Por Manuel Garrido*

Es cierto que en estos 30 años de democracia las reformas institucionales no han alcanzado a la Justicia, a la que el ciudadano común con razón percibe como algo poco transparente y alejado de sus necesidades cotidianas.

Mecanismos burocráticos, tiempos exasperantes, rituales de otras épocas y una omnipresente opacidad han contribuido a consolidar esa percepción. Los otros poderes han contribuido muchas veces con su manoseo y especialmente con su falta de comprensión y de voluntad real de comprender y transformar esas prácticas.

Pese al grandilocuente título de “democratización de la justicia”, que debería haber abierto un amplio y extenso debate entre los distintos actores vinculados con la Justicia, las propuestas del Poder Ejecutivo no responden a un verdadero plan de transformación que se base en un diagnóstico serio y que apunte a fundamentales cuestiones que trascienden a este gobierno.

En general, salvo algunas propuestas que van en la buena dirección pero que se quedan cortas –como las de establecer concursos y sorteos para ingresar y ascender en el Poder Judicial, pero no en otros- el grueso del mezquino y disperso paquete “democratizador” apunta a superar obstáculos puntuales que la Presidenta ha enfrentado en casos en los que ha promovido posiciones que no han sido compartidas por los jueces, algo que suele suceder en los sistemas democráticos aunque el que litigue sea el Estado mismo.

Vemos, entonces, que se busca consagrar en el Consejo de la Magistratura una mayoría automática afín a la fuerza política de turno en el Poder Ejecutivo, reduciendo los requisitos de número para proponer y remover jueces; se limitan las denostadas medidas cautelares que, en realidad, constituyen un instrumento fundamental para la protección efectiva y oportuna de los derechos humanos y se hace desaparecer la obligación legal de constituir un órgano que controle la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y la ética pública, lo que no suple la declamada publicidad de declaraciones juradas que contendrán menos información que las que los funcionarios confeccionamos actualmente.

La repetición del discurso oficial con su alusión a la maldad de las corporaciones no alcanza a disimular el tinte revanchista de las propuestas y su pobreza técnica, especialmente en lo que hace a su cortedad de miras y su falta de imaginación frente a los problemas y desafíos que una democratización genuina debería enfrentar.

Facilitar las decisiones del Poder Ejecutivo y maniatar a los que reclaman judicialmente por sus derechos poco tiene que ver con la democracia.

Se ha perdido una gran oportunidad para impulsar modificaciones que aceleren los procesos, que otorguen mayor transparencia a todos los procesos mediante la oralidad, que establezcan el juicio por jurados, que faciliten el acceso a la justicia, que incorporen mecanismos alternativos que reconozcan una pluralidad al que hasta hoy es refractaria, entre otras alternativas que podrían surgir de un intercambio abierto.

Es seguro que estas propuestas serán aprobadas velozmente por las mayorías automáticas del Congreso, dando una pista de cómo serán de aquí en más las votaciones que tendrán lugar en el Consejo de la Magistratura.

También es probable que muchas de estas normas sean cuestionadas judicialmente, generando un incremento de la tensión y un previsible conflicto de poderes.

* Diputado nacional UCR. Ex fiscal nacional de investigaciones administrativas.