La legisladora fue denunciada por una fiscal federal.

Por Rafael Saralegui

Puede ser algo así como beber de su propia medicina. Una fiscal pidió investigar a la diputada nacional de Cambiemos María Graciela Ocaña por haber cobrado vacaciones no gozadas cuando se fue del PAMI, un beneficio que supuestamente no le correspondía por lo que le provocó un perjuicio al Estado por algo más de 50 mil pesos.

Lo paradójico es que Ocaña había denunciado al último titular del PAMI durante el gobierno anterior, Luciano Di Cesare, por el mismo motivo. La legisladora electora había denunciado que el ex titular del Pami había defraudado al Estado Nacional por la suma de 1.300.826,77 pesos al liquidarse las vacaciones del año 2004 al 2012, de las cuales «no tenía derecho a su percepción».

En el entorno de la legisladora asegura que son situaciones diferentes, que lo que ella cobró se ajusta a la ley y que no fue así en el caso de Di Cesare. Otras fuentes que conocen el caso dijeron que el mismo beneficio fue percibido por allegados a la legisladora.

Ahora la fiscal Paloma Ochoa pidió al juez Sebastián Ramos que Ocaña sea investigada por el mismo motivo, luego de que Di Cesare dijera en su declaración indagatoria que había cobrado las vacaciones que no se había tomado, tal como en su momento lo había hecho su antecesora Ocaña también durante el kirchnerismo. Ochoa había impulsado la investigación contra Di Cesare, tras la denuncia de Ocaña.

“Resulta objeto de investigación en autos el presunto cobro fraudulento de 51.381,47 pesos en concepto de vacaciones no gozadas, que María Graciela Ocaña, en su carácter de titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados solicitara y le fuera liquidado en perjuicio de la arcas del Estado Nacional”, escribió la fiscal Ochoa en su pedido de investigación.

La  causa se inició por una denuncia que Ochoa realizó el 22 de noviembre luego de haber extraído testimonios de la causa en la que Di Cesare fue procesado, medida confirmada por la Cámara Federal, por lo que el ex titular de la obra social de los jubilados se encuentra a las puertas del juicio oral.

Ochoa sostuvo en el dictamen que del descargo de Di Cesare cuando prestó declaración indagatoria y de la compulsa de un expediente oficial “surgía una maniobra análoga por parte de María Graciela Ocaña, ex titular del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.

La fiscal recordó que el procesamiento de Di Cesare y de otros dos ex funcionarios del PAMI que le habían liquidado el pago había sido confirmado por la Cámara Federal, con la firma de los jueces Eduardo Freiler (recientemente destituido) y Leopoldo Bruglia, a mediados de año, al confirmar el procesamiento dictado en junio de 2016 por el juez federal Ariel Lijo.

«Di Cesare, en su calidad de director ejecutivo, solicitó el pago por las vacaciones no usufructuadas. Él fue quien con el fin de dar con su objetivo, y procurando un lucro indebido, designó intencionalmente a la Gerente de Recursos Humanos, María Alejandrina Arrouzet, para que extendiera un dictamen que avalara su solicitud», había dicho Lijo, cuando firmó el procesamiento.

“El proceso que culminó con el pago se inició el 9 de diciembre de 2015 cuando Di Cesare, en su carácter de Director Ejecutivo, solicitó al organismo que presidía el abono correspondiente a los días de vacaciones no gozadas, sin tener derecho a su percepción y con conocimiento de que la sustitución del descanso anual -por una compensación monetaria- y la licencia no usufructuada en ese lapso -que caduca con el mero transcurso del tiempo-, infringía lo estipulado en los artículos 157 y 162 de la Ley de Contrato de Trabajo”, agregó el juez, respecto de Di Cesare.

Allegados a Ocaña dijeron que la diputada no quiere hacer comentarios, aunque creen que hay un interés político en la denuncia de Ochoa, que hizo la misma denuncia tres veces y que en las anteriores había sido desestimada. Dicen que la fiscal pertenece a Justicia Legítima, cómo si eso fuera motivo de descrédito.

También dijeron que las situaciones son diferentes, ya que a Di Cesare se le liquidaron once períodos de vacaciones, cuando el máximo permitido para los funcionarios es de tres. Además, las cobró el 9 de diciembre de 2015, cuando aún estaba en el cargo. Ocaña cobró sus vacaciones diez días después de de haber dejado su puesto, en diciembre de 2007, dijeron sus allegados.