en la Feliz), Gustavo Pulti, representante del partido Acción Marplatense y aliado estratégico del gobierno de Daniel Scioli.

Pulti quiere tener su propia policía para el año próximo.

El jefe comunal aseguró que habrá un plebiscito en mayo para que los ciudadanos decidan si quieren la nueva fuerza. Y sostuvo que en una primera etapa se apunta a conformar un cuerpo de oficialidad y después se avanzará en la incorporación de agentes. Para antes de fin de año, Pulti quiere ver avanzado el proyecto; para el 25 de mayo de 2014 aspira a que los flamantes policías municipales desfilen en el acto patrio.

El proyecto, que se discute fuertemente en la ciudad costera, ya llegó al Honorable Concejo Deliberante, donde se lo evalúa también en relación a otros tres proyectos de policía comunal que preexisten para la provincia: uno ingresado por el Ejecutivo, otro por el diputado denarvaista (y ex comisario general de la policía bonaerense) Guillermo Britos y el restante por el diputado oficialista Marcelo Saín. “Los proyectos plantean cosas que se tocan en algunos puntos y en otros no, pero la discusión en Mar del Plata es por un proyecto que atiende a las necesidades puntuales de esta ciudad”, explicó la diputada provincial Alejandra Martínez.

Como sea, los intendentes en la provincia de Buenos Aires no tienen decisión sobre las políticas de seguridad, cuestión que atañe a la provincia. Y el diputado provincial Alfredo Lazzeretti (del Frente Amplio Progresista) advierte que para que cualquier proyecto de policía municipal sea viable es necesaria una reforma de la legislación provincial. “La provincia es quien detenta el monopolio del uso de la fuerza”, considera. “La actual legislación provincial no permite que ningún Intendente organice cuerpos policiales armados por cuenta propia. La Ley Provincial de Organización Policial (Ley 13842) establece en su artículo 56 que las Policías de Seguridad Comunal actuarán en los Municipios que cuenten con hasta 70 mil habitantes, aunque está previsto para situaciones excepcionales la inclusión de algún municipio que no cumpla con dicha regulación”. Para el diputado del FAP, la iniciativa del intendente Pulti carece de sustento jurídico y presupuestario: “Se están creando falsas expectativas frente a una ciudadanía que requiere respuestas serias y viables a los problemas de seguridad”, opina.

Entre lo poco que hay en concreto, se estima que unos 300 efectivos conformarán la fuerza. Así lo planteó Alberto Binder, miembro del Instituto Latinoamericano de Seguridad Democrática, convocado para dirigir el proyecto. “La selección y el proceso de formación serán rigurosos para tener bases sanas, niveles de profesionalismo, transparencia y supervisión, que permitan evitar posibles hechos de corrupción”, dijo Binder. Y calculó que para fin de año ya habrá comenzado la primera etapa de reclutamiento, selección y formación del personal.

Por otro lado, Marcelo Saín -diputado provincial, especialista en seguridad pública, organizador a pedido de Néstor Kirchner de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y autor de uno de los proyectos de policía municipal que se evalúan en la provincia de Scioli- apuntó a los intendentes que rechazan la idea: “Esos intendentes son casualmente los que en realidad manejan la policía que opera en sus municipios, pero ilegalmente. Cuando Raúl Othacehe y Hugo Curto le dicen que no a la policía municipal es porque son los jefes de la policía de la Provincia de Buenos Aires en sus municipios”.

El desarrollo de una nueva institución deberá tener, para Saín, una conformación orgánica; un principio básico de la actuación, sus misiones y funciones; un sistema de cooperación y coordinación interjurisdiccional; bases profesionales; y formación, capacitación y supervisión. “Deben ser instituciones públicas y armadas, únicas en prestaciones de servicios de seguridad, especializados y muy profesionales. Deben depender integralmente de las dos grandes autoridades político-institucionales del municipio” consideró.