Por Diana Cohen Agrest

La Presidenta de la Nación anunció que se enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Procesal Penal y admitió que el 65% de la población carcelaria en la Argentina está aún bajo proceso, en tanto sólo hay un 35% de condenados; al revés que en el resto del mundo. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta a la mal llamada «inseguridad». La intervención presidencial ilusionó a una ciudadanía que creyó que la reforma anunciada podría aplacar la temerosa inquietud que la acompaña en el día tras día como una sombra.

En el antiguo sistema, el juez inquisidor investigaba, el fiscal acusaba y otro juez sentenciaba. Pero durante el menemismo se implementó un sistema de juicio oral y público en la ciudad de Buenos Aires y en el fuero federal: la investigación seguía siendo inquisitiva en la primera etapa y el gran cambio se daba en la segunda, en la que los jueces formaban un tribunal, y el fiscal y el defensor alegaban en un plano de igualdad. El sistema que se pretende ahora es totalmente acusatorio, adoptado en las legislaciones más modernas: desaparece el juez de la etapa inicial y a cargo de la investigación quedan los fiscales, quienes, una vez reunidas las pruebas, llevan la causa a juicio oral. En esta instancia, no hay modificaciones y es donde aparece plena la defensa, quien libra su batalla dialéctica con la fiscalía, en un plano de igualdad.

Pero, como en todos los actos de gobierno, se debe trascender la opacidad de la letra y comprender el espíritu que impulsa la palabra. Tras la gramática de superficie, descubrir la gramática oculta. La gramática de superficie dice que se contará con una Justicia más ágil, sin tantos procesados en la cárcel. Sin embargo, las provincias que ya cuentan con un nuevo código padecen altísimos índices delictuales, desbordadas por una burocracia hermanada con la corrupción y con una pujante industria del juicio. Parece, entonces, que hay que buscar en otro nido el huevo de la serpiente.

La gramática profunda es otra: cada anuncio del oficialismo, cada acto dictado por una mayoría automática y una oposición neutralizada, enmascara un pecado de origen. Con el nuevo Código Procesal Penal, se fortalecerá la fiscalía. Sin embargo, las innovaciones anunciadas simplemente profundizan el modelo, porque centran en los fiscales la investigación y persecución del delito, quienes remiten la causa al juez, cuya función será la defensa de los derechos y las garantías de los imputados, tanto de guante blanco como del delito callejero.

Ciertamente, el Código Procesal sería un instrumento transparente si se estableciera un régimen que asegurara la independencia de los fiscales. Pero lejos de ese objetivo, se oculta una trampa judicial a favor del corporativismo fiscal adicto al oficialismo. Los fiscales, obedientes de la Procuración General de la Nación encarnada hoy en Gils Carbó, serán dueños de lo que se decide investigar, qué, cómo y hasta dónde se investiga, en un nuevo progreso en el itinerario de la impunidad, ejemplificada con la partida de ajedrez «Campagnoli».

Esa estrategia ya fue tendida cuando se aseguró la impunidad con la elección de los jurados para los concursos públicos, según informó el Consejo de la Magistratura, mediante «sorteo público» entre 1595 profesores de universidades nacionales. Fue entonces cuando la necesidad oficialista celebró una boda con el azar: de los cuatro nuevos integrantes de Casación, tuvieron la «suerte» de salir favorecidos como jurados titulares Alejandro Slokar y Julio Virgolini. El primero es un reconocido militante kirchnerista, ideólogo de Justicia Legítima, discípulo dilecto de Zaffaroni, con quien escribe y a quien piensa suceder en la Corte Suprema. Slokar es integrante de la Sala II de Casación, otra irregularidad, ya que deberá evaluar a sus futuros colegas, y su suplente es otra camarista cercana al kirchnerismo, Ángela Ledesma, compañera suya en la «sala narco», tan conocida por los innumerables fallos en favor de los imputados como por su defensa de la minimización del rol de la víctima como querellante. Ledesma sostiene que la víctima debe canalizar sus reclamos -casualmente- a través de los fiscales. Y Virgolini es el abogado del ministro de Planificación, Julio De Vido, que acumula más de veinte causas penales.

¿Acaso la Presidenta oyó los reclamos de la ciudadanía? Aunque la preocupación de doña Rosa sea el crimen callejero, en nuestro contexto el Código Procesal Penal no tiene por finalidad disminuir el delito, sino garantizar la impunidad. Ni siquiera la mejora de los plazos se hará por arte de magia, porque se continúa remitiendo de una instancia revisora a otra, con los delincuentes apelando una y otra vez. Y aun cuando se contara con valiosas voluntades individuales, los fiscales idóneos serán apartados y hasta los responsables de las grandes causas -el caso de Lázaro Báez es un ejemplo paradigmático- serán sobreseídos.

Por cierto, es un progreso «no contaminar» a los jueces con la investigación, pero no es este aspecto lo que funciona mal en el proceso actual. ¿Cómo transformar una norma, que no es sino una ficción jurídica, en un instrumento al servicio de una mejor administración de justicia? Para ese fin, se debería contar con recursos disponibles para el entrenamiento de una policía de seguridad, científica y judicial, así como para la capacitación de personal para investigar hechos complejos, desplazando la infraestructura de los jueces a los fiscales y asignándoles a estos últimos, instrumentos y recursos que les permitan satisfacer su compromiso funcional. Por el momento, esas condiciones ni siquiera son una promesa. Y pese a la falta de jueces, hasta se crea una oficina especial para controlar el cumplimiento de medidas cautelares, cuando existe el Patronato de Liberados -hoy sin recursos- que controla el cumplimiento de las condiciones en libertad, y si esas condiciones son violadas, las informa al juez de ejecución penal.

No es necesario hacer futurología: mientras no se abandone el catecismo garanto-abolicionista, nos inspira Serrat: «No esperes del mañana lo que no te dio ayer». Como no se logró promulgar (todavía) el proyectado Código Penal debido a las presiones de la ciudadanía, se está promulgando un Código Procesal que confluye en una dirección semejante, bajo otra máscara y título. Pero en la política del tero, ningún anuncio sirve para hacer justicia. Sirve para garantizar la impunidad.