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Pablo García no dijo si había bebido antes del accidente

El locutor Pablo García, hijo de Eduardo Aliverti, se negó hoy a declarar ante la Justicia si había bebido alcohol antes de atropellar y matar al ciclista Reinaldo Rodas en la autopista Panamericana y si luego del accidente llamó a alguien por teléfono celular.
Así lo reveló Alberto Domínguez, abogado de la familia Rodas, que es querellante, al finalizar la audiencia de la declaración indagatoria de García que encabezó la titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 3 de Pilar, María Inés Domínguez.
«Se negó terminantemente a contestar de dónde venía y qué había estado haciendo», detalló el letrado, «porque no le convenía decirlo. Si no automáticamente daba a entender a la fiscal que sí se puso en estado de ebriedad».
Asimismo, dijo que el acusado «se quedó callado para responder cuando le preguntaron si tenía un teléfono celular, porque nosotros podemos determinar que si estaba en shock, como dice, no podía llamar a alguien».
«Ahora la fiscal Domínguez va a pedir la pericia de las antenas» de telefonía celular para certificar si desde el celular se hicieron llamadas o no, añadió Domínguez.
Además, el abogado explicó que el hijo del periodista y locutor Aliverti, en un escrito defensivo, «da a entender que Rodas se le abalanzó con la bicicleta sobre el parabrisas».
«Y (declaró) que por eso entró en un estado de shock, pero tuvo un momento de lucidez de querer llegar hasta el peaje y que ahí solicitó ayuda», sostuvo el letrado de la querella.
En ese sentido, manifestó que el imputado «no sólo desconoció el hecho y le echó la culpa a Rodas por estar circulando en bicicleta (en una autopista), sino que también pidió el sobreseimiento».
«Ahora la fiscal va hacer la elevación a juicio oral y piensa pedir el cambio de carátula de homicidio culposo a homicidio culposo y subsidiario con dolo eventual, para que (a García) lo juzgue un tribunal penal y no un juez correccional», anticipó.
El abogado indicó que «si el juez de Garantías acepta» ese cambio de carátula, en un posterior juicio oral «significa que si le aplican una condena podría estar preso de 8 a 25 años».


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