Por Gabriela Oprandi.

“No paro hasta que los tres jueces sean destituidos de sus cargos”, fueron unas de las primeras palabras que Susana Trimarco dijo a poco de conocerse la absolución de los trece imputados por la desaparición de su hija Marita Verón.

“Mi hija está llorando, y todas las chicas – por las víctimas de la  trata de personas- están llorando. Yo tengo duro el corazón. Me hice una persona fría. Me hicieron así, con los maltratos que me dieron. Mi nieta se crió durmiendo en los ventanales de los Tribunales. No voy a parar. La gente está indignada, muchos están llorando, el pueblo de Tucumán y de la Argentina no lo pueden creer. Estoy acá como un soldado, estoy más fuerte que nunca. Voy a seguir luchando en conjunto con mis abogados maravillosos, que son gente honesta de verdad, que defiende los derechos humanos”, remarcó Trimarco.

Marita fue secuestrada en abril de 2002.

Ayer, y tras conocerse el polémico fallo, el presidente del tribunal que emitió la sentencia,Alberto Piedrabuena, explicó por qué fueron absueltos  los 13 acusados en el marco de la investigación por la desaparición de Marita: “La base de este juicio han sido las conductas criminosas denunciadas inicialmente en el debate. Y ha sido la privación de la libertad en forma violenta de María de los Ángeles Verón, el 3 de abril de 2002, en horas de la mañana, en la intersección de las calles San Martín y Paso de los Andes, con participación de Víctor Rivero conduciendo un auto Duna, conduciéndola a una casa del barrio Feput, donde Víctor Rivero, María Jesús Rivero, Daniela Milhein y SAmdrés González, mantuvieron la privación de libertad y la enviaron a La Rioja para el ejercicio de la prostitución en locales Candy, Candilejas y El Desafío, donde Irma Medina, José Gómez, Gonzalo Goméz, Carlos Luna, Cinthia Gaitán, María Márquez, Domingo Andrada y Humberto Deroberits siguieron privándola de libertad, obligándola a ejercer la prostitución, no siendo encontrada hasta el momento. La acusación no ha probado la existencia del hecho inicial, o sea, el secuestro de María de los Angeles Verón. El debate dejó la incógnita de lo que ocurrió el 3 de abril de 2002. Las versiones al respecto son sólo tales. Es decir, un llamado anónimo y la declaración de una persona fallecida, imposible de examinar en el juicio. No surgió otro modo de saber cómo María de los Ángeles Verón desapareció y apareció en otros lugares. No hubo prueba alguna en tal aspecto. Sobre María Jesús Rivero y Víctor Rivero, el tribunal consideró de absoluta ineficacia la prueba de testigos producidas. Respecto de Milhein y González, tampoco la prueba de testigo fue suficiente. Respeto de Pascual Andrada, no ha sido producida ninguna prueba que lo vincule directa o indirectamente al caso. Respecto de Irma Medina y de José Gómez, Gonzalo Gómez, Bustos, Gaitán, Luna, Derobertis y Márquez, no fue posible arribar a la prueba suficiente de testigos diversos en tiempo, modos lugares y personas, como circunstancias particulares de cada uno de ellos. Todo ello no obstante la libertad probatoria aceptada por el tribunal para el debate. En definitiva, el estado de inocencia de los acusados no ha sido vencido”.

El abogado José D’Antona, querellante en la causa, acusó de “corrupción” a los jueces que absolvieron a los 13 acusados y anunció que promoverá su juicio político. El letrado se mostró indignado porque en el resumen del fallo de los jueces consideraron que “no hubo ninguna prueba para demostrar que Marita estuvo en La Rioja y que la sometieron a prostitución”.

Eso “para nosotros es corrupción, vamos a indagar cuáles fueron las causas, si hubo connivencia corporativa o si hubo algo más”, señaló en declaraciones a la prensa.
Además, advirtió que los jueces “violentaron pactos internacionales que están incorporados a la Constitución y violentaron los derechos humanos” tanto de Marita, que “es una desaparecida de la democracia” como de las “víctimas que han declarado en el juicio”.
D’ Antona adelantó que en el mes de febrero interpondrá un recurso de casación que deberá resolver la Corte de Tucumán: “Si esta Cámara falló de esta manera, no tengo ningún tipo de esperanza de que revierta las absoluciones, en cambio sí tengo esperanza de sacar de la provincia el expediente y ponerlo a consideración de la Corte Suprema de la Nación”.

Hoy a la tarde se realizará una marcha en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán en repudio al fallo.