El ex operador judicial del ex presidente Mauricio Macri e integrante de la llamada mesa judicial de Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, pidió asilo como refugiado político en Uruguay, donde reside desde diciembre.

Rodríguez Simón tiene que prestar declaración indagatoria por el delito de extorsión y la justicia federal podría impulsar un pedido de detención con fines de extradición.

Está acusado de haber perseguido y extorsionado a los dueños del Grupo Indalo. La juez María Servini postergó su declaración a su pedido.

«Efectivamente, pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas, y la verdad es algo que no es nada grato», dijo anoche Rodríguez Simón en una entrevista concedida desde Montevideo al canal LN+.

Afirmó que «la petición tiene un efecto de protección, no me pueden devolver a la Argentina» pero al mismo tiempo, dijo, «es un castigo» ya que lo obligará a quedarse en Montevideo cuando toda su vida «está en Buenos Aires».

Maniobras ilegales

«Yo siempre fui muy porteño, muy urbano, y más allá de la hospitalidad que tienen los uruguayos, estoy acá condenado por las irregularidades y el temor a perder la libertad si vuelvo a la Argentina», manifestó.

Rodríguez Simón integró la llamada mesa judicial del macrismo, a cuyos integrantes se acusa de realizar maniobras ilegales en perjuicio de empresarios, entre ellos los propietarios del Grupo Indalo.

La jueza federal a cargo de la causa, María Servini, le había prohibido la salida del país a fines de marzo pero para entonces el abogado y miembro del PRO ya se encontraba en Uruguay, adonde había viajado con autorización.

Poco después, su representante legal, Gustavo De Urquieta, presentó en el juzgado de Servini un pasaje de BuqueBus como prueba de que Rodríguez Simón tenía previsto regresar a Buenos Aires, aproximadamente el 15 de mayo.

Por su parte, la magistrada lo citó a indagatoria para el 26 de mayo pero finalmente resolvió reprogramar la citación para el 17 de junio.

Pedido de captura

Fuentes judiciales dijeron a Télam que, ante esta decisión de Rodríguez Simón, «están dadas las condiciones para solicitar su captura internacional».

En ese sentido, la jueza Servini estaría avanzando en el envío de ese posible pedido de detención a sus pares uruguayos con fines de extradición a la Argentina, añadieron los informantes.

Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay desde diciembre y su abogado presentó oportunamente un escrito donde le comunicó a la jueza que estaba en el país vecino y que retornaría a la Argentina el 15 de mayo, pero a la vez pidió la nulidad de su declaración indagatoria prevista para el 26 de mayo.

En paralelo, los abogados de De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, habían pedido una cautelar para que se prohibiera su salida del país.

Servini hizo lugar al pedido y argumentó «la existencia de un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente».

Pedido de asilo

Además, la magistrada había pedido a la Dirección Nacional de Migraciones que, «a la mayor brevedad posible, remita todos los movimientos migratorios de Rodríguez Simón» desde el 6 de agosto de 2020 hasta ese momento.

A la hora de explicar su determinación de desconocer la citación judicial -decisión que en la Justicia Federal consideraban un hecho inédito- Rodríguez Simón acusó al fiscal Guillermo Marijuan «de tener una relación promiscua con el abogado Carlos Beraldi, que es el abogado de (Fabián) De Souza pero también de Cristina», en alusión a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Horas antes de aparecer en las pantallas de LN+, Rodríguez Simón difundió una carta dirigida a sus allegados para informar que había solicitado asilo a Uruguay «en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias» con la intención, subrayó, de «no volver a la Argentina hasta que cese la persecución» de la que asegura ser víctima.