Por Javier Sinay.

A Florencia Cuéllar, una presa de 23 años, el Servicio Penitenciario Federal la tenía entre ojos. El año pasado, cuando una de sus compañeras fue trasladada de modo compulsivo, Cuéllar participó de una violenta protesta: su conducta fue calificada entonces con un cero y sus esperanzas de salir en libertad –no tan lejanas- quedaron reducidas a migajas. La chica pasó un tiempo en una celda de castigo en la Unidad 27 (la misma que antes tenía asiento en el hospital neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano y que hoy funciona en el Complejo Penitenciario Federal IV, de Ezeiza) y hasta se quiso colgar, más para llamar la atención y ser derivada que para quitarse la vida, según afirman quienes la conocieron. Finalmente, el 23 de diciembre de 2012, apareció ahorcada. Esta vez sí, muerta.

“Florencia era divina: una chica re alegre, muy querida, sin conflictos. Ella participaba de los talleres de dibujo y serigrafía, de poesía y de periodismo”, dice María Medrano, poeta y coordinadora de Yo No Fui, un proyecto artístico y social que dicta talleres adentro de la cárcel de Ezeiza y que el último viernes 22 de marzo montó un homenaje a Cuéllar y a otras ocho mujeres halladas sin vidas en el mismo Complejo Penitenciario Federal IV.

Es que la muerte de Florencia Cuéllar fue por ahora la última, pero no la única. Las nueve víctimas aparecieron asfixiadas, apuñaladas o golpeadas; los expedientes judiciales donde se asentaban las investigaciones tuvieron invariablemente un destino gris. La carátula de “Muerte dudosa” nunca evoluciona y es el propio Servicio Penitenciario el que se encarga de llevar adelante la investigación y las pericias puertas adentro.

La China Cuella, con camiseta de River, apareció ahorcada en la prisión.

Sin embargo, se murmura en los pasillos de la cárcel que a Cuéllar la mató una compañera enviada por el mismo Servicio Penitenciario Federal. La presunta asesina fue trasladada inmediatamente después del supuesto crimen y se autoflageló cortándose la garganta. Luego de ser tratada en el hospital de Ezeiza, recibió su libertad con un memo de la Justicia.

En el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Número 1 de Lomas de Zamora, donde tramita la causa por la muerte de Florencia Cuéllar y de las demás víctimas, nadie hace declaraciones. Y una reclusa que sería una testigo clave del supuesto crimen ya ha sido enviada a la Unidad 27. Dicen que se encuentra bajo sedación diaria: hay quienes temen que aparezca, ella también, ahorcada.

En agosto y septiembre de 2012, María Laura Acosta (de 35 años) y Cecilia Hidalgo (de 24) fueron quienes aparecieron muertas: la primera, apuñalada y ahorcada; la segunda, asfixiada sobre la cama. De acuerdo con relevamientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre 2000 y 2008 no hubo muertes violentas en las cárceles de mujeres, pero entre 2009 y 2012 hubo ocho: además de Acosta e Hidalgo, fueron halladas sin vida Yanina Hernández Painnefil, Silvia Romina Nicodemo, Romina Leota, Vanesa García, Ordoñez, Ema Alé y Noelia Randone. En octubre de 2012, un bebé alojado con su madre en la Unidad 31 también murió. Dicen que su fallecimiento tuvo que ver con los narcóticos.

El informe “Derechos humanos en la Argentina 2012”, publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dedica algunas palabras a las muertes del Servicio Penitenciario Federal: “El aumento registrado [en la cantidad de homicidios intramuros] alerta sobre la reacción del SPF frente a los cambios que se produjeron durante 2011 en la jefatura del servicio, pero sobre todo, en relación con la necesidad de avanzar en políticas específicas respecto de las muertes en contextos de encierro. Los datos muestran que existen patrones de violencia e impunidad arraigados históricamente en la fuerza del SPF. Resulta fundamental avanzar en la investigación de los hechos y en la sanción administrativa y judicial de los responsables. Por otro lado, se evidencia la necesidad de impulsar reformas estructurales y políticas directas destinadas a remover los núcleos duros de violencia y prevenirla. Sobre este aspecto destacamos la Resolución 3023/11, del 12 de diciembre de 2011, que ordena que la Dirección de Auditoría General del SPF deje de brindar asistencia y patrocinio jurídico al personal penitenciario investigado por hechos de tortura, apremios o malos tratos”.

“Nada sucede en una cárcel sin que el Servicio Penitenciario lo sepa”, cuenta G., una detenida. “Son siempre los mismos hechos: con más o menos ruido según la hora del día o de la noche en que se cometa el asesinato, porque son asesinatos, con la misma violencia y el mismo ensañamiento siempre. Después separan y trasladan a las que estuvieron más cerca, 48 horas de luto y a otra cosa. El Servicio Penitenciario nunca se mancha las manos porque siempre hay alguien que trabaja por él”.