Majdalani y Arribas tienen que dar explicaciones.

Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani deben prestar declaración indagatoria por espionaje ilegal, esta vez en perjuicio de personas privadas de su libertad.

La decisión la adoptó el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, quien los convocó para el 9 y 10 de diciembre, respectivamente, en el marco de una tanda de declaraciones que incluirá a otros 23 imputados.

Las indagatorias de Arribas y Majdalani, de una veintena de ex agentes de la AFI y de ex integrantes del Servicio Penitenciario Federal, entre los que figura su extitular Emiliano Blanco, se ordenaron tras un requerimiento de los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardrona.

Las nuevas citaciones virtuales, se harán entre el 20 de noviembre y el 14 de diciembre, implican que se prorrogan «las resoluciones de las situaciones procesales de los imputados”, quienes ya declararon por otras maniobras de espionaje ilegal.

La nueva ronda de indagatorias se dará en el marco del denominado «legajo 9», en el que se investigan maniobras de espionaje ilegal desarrolladas por exmiembros de la AFI junto a exagentes y funcionarios penitenciarios sobre personas privadas de su libertad, entre las que se encontraban exfuncionarios y empresarios.

Tres partes

Con el avance en esta parte del expediente, la causa por las supuestas maniobras de espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora quedó subdividida en tres grandes ejes: la inteligencia ilegal sobre el Instituto Patria; el espionaje a dirigentes políticos, sociales gremiales, religiosos y periodistas; y el espionaje penitenciario.

En esta parte de la investigación, los fiscales se centraron también en el papel que jugó en la estructura ilegal el área de jurídicos de la AFI, que fue reconfigurada durante el Gobierno de Macri e incorporó a sus funciones habituales el «trabajo operativo» y tareas de escucha y transcripción, mientras que antes solo se ocupaba de asuntos formales de la asistencia al Poder Judicial, explicaron fuentes con acceso a la causa.

Los imputados «se valieron de su calidad de funcionarios públicos y utilizaron la infraestructura del Estado Nacional para llevar a cabo actividades de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520» respecto del actual procurador general del Tesoro, Carlos Zaninni; el exvicepresidente Amado Boudou; los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López; y el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros, mientras se encontraban privados de su libertad y alojados en establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal, según surge de la acusación.

Abogados también

«También realizaron esas actividades ilegales respecto de otras personas, algunas vinculadas a las mencionadas por  su condición de abogados defensores y otras que no tenían relación con ellos», sostuvieron los fiscales.

Las tareas de inteligencia ilegal «alcanzaron a organizaciones que nucleaban a familiares de personas privadas de libertad, organismos de derechos humanos, reconocidos militantes del espacio de protección de derechos de las personas privadas de libertad, personas privadas de libertad alojadas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal y Servicios Penitenciarios provinciales».

También a «agentes penitenciarios y miembros de su propia fuerza, que planificaban algún tipo de organización sindical y/o reclamos laborales por sí o por medio de sus familiares», señalaron los representantes del Ministerio Público Fiscal.

En el SPB

«Si bien para el espionaje de este conjunto de víctimas la inteligencia desde el SPF tuvo un rol crucial, la información generada desde allí fue tributaria de los objetivos de espionaje ilegal establecidos desde los imputados de AFI, quienes recibieron como insumo la información generada desde el sistema carcelario, la llevaron a instancias ulteriores y a su vez no limitaron su propósito de espionaje ilegal sobre personas detenidas al SPF, sino que también lo extendieron a establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Bonaerense”, indicaron.

Los fiscales señalaron que el programa para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) que se instrumentó durante el Gobierno de Macri en algunos pabellones de las cárceles de Ezezia y Marcos Paz se usó «como una fuente de información directa».

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En el dictamen, los acusadores advirtieron que resoluciones que dictó el exdirector del SPF Emiliano Blanco (declara el 30 de noviembre) facilitaron el supuesto espionaje ilegal.

«Se utilizaron distintas dependencias del Servicio, principalmente, la Dirección Principal de Análisis de la Información, a cargo de Cristian Suriano, y su segundo, Juan Carlos Silveira, junto a Sebastián Siri, quienes dispusieron y orientaron los recursos técnicos y humanos para concretar uno de los circuitos que permitieron la obtención, rápida, segura y efectiva de la información vedada por ley», indicaron los fiscales.

Parte de esa información fue a parar a manos de agentes de AFI y se utilizó «con propósitos de espionaje adicionales», razón por la cual los fiscales pidieron la indagatoria de quienes formaron parte de ese esquema.

Pantalla

«Conforme a las copias forenses realizadas sobre el teléfono LG K120 K4 7 se pudo determinar que los agentes ubicados en los lugares de detención, transmitían numerosa información, que sólo se refería a las actividades políticas y/o sociales de detenidos y no a prevenir actos de corrupción, a través del grupo de whatsapp denominado ‘Círculo de confianza´», detallaron los fiscales.

Entre las indagatorias dispuestas se encuentran las de los integrantes del área de jurídicos de la AFI Juán Sebastián Destéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, quien antes de integrar la central de espías había trabajado en el juzgado federal número 11 de Comodoro Py que condujo Claudio Bonadio hasta su muerte.

También se convocó el exjefe de operaciones especiales de la AFI Alan Ruiz y los espías Jorge Sáez, Facundo Melo y Leandro Araque, entre otros.

Filtraciones

Los investigadores sospechan que fue a través de esta estructura de espionaje ilegal que se filtraron las escuchas que se hicieron a exfuncionarios que están o estuvieron detenidos en el penal de Ezezia como Roberto Baratta o Juan Pablo Schiavi.

De esa forma se vulneró la orden judicial que en algún momento autorizó sólo a escuchar y transcribir las conversaciones telefónicas del narcotraficante Mario Segovia.