El Tribunal Oral Federal N°2 ordenó ayer la detención del ex integrante de la División Protección al Orden Constitucional (POC) y el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, Eduardo Aguilera, en el marco del juicio por el encubrimiento y desviación del atentado a la AMIA que se lleva a cabo en los tribunales federales de Retiro.

La disposición de los jueces se produjo tras el pedido de la Unidad Fiscal AMIA formulado al término de la declaración, en la que el testigo negó haber observado los videos entre los entonces juez federal Juan José Galeano e imputado por el ataque terrorista a la mutual Carlos Telleldín.

El ahora comisario retirado de la fuerza de seguridad y abogado ya había sido interrogado al respecto en el primer juicio -que culminó en 2004 con la absolución de todos los acusados-, pero en ese debate oral y público sí había dicho que le fueron exhibidas las grabaciones en las que se observa al ex juez instructor de la causa y al ex reducidor de autos en el juzgado federal, de donde recibía instrucciones para las diligencias administrativas que realizaba junto a los demás policías que integraron el POC primero, y la DUIA después.

“De las manifestaciones advertimos serias contradicciones en comparación a la audiencia del 28 de mayo de 2003”, indicó el fiscal ad-hoc Miguel Yivoff. Ante esa situación, el MPF le sugirió al Tribunal Oral Federal N2 que evalúe dos opciones: dar lectura de las partes pertinentes del testimonio brindado por Aguilera en 2003 para confrontarlas con los vertidos ayer  -medida que los jueces rechazaron en diversas oportunidades en lo que va del debate-, o su detención por incurrir en falso testimonio.

“Es un punto de suma importancia”, resaltó Yivoff, que integra la Unidad Fiscal AMIA junto a sus co-titulares Roberto Salum, Sabrina Namer y Leonardo Filippini, y el también fiscal ad-hoc Fernando Comparato. Las querellas adhirieron al planteo. El abogado de Memoria Activa, Alejandro Rúa, consideró “evidente la reticencia. Este cuadro indigna a las víctimas”.

La próxima audiencia tendrá lugar el jueves 16 de junio, sin público.

Cuando fue consultado, Aguilera expresó que tomó conocimiento de esos videos por su difusión en los medios de comunicación años después. A pesar de haber estado abocado por casi diez años a la investigación, manifestó que la revelación de las grabaciones no fueron motivos de comentario entre sus compañeros de trabajo.

“Le pido que no sea reticente” le había ordenado el presidente del tribunal Jorge Gorini en un tramo del interrogatorio, ante las reiteradas respuestas en las que aseguró no recordar lo que se le preguntaba.

Al dar lectura de lo resuelto, los magistrados indicaron que Aguilera “se mostró manifiestamente reticente” al contestar sobre lo que tuviera que ver con “todo tipo de actuación” en la causa, entre lo que enumeraron allanamientos, escuchas telefónicas y los mencionados videos, por ejemplo. Por ese motivo, y teniendo en cuenta su “cargo”, la “trascendencia pública” de los hechos y su “trato con el juzgado” que encabezó Galeano, dispusieron su detención.

Antes de Aguilera había declarado José Luis Cayojas, quien también participó de la investigación del atentado como miembro de la DUIA, que para 1997 encabezaba Jorge “Fino” Palacios, quien también se encuentra entre los acusados.

Cayojas fue interrogado sobre una serie de medidas tendientes a investigar la “pista siria” llevadas a cabo desde 1997 en adelante; al respecto, dijo que no le constaba que esa línea “no se hubiera investigado” en fechas más cercanas a la voladura del 18 de julio de 1994.

Una de las hipótesis que busca determinarse en este juicio indica que la pesquisa sobre Alberto Jacinto Kanoore Edul “fue intempestivamente interrumpida a partir de una orden presidencial acatada sin objeción alguna”, maniobra por la que están acusados Carlos Menem, Galeano, el ex jefe del POC Carlos Castañeda, Palacios, el jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el subsecretario Juan Anchezar.

Fuente: Fiscales.