La solicitud de acuerdo ingresó el viernes último, una vez finalizado el procedimiento de participación ciudadana en el que la postulación de Carlés obtuvo la adhesión de 117 instituciones y 843 particulares y la oposición de 25 instituciones y 153 particulares.

Algunas de las objeciones a la designación de Carlés llegaron por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, organismos de la sociedad civil y de hasta agrupaciones feministas, que sostienen que el Gobierno debería postular a una mujer para la Corte.

En los fundamentos del pliego, el Poder Ejecutivo destaca la “capacidad técnica y jurídica” del abogado en cuestión, que tuvo a su cargo la coordinación de la comisión multipartidaria que redactó un anteproyecto de reforma del Código Penal.

El Ejecutivo anunció la postulación de Carlés en enero pasado, luego de que Zaffaroni renunciara por haber cumplido 75 años, la edad que exige la Constitución para abandonar el cargo.

La dimisión de Zaffaroni, sumada a la inesperada muerte de Carmen Argibay y de Enrique Petrachi meses antes, dejó a la Corte con 4 miembros, esto es, uno menos de lo que exige la ley. Hoy componen el tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.

La candidatura de Carlés debe contar con el acuerdo de al menos dos tercios de los senadores (48) para ser aprobado. Es un objetivo difícil para el oficialismo, que eventualmente logra reunir a 38 legisladores entre propios y aliados tradicionales, y que tiene pocas posibilidades de llegar a un acuerdo con la oposición. Es que el antikirchnerismo se comprometió, públicamente, a no habilitar la designación de un juez de la Corte hasta que Cristina Fernández deje el Gobierno.