Grindetti y Macri, investigados.

El intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, fue imputado hoy por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su participación en empresas offshore descubiertas a partir de la investigación periodística internacional conocida como Panamá Papers.
El fiscal federal Patricio Evers requirió una serie de medidas de prueba con el objetivo de intentar determinar cuál era el vínculo del ex funcionario de la Ciudad con una empresa radicada en Panamá y una cuenta bancaria en un Banco Suizo.
«Entre julio de 2010 y julio de 2013, habría recibido un poder especial del estudio Mossack Fonseca para operar con relación a la firma Mercier Internacional», sostuvo Evers la imputación.
«El 15 de julio de 2010 habría recibido otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo, de nombre Clariden Leu Ag.», agregó el fiscal federal quien solicitó que se envíen exhortos a Panamá y suiza.
Fuentes judiciales informaron a Télam que la investigación apunta a determinar si el intendente de Lanús se enriqueció de manera ilícita a la vez que reconocieron que podría tener distintas aristas dado que Grindetti tomaba decisiones en relación a la Economía de la Ciudad.

Ehortos por Grindetti

Como primera medida, la fiscalía solicitó a la jueza federal María Romilda Servini que pida al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la municipalidad de Lanús y a la AFIP las declaraciones juradas presentadas por Grindetti desde diciembre del 2007 hasta la actualidad.
Además, Evers solicitó que «se libre exhorto internacional a la Confederación Suiza, a fin de que requiera al banco Clariden Leu Ag toda aquella información de la cual surja Néstor Grindetti como titular y/o apoderado para actuar por sí o por cuenta ajena».
El fiscal también pidió que se libre un exhorto a Panamá «con el objeto de requerir toda aquella información relacionada con la empresa Mercier Internacional, tanto en cuanto a su participación accionaria como a quienes ostentan los cargos directivos de la entidad, así como la información relativa a sus objeto y capital social».
La causa se inició a partir de una denuncia penal realizada por el fiscal de instrucción Martín Niklison, «luego de tomar conocimiento de lo publicado por distintos medios de comunicación en cuanto a la investigación periodística `Panamá Papers´”, según consta en el escrito del fiscal.
El denunciante remarcó que en la documentación de los Panamá Papers difundida a través de los medios aparecían “(el presidente) Mauricio Macri y Néstor Grindetti integrando sociedades creadas por el estudio de abogados de Panamá Mossack Fonseca».
Evers describió a Mossak Fonseca como una «empresa sospechada de crear empresas fantasma y de su vinculación con delitos de blanqueo de capitales de origen y de evasión impositiva».
La denuncia había sido presentada junto con a otra contra Macri en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello quien ya investigaba al presidente, por lo que tomó sólo la parte de la denuncia relacionada al primer mandatario.
El fiscal federal Federico Delgado extrajo la denuncia contra Grindetti del texto de la original, la envió a sorteo y recayó en el juzgado de Servini con intervención de la fiscalía de Evers.
La justicia federal no mostró hoy muchas expectativas en que Suiza preste suficiente colaboración en el marco de las investigaciones abiertas contra dirigentes políticos argentinos, según pudo saber Télam de tres fuentes distintas que trabajan en los tribunales de Comodoro Py.
En tanto, hoy trascendió que la Cancillería dio curso a dos exhortos librados por el juez Casanello, uno a Panamá y el otro a Uruguay, en el marco de la causa en la que se investiga al presidente Mauricio Macri por presunta omisión maliciosa en su declaración jurada de dos empresas offshore, reveladas por los Panamá Papers.
Fuentes judiciales detallaron que, en paralelo al envío de los exhortos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del área de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, envió una nota al juzgado de Casanello en la que advirtió que, probablemente, esos países requieran “aclaraciones” o devuelvan el trámite para su “complementación” merced a la falta de “claridad” en relación a los hechos imputados.