La empresa admitió que pago 35 millones de dólares de coimas.

Los empresarios Benito Roggio y Carlos Wagner (ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante el kirchnerismo) y el ex presidente de la compañía de aguas AySA Carlos Ben fueron citados a declarar como sospechosos por el caso del supuesto pago de coimas por parte de la firma brasileña Odebrecht para acceder a obra pública argentina.

La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien citó a indagatoria a una veintena de imputados, indicaron fuentes judiciales, en lo que es el primer avance concreto de una de las varias causas abiertas que hay en la Justicia argentina por el gigante brasileño de la construcción.

«La hipótesis delictiva se centra en la sospecha de que las personas citadas a prestar declaración indagatoria habrían participado, cada uno desde su lugar, de una amañada adjudicación de las obras de Paraná de las Palmas y del Bicentenario -tanto funcionarios públicos como empresarios- a través del dictado de actos administrativos, diversos contratos y adendas, por los que crearon el ámbito en el que desplegaron las maniobras ilícitas y en perjuicio de la Administración Pública Nacional», sostuvo la resolución del juez.

La lista de 28 indagatorias comenzará el 1ro. de noviembre y se extenderá hasta el 14 de diciembre, día en que cerrará las citaciones Carlos Ben, un ex sindicalista que fue titular de AYSA durante el kirchnerismo.

En la causa se investiga «una serie de sucesos posiblemente delictivos vinculados a la gestión de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA), concesionaria de los servicios públicos de agua potable y recolección de desagües cloacales para la Ciudad de Buenos Aires y 24 partidos del conurbano bonaerense, cuando era presidida por Carlos Ben«.

Las fuentes consultadas dijeron que Casanello hizo lugar a un pedido del fiscal Federico Delgado para avanzar con las indagatorias en este expediente donde se investiga si se pagaron coimas por las obras hechas en dos plantas potabilizadoras de la firma AySA durante los gobiernos del kirchnerismo.

El pedido de la fiscalía se enmarca en la causa en la que se investiga la construcción de la Planta Depuradora del Bicentenario en Berazategui y la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas, Tigre, dos de las obras adjudicadas a Odebrecht, junto a otras compañías locales.

El fiscal federal explicó en su presentación que existieron sobreprecios en ambas obras, además de modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas.

Delgado sostuvio que la obra sobre la ampliación de la Planta Potabilizadora Paraná de las Palmas fue adjudicada a la unión transitoria de empresas (UTE) Odebrecht Brasil, Roggio-Cartellone-Construcciones Civiles y Supercemento, y la construcción de la Planta Depuradora del Bicentenario en el Municipio de Berazategui fue adjudicada al consorcio de empresas Camargo Correa S.A. y Esuco.

En ese sentido, la Fiscalía explicó que la primera de ellas iba a costar  $2.293.323.243,33 y finalmente costó $5.150.390.531,94. En relación a la segunda estaba previsto un valor por  $398.152.391,91 y terminó costando $658.407.693,42”.

“Las empresas junto al Presidente de AySA -empresa nacional de servicios públicos de agua potable y recolección de desagües cloacales-, y los responsables de APLA y del Fideicomiso Nación al momento de los hechos investigados engañaron al Estado nacional en las dos contrataciones, para sacar un beneficio económico a cambio. Quienes tenían legítimamente a cargo el cuidado y conservación de los intereses pecuniarios del Estado, incumplieron con su deber y con la participación de los demás involucrados, defraudaron al Estado”, agregó Delgado en su dictamen.