Organismos de defensa de los derechos humanos criticaron el proyecto de “ley ómnibus” que el presidente Javier Milei envió al Congreso porque criminaliza las protestas sociales y concentra el poder en el titular del Poder Ejecutivo.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) consideró que el proyecto «expresa un programa de gobierno antidemocrático que pretende concretar todo el poder en su figura» y cuestionó que también «endurece la faz violenta del Estado».

«El proyecto de ley enviado por el presidente expresa un programa de gobierno antidemocrático que pretende concentrar todo el poder en su figura. Queda claro en el pedido al Congreso de que le delegue las facultades para legislar en todas las materias relevantes para el país», señaló el organismo de derechos humanos en su cuenta de la red social X.

Además, advirtió que el proyecto «disminuye el rol protector del Estado y elimina las políticas orientadas a garantizar derechos económicos, sociales y culturales» y criticó que «libera todas las esferas a la actividad lucrativa, privatizando servicios públicos y dejando los bienes comunes a merced del mercado».

Evaluó que «endurece la faz violenta del Estado» porque «amplía el margen para que matar sea considerado legítima defensa; restringe el derecho a litigar las muertes ocasionadas por funcionarios públicos, persigue la organización social y casi toda forma de protesta en las calles».

«Otra vez, el gobierno busca implementar una estrategia de shock: concentrar el poder y aprobar rápido reformas que de manera inevitable beneficiarán a las corporaciones económicas, convertirán los derechos en lujos y empujarán a más personas a la intemperie», advirtió.

«La llamada Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos no solo contiene disposiciones que ilegitiman y fulminan como criminales el derecho de reunión, de libre expresión y de protesta frente a decisiones impopulares, sino que de manera explícita y sin ambigüedades, legitima el gatillo fácil como política de Estado», alerta la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi).

Verdú explica que se incorpora al artículo 34 del Código Penal, que establece los casos en que un delito no es punible en un inciso que dice:  “Quien comete un delito, aun en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo”.

“Traducido eso significa que si alguien intenta cometer un delito, pero desiste y huye, quien le dispare por la espalda para evitar la huida no es punible, al punto de negar a su familia el derecho a intentar probar su responsabilidad penal. La doctrina Chocobar recargada”, agrega Verdú.