Gils Carbó está en la mira del gobierno.

La Coalición de ONG’s para la Reforma Procesal Penal consideró que las modificaciones a la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal (MPF) que impulsa el Poder Ejecutivo «vulneran la independencia y a la autonomía de esa institución».
En un comunicado que lleva la firma de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Poder Ciudadano se señaló que la iniciativa, que cuenta con un dictamen favorable de Comisión en la Cámara de Diputados, «no debe afectar la independencia de los fiscales».
«El dictamen firmado en la última reunión plenaria de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, corrigió algunos de los principales problemas que presentaba el proyecto original, receptando las numerosas críticas que se habían realizado, pero incorpora nuevas modificaciones que lo hacen inconstitucional por afectar fuertemente la independencia y autonomía del MPF», se afirma desde esta Coalición.
Y en ese sentido, agregaron: «Si bien entendemos que es correcto que se establezca una limitación temporal en el mandato del Procurador General, remarcamos que no resulta correcto establecer un plazo corto de 5 años con renovación a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional. Este primer plazo no permitirá una planificación a largo plazo de las políticas del MPF y quedará sometido a la lógica política de buscar el acuerdo para renovar el mandato».
Además se indicó que el proyecto de ley dispone que para todos los cargos de más relevancia institucional, los fiscales deban tener una antigüedad de cinco años.
«Esta regla injustificada conlleva, por ejemplo, la exclusión de los actuales titulares de procuradurías y unidades especializadas que no tengan esa antigüedad, cuestión que implica, prácticamente, el cese en sus funciones de casi la totalidad de los actuales magistrados», se observó.
La Coalición alertó que el proyecto «pretende eliminar la Procuraduría de Defensa de la Constitución, que marca un aspecto de la intervención no penal muy relevante del MPF pero incorpora una Procuraduría Antiterrorista».
«Esta última importa una orientación preocupante, más que nada cuando la UFI AMIA se encuentra en plenas funciones», se subrayó.
Y en ese sentido, se puntualizó: «Tal como lo expresamos, esta reforma no está justificada en cambios que se requieran para poner en marcha la demorada implementación del nuevo sistema procesal penal federal. Por el contrario, la obstaculiza».