Intrigas y todo tipo de conciliábulos dominaron anoche dos reuniones clave en el  ámbito judicial respecto de la reforma que promueve el oficialismo  en el Congreso. La Asociación de Magistrados, en control de la lista Bordó, lejana a las ideas del kirchnerismo emitió un duro comunicado contra los seis proyectos al entender que “cercenan la independencia de los jueces” que llevó la firma de su titular Luis María Cabral. Por su parte la Junta Federal de Camaristas, que dirige Gustavo Hornos,  se dirigió directamente a Ricardo Lorenzetti con planteos de “preocupación”.

Más allá de estos formalismos, lo que ayer se discutió hasta altas horas de la noche fue la estrategia para iniciar el camino procesal contra la reforma una vez que esta sea aprobada por el congreso. De hecho, ya hay nombres en danza para representar a dichas entidades en el expediente que se iniciara en el fuero Contencioso Administrativo Federal, siempre y cuando no se decida acudir al recurso del Per Saltum para llegar sin escalas a la Corte suprema.

Cabral, titular de la Asociación de Magistrados, resiste los cambios.

Anoche, en un restaurante de Puerto Madero,  Gregorio Badeni y Alejandro Carrió sumaban adhesiones como futuros litigantes, un poco más atrás Daniel Sabsay. Los dos primeros tienen experiencia en enfrentar al Gobierno en tribunales: mientras Badeni fue el abogado de Martín Redrado cuando se disparó la polémica por la intangibilidad de las reservas del Banco Central, Carrió actualmente lleva el caso de la Ley de Medios para el Grupo Clarín.

Al mismo tiempo, Badeni y Carrió ofrecen otras ventajas. Son dos abogados que gozan de buena prensa en la Corte, tanto entre los ministros como con los secretarios letrados. De ahí que animen largas tertulias de Derecho tanto en el cuarto piso del Palacio de Tribunales como en los solemnes salones del Jockey Club.

Los planteos que animarán el expediente tendrán  su base en los artículos de la Constitución que se ven afectados por las reformas.  Lo mismo sucederá con los pactos internacionales que constan en la Carta Magna. Por poner un ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica es absolutamente contrario a la idea de limitar el efecto de las medidas cautelares.

Se comentaron tácticas menos conocidas pero que podrían ser igual de complejas para las aspiraciones de Balcarce 50. Si bien tanto la Asociación de Magistrados como la Junta de Cámaras tienen domicilio legal en la Capital Federal, esto no quiere decir que el litigio solo tramite en los tribunales porteños. Ya existen conversaciones para que los Colegios de Abogados del interior actúen frente a Cámaras Federales de distintos puntos del país. Una batería de amparos que podrían lograr distintas cautelares dando paso a un camino tortuoso para los letrados de la Jefatura de Gabinete quienes estarían en una situación similar a la de la Ley de Medios.