La Procuración del Tesoro de la Nación reabrió un sumario para esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de funcionarios públicos que intervinieron en la redacción del acuerdo de pago de la deuda con el Estado de Correo Argentino SA, en la causa por la quiebra de esa empresa perteneciente a la familia Macri.

La decisión de reabrir el sumario administrativo  la tomó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien revocó «con fundamento en su ilegitimidad» una resolución de la anterior gestión del organismo del 3 de mayo de 2018, durante el gobierno del propio Macri.

Esa resolución clausuró el sumario al concluir que no hubo irregularidades imputables a agente alguno en el trámite de ese acuerdo, durante la presidencia de Mauricio Macri, aunque la fiscal de la causa de la quiebra, Gabriela Boquin, lo calificó como «ruinoso» para el Estado.

La propuesta de acuerdo suscripto entre el Correo Argentino SA y el Estado Nacional a través del exMinisterio de Comunicaciones se presentó en el juzgado que lleva adelante el proceso de quiebra, pero no prosperó luego del dictamen fiscal que lo consideró «perjudicial» para el erario público.

Al abrirse el sumario, se dispuso una «auditoria integral respecto de la actuación de los representantes del Estado» en la causa judicial por la quiebra, pero el resultado de aquella supervisión -realizada por la Procuración del Tesoro en 2018- fue que no hubo «delito alguno».

Decisión

Ahora el sumario quedó reabierto luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Cayssialis dictara a mediados de este mes un fallo en el que hizo lugar a una demanda de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) contra el cierre del expediente, por haberse vulnerado su derecho a ofrecer prueba.

«Este organismo coincide con lo señalado en la sentencia», se explicó en la resolución de la Procuración, «en el sentido de que los procedimientos sumariales deben preservar las garantías del debido proceso adjetivo y salvaguardar la búsqueda de la verdad jurídica objetiva».

«El procedimiento que precedió al dictado de la resolución 2018-40-APN-PTN (que clausuró el sumario en 2018) se encuentra viciado, circunstancia que incide en uno de sus requisitos esenciales de validez», agregó Zannini en la resolución de reapertura.

El sumario se abrió en 2017 en la Procuración del Tesoro a pedido de la PIA, que requirió que «se esclareciera la posible comisión de irregularidades en el trámite asignado a una propuesta de acuerdo entre la concursada (Correo Argentino SA) y el Estado Nacional».

Sin efecto

Este acuerdo, gestionado durante el mandato presidencial de Macri, quedó sin efecto por orden judicial y su aceptación hubiera derivado en un «significativo perjuicio para los intereses del Estado», advirtió entonces la PIA, en base al dictamen de la fiscal Boquin.

Durante el gobierno de Cambiemos, el Estado aceptó una oferta del grupo Socma (Sociedades Macri) para abonar en 15 cuotas la deuda por el canon correspondiente, pero el acuerdo no prosperó porque la fiscal Boquin determinó que era ruinoso.

Por la gestión de ese acuerdo hay una causa penal que tramita en los Tribunales Federales de Retiro, a cargo del juez Ariel Lijo, un aspecto que se consideró en la Procuración.

«Resulta relevante la existencia de una causa penal en trámite» en la cual «se investigan hechos que prima facie guardan vinculación con los que deben ser objeto de esclarecimiento en sede administrativa», sostuvo la resolución firmada el 22 de marzo pasado y conocida hoy.

Ante ello, y «sin perjuicio de la independencia entre las eventuales responsabilidades de carácter disciplinario y penal, la existencia de una investigación penal por hechos relacionados con los que dieron lugar al sumario ordenado» impone «actuar con extrema prudencia antes de disponer la clausura de las actuaciones sumariales», se argumentó en la decisión de la Procuración.

La quiebra

Zannini dio intervención a las Direcciones Nacionales de Sumarios e Investigaciones Administrativas y de Asuntos Judiciales del organismo.

La quiebra de la empresa de la familia Macri tramita desde 2001 en la Justicia Nacional en lo Comercial.

En primera instancia se declaró la quiebra, pero este fallo se apeló ante la Cámara del fuero, que aún no resolvió.

El Correo Argentino SA está bajo el control de Socma, grupo empresario que tiene entre sus accionistas a hermanos y sobrinos del exmandatario.

La jueza comercial Marta Cirulli ordenó el 5 de julio de 2021 la quiebra del Correo Argentino SA tras cerrar el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal «solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa», pero «no abarcaba el valor actual de la misma».