Reynoso era juez federal de Orán.

Por Rafael Saralegui

En los bares cercanos al edificio del Juzgado Federal de Orán, en la provincia de Salta, en el Norte de la Argentina, los abogados habían llegado a una conclusión: la única forma para conseguir la libertad de un cliente era ponerse. Eso significaba entregar un auto, un campo, una camioneta doble tracción o dinero en efectivo, dólares o pesos, lo mismo daba. “Si no te ponés el chango no sale”, explicaba un veterano letrado a uno más joven, café de por medio. Sólo un pequeño grupo de abogados eran los que conseguían que sus defendidos pudieran recuperar la libertad en las causas que se tramitaban en ese tribunal. Tenían una fórmula: eran los que se ponían.

Con unos 70 mil habitantes, Orán es la segunda ciudad de Salta, dedicada a la producción agrícola, con la siempre presente soja, debido al desmonte de los bosques nativos. Está situada a unos 30 kilómetros de la frontera con Bolivia. Es por eso una de las principales puertas de entrada de la cocaína que se elabora enColombia, Perú y Bolivia, la región que concentra la mayor producción de cocaína en el mundo según el informe 2015 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La droga llega a la Argentina para su consumo, en parte, y el resto se destina al contrabando a Europa o los Estados Unidos, donde se multiplica su valor. La ciudad fue fundada en 1794 y varias construcciones aún conservan su aspecto colonial. Pero las apariencias engañan. El narcotráfico es la principal actividad ilegal que inyecta dinero líquido en la zona. Mucho dinero. Con la plata del narco se puede comprar de todo, no sólo bienes, también personas: policías, gendarmes, políticos y jueces.

Raúl Reynoso fue el titular del Juzgado Federal de Orán desde 2002 -casi 20 años después de la creación del tribunal– hasta abril de 2016, cuando el presidente de la Nación, Mauricio Macri, le aceptó la renuncia, tras haber sido acusado el año anterior de favorecer a capos narcos que tenían causas en trámite en su juzgado. Reynoso está detenido en la cárcel de General Güemes (Salta) a la espera de un juicio oral, luego de haber sido procesado con prisión preventiva como el jefe de una asociación ilícita integrada por abogados y funcionarios judiciales, que liberaban a acusados de narcotráfico y otros delitos, a cambio de dinero, bienes muebles, inmuebles o lo que fuera más fácil de transferir a la banda liderada por su señoría Reynoso, según la acusación del juez federal N°1 de Salta, Julio Bavio.

El caso que tiene a Reynoso tras las rejas es paradigmático, pero no por tratarse de un juez procesado por dictar resoluciones contrarias a la ley sino por ser uno de los primeros en ser acusado y detenido por beneficiar a los narcos. Después de haberse enterado del pasado de Colombia por la serie televisiva “El patrón del mal”, muchos en la Argentina dicen que este país se parece cada vez más a aquel, para ejemplificar el avance del poderío narco. Pese a haber sido criticado en su momento, fue el Papa Francisco quien dio en la tecla cuando dijo que la Argentina se estaba mexicanizando. Esto es: la infiltración del narco en el mundo de la política, en la Justicia, en la policía, en todos los estratos de la sociedad organizada. Así debe considerarse el caso del ex juez Reynoso, como el primero en mostrar de primera mano el poder de corrupción e infiltración del negocio narco en la Argentina, en una región del país donde el narcotráfico es un genera riquezas, financia la política y siembra la muerte.

Además, Reynoso tuvo la notable capacidad de convertirse en un ejemplo para sectores irreconciliables de la política y la realidad argentina de los últimos años. Todos lo querían tomar como bandera, como modelo de la lucha contra los narcos en la frontera. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el showman televisivoJorge Lanata, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, lo tuvieron como referente. Hasta que se le cayó la careta. Y pasó a convertirse de héroe a villano en cuestión de días.

El caso del ex juez Reynoso también es paradigmático por representar en forma evidente la capacidad de una parte de la sociedad de mirar para otro lado. Si hasta el Colegio de Abogados de Orán, que agrupa a los matriculados de esa ciudad, pidió prudencia cuando se hicieron públicas las primeras acusaciones contra quien era el juez federal, una de las personas más poderosas de la zona, junto con el intendente o el jefe de policía. “Todo el mundo sabía que algo pasaba, pero nadie hacía nada”, admite un conocedor de la Justicia federal en la provincia de Salta.

Jorge Lanata hablando del juez

De todos modos, para ser justos con los abogados, fue un letrado quien comenzó a advertir por todos los medios a su alcance que algo no andaba bien en el juzgado encabezado por Reynoso desde 2002. Y los medios más a mano en Salta son las radios, las FM que se reparten por todo el territorio provincial y que, en general, ofrecen un discurso alternativo al del diario El Tribuno, propiedad de la familia del senador justicialista Juan Carlos Romero, cabeza de un holding que también posee una radio y un canal de televisión.

David Leiva es un abogado vinculado desde hace años con los organismos de defensa de los derechos humanos en Salta y uno de los primeros en denunciar los arreglos ilegales que se producían en el Juzgado Federal de Orán, bajo la tutela de Reynoso. “Hay muchos abogados que tienen conocimiento directo de lo que pasa. El tema es que muchos no saben cómo probarlo y otros dicen que si declaran quedan imputados, porque pusieron dinero. El abogado que paga la coima es partícipe del delito”, dijo Leiva a mediados de 2015 a la FM Noticias, cuando Reynoso aún estaba al frente del juzgado. “Lo que tienen que entender las autoridades judiciales que intervienen es que lo que hay que blindar del narcotráfico es a la Justicia, porque si el último reducto donde hay que establecer responsabilidades y buscar cuidar a las personas que salen a declarar este tipo de cosas, está penetrado por el narcotráfico, no importan las fronteras”, agregó entonces.

La creación de un Juzgado Federal en Orán, más cerca de la frontera, fue un reclamo histórico de quienes siempre vieron al narcotráfico como una amenaza concreta en la provincia de Salta. Leiva explicó para esta investigación de Chequeado que existía una resistencia de los abogados que litigaban en la ciudad de Salta, capital de la provincia, a la creación del nuevo juzgado. Hasta entonces los casos de narcotráfico se investigaban en la capital provincial. “Desde muchos años atrás los abogados de Orán pedíamos el juzgado federal. Formamos una Comisión para recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que nos dijeran por qué no se creaba el juzgado”, recuerda.

Los juzgados se crean mediante una ley que dicta el Congreso de la Nación. El Juzgado Federal de Orán fue creado en el regreso de la democracia mediante la Ley 23.112, sancionada el 30 de septiembre de 1984 y promulgada el 2 de noviembre del mismo año por el titular del Poder Ejecutivo Nacional, a cargo entonces del radical Raúl Alfonsín. Pero lo más llamativo es que, pese a estar creado por ley del Congreso, el Juzgado Federal de Orán estuvo vacante durante largos 20 años. ¿El por qué de la demora? No hay una explicación. Una larga espera para que su primer juez terminara detenido y acusado de favorecer a quienes debía perseguir.

Reynoso participó de un concurso realizado por el Consejo de la Magistratura (organismo creado mediante la reforma constitucional de 1994) para cubrir el cargo vacante del juzgado de Orán. “Había terminado quinto en el concurso, pero quedó en la terna que fue enviada al Poder Ejecutivo”, explica una fuente que conoce el pasado del ex juez. Su pliego consiguió el acuerdo del Senado y el decreto con su designación fue firmado por el presidente interino Eduardo Duhalde y su ministro de Justicia, el bonaerense Juan José Alvarez.

El decreto con su nombramiento es el N° 2516/02 y fue publicado el 9 de diciembre de 2002 en el Boletín Oficial, 18 años después de la creación del juzgado. Pero Reynoso no asumiría en el cargo hasta dos años más tarde. La Corte Suprema habilitó el juzgado el 2 de diciembre de 2004 y Reynoso juró como titular del tribunal federal de Orán el 10 de diciembre de 2004. “Los senadores Romero y Sonia Escudero (Bloque Justicialista) fueron quienes se movieron para que le dieran el juzgado”, asegura la misma fuente, que conoce a Reynoso desde hace muchos años, mucho antes de su apogeo y estrepitosa caída.

Reynoso no era una improvisado cuando puso en marcha el juzgado de Orán. Tenía un pasado en la Justicia provincial de Salta, donde ocupó los cargos de defensor de un juzgado civil y juez en lo correccional. Después de haber terminado el colegio secundario en Salta se mudó a Tucumán para estudiar Derecho. Ya de regreso en Salta estudió también Letras en la universidad provincial. Y hasta llegó a publicar un libro de poemas. Fue todo un logro para la familia el desarrollo profesional de Reynoso, hijo de un comisario de la policía salteña. Y fue llegar a lo más alto cuando se hizo cargo del Juzgado Federal de Orán. El futuro parecía lleno de promesas. Durante un tiempo, todo estuvo bien, hasta que la actuación del juez en algunos casos comenzó a hacer “ruido” entre los abogados del foro local y los funcionarios de la Justicia federal donde se tramitaban esos expedientes.

Reynoso “debutó con los 116 kilos de cocaína de la Policía Federal”, recuerda un actual integrante del Superior Tribunal de Justicia de Salta, que pide reserva de su identidad. El hecho fue espectacular y escandaloso. En mayo de 2005, cuatro efectivos de la Delegación Salta de la Federal fueron detenidos en Jujuy después de haber volcado mientras llevaban 116 kilos de cocaína en una camioneta Fiorino. Para que se entienda: el traslado no se realizaba en un móvil oficial, ni con la correspondiente custodia en otros vehículos para impedir un robo de la droga durante el viaje. Todo era raro.

El caso se lo disputaron los jueces federales de Jujuy, de Salta y de Orán. “El juez federal de Orán, Raúl Reynoso, dijo a La Nación que fue notificado del decomiso de la droga y que en principio no tiene motivos para dudar de la actuación de los policías”, consignó el diario entonces. Todos dudaban menos él. Para otros jueces que actuaron en el caso, todo fue raro. “Esa droga estaba vinculada al poder político”, dijo un abogado. Abel Cornejo era entonces el juez federal de Salta y le pidió a Reynoso que le remitiera el expediente. En su escrito sostuvo que la droga se dirigía a Salta sin motivo aparente, “a lo que se suman por lo menos extraños desplazamientos de las máximas autoridades de la Delegación Salta de la Policía Federal hacia Jujuy, la falta de personas detenidas ante semejante cantidad de droga secuestrada, la falta de acreditación en el libro de la delegación sobre el procedimiento o el desplazamiento de sus máximos efectivos, la negativa del juez federal de Orán acerca de la procedencia del traslado o intervención”.

Ante la disputa entre los jueces, intervino la Cámara Federal de Salta, superior de los dos jueces, que decidió dejar el caso en manos de Reynoso. Nunca quedó claro por qué los superiores decidieron darle la derecha a Reynoso, que había avalado la cuestionada actuación de la Policía Federal. La cúpula de la fuerza de seguridad usó a sus contactos en las secciones policiales de los diarios para instalar la idea de que todo estaba dentro de la ley y, aunque el episodio parecía oscuro, no había nada para sospechar. El caso dejó de salir en los medios al poco tiempo.

El juez Reynoso se había acercado entonces a Aníbal Fernández, que ocupaba el cargo de ministro del Interior de la Nación y era el responsable de la fuerza federales de seguridad, incluída la Federal. El juez Cornejo desconfiaba de su colega y del Gobierno, pero entonces nada pudo hacer. Otro de los ex funcionarios del kirchnerismo con quien Reynoso tuvo buena relación fue el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el médico militar al que le gustaba hablar del combate a los drogas, el discurso que se origina en los Estados Unidos y que ve al narcotráfico como una amenaza a la seguridad nacional. Reynoso gozaba así del respaldo de los principales responsables de la seguridad durante el kirchnerismo.

El conflicto entre jueces por el escándalo de los policías volcados con la cocaína encendió algunas luces de alarma, pero pocos quisieron verlas. Al poco tiempo, estalló otro escándalo, pero con otro juez: José Antonio Solá Torino fue acusado en 2007 de haber cobrado una coima a un acusado de narcotráfico, Miguel Farfán, quien tenía pedido de captura. Solá Torino, que luego fue juez en el Tribunal Oral Federal de Salta, era juez de ejecución penal, cuando fue acusado de cobrar $15 mil para levantar la orden de captura a nombre de Farfán. Solá Torino fue condenado en marzo de 2016 a seis años de prisión, pero no fue llevado a la cárcel porque la sentencia aún no está firme. En la investigación del fiscal federal Ricardo Toranzos se transcribe una parte de una conversación telefónica de Farfán en la que dice que “ya estaba cansado de las distintas exigencias del tal ‘Gordo’, identificándolo literalmente como el Dr. Solá Torino, juez de ejecución de sentencia, para justificar que no hizo nada a pesar de haber cobrado por el levantamiento de la captura”. El narco se quejaba porque el juez no había cumplido con su palabra y le exigía a su intermediario que le devolvieran la plata, como cuando alguien compra un electrodoméstico que no funciona y va a hacer el reclamo al negocio.

Un conocedor de esta trama sostiene que “la causa penal contra Solá Torino estuvo cajoneada durante ocho años, con el desparpajo más grande. Es la misma línea que estuvo protegiendo a Reynoso también durante tantos años”. Reynoso, al igual que Solá Torino, también fue acusado de haber cobrado por dictar la exención de prisión de José Miguel Farfán. Ese hecho es uno por los cuales fue acusado en la elevación a juicio oral. Farfán y uno de sus hermanos estaban siendo investigados por la Gendarmería Nacional por tráfico de cocaína, pero Reynoso decidió otorgarle la libertad el 21 de enero de 2014, pese a lo avanzado de la investigación y a los antecedentes de condenas que registraba el acusado.

Los argumentos de Reynoso resultan sorprendentes. “Que analizada la situación del incoado, es necesario recalcar que si bien es cierto, éste se encuentra prófugo con pedido de captura nacional e internacional, sin habérsele recepcionado la pertinente declaración indagatoria en autos y que no fijó domicilio legal en su presentación, es menester tener presente que el mismo de las constancias de autos surge que tiene domicilio en la localidad de la ciudad de Salta y que su actitud de realizar la presentación pese a la situación procesal en que se encuentra, nos da una clara y determinante voluntad de ponerse a disposición de la Justicia para el respectivo trámite judicial”, por lo que concluyó que “el causante no intentará eludir el accionar de la Justicia y que no entorpecerá las investigaciones en curso, ya que conforme surge de los informes de antecedentes, no registra condena alguna”.

Reynoso pidió los antecedentes de Farfán varios meses después de haberle dado la libertad. En esos informes constaba que tenía condenas por narcotráfico. Además, en la investigación de la Gendarmería se había secuestrado una camioneta con más de 300 paquetes de cocaína. Farfán desapareció de los lugares que solía frecuentar y actualmente está prófugo. El abogado de Farfán, René Gómez, según la Fiscalía era el nexo con Reynoso y quien le pagó sucesivas sumas de dinero en dólares para que el acusado siguiera gozando de la libertad. La esposa de Gómez fue quien declaró haber visto en varias oportunidades a Reynoso en su casa mientras retiraba grandes sumas de dinero. Los fiscales dijeron que el testimonio de Rosana Rivas Vázquez, ex esposa de Gómez, abogada también, fue categórico, ya que “relató cómo presenció en diversas oportunidades la entrega de dinero que Farfán efectuaba a su entonces pareja, René Gómez, las cuales estaban destinadas a Reynoso, quien en muchas oportunidades se acercaba personalmente a su domicilio a retirarlas”.

Liliana Ledesma era una productora de huevos afincada en la zona de Salvador Mazza, en el norte de Salta, ya en el límite con Bolivia. Su muerte a puñaladas el 21 de septiembre de 2006, cuando cruzaba una pasarela de un río seco, llevaba un mensaje mafioso: le cortaron la boca de arriba hacia abajo, además de apuñalarla varias veces, para indicar que su muerte fue como consecuencia de haber hablado. Ledesma había denunciado en programas radiales que grupos narcos estaban cerrando caminos vecinales y comprando tierras bajo amenazas para generar una enorme zona liberada en la frontera, para poder entrar y salir sin controles de ningún tipo. Ledesma conocía el negocio narco: su pareja había sido asesinada años antes en una pelea por drogas. El marido de Ledesma, Gilberto “Gili” Villagómez, fue asesinado a balazos el 3 de julio de 1999. Ella siempre dijo que su esposo fue asesinado por reclamarle una deuda por drogas a un diputado provincial.

La muerte de Ledesma fue un escándalo no sólo en la provincia de Salta, sino que también llegó a los medios nacionales porque uno de los acusados fue el diputado provincial José Ernesto Aparicio, que respondía entonces al gobernador y actual senador nacional, Juan Carlos Romero. La hermana del diputado Aparicio, María Gabriela, fue acusada de haber actuado como entregadora, al haber llevado a Ledesma hasta el lugar donde la iban a apuñalar. En 2010, María Gabriela Aparicio fue condenada a prisión perpetua, junto a Aníbal Tárraga, Lino Abdemar Moreno y Casimiro Torres, quienes recibieron la misma pena como autores del crimen. El ex diputado Aparicio nunca fue acusado por la Justicia salteña por el crimen de Ledesma, aunque fue procesado por la Justicia federal por lavado de dinero y tráfico de drogas. Una fuente de la Justicia provincial que pide reserva de identidad dijo que “Reynoso estuvo vinculado con el escándalo del diputado Aparicio, porque era su testaferro”. De esa forma puede entenderse por qué Aparicio nunca llegó a ser condenado por la muerte de Ledesma: por sus vínculos con la Justicia federal a través de Reynoso y por su contactos en el Partido Justicialista de Salta.

Pero esos no son los únicos vínculos de Reynoso con el caso Ledesma. Los autores intelectuales del crimen, para la Justicia salteña, sólo fueron los hermanos Raúl y Delfín Castedo, quienes estuvieron prófugos durante años. Raúl fue extraditado desde Bolivia y acusado en julio de 2016 por el crimen de Ledesma. Delfín Castedo fue detenido en la localidad de Ituzaingó en la provincia de Buenos Aires ese mismo mes por la Gendarmería Nacional. Los hermanos Castedo eran investigados en una causa que se tramitaba en el Juzgado federal de Reynoso, pero no estaban muy preocupados. En junio de 2008 el juez le concedió la eximición de prisión a Delfín Castedo pese a estar imputado de los delitos de asociación ilícita, encubrimiento y lavado de activos, y que además se lo investigaba en la Justicia ordinaria por el crimen de Ledesma. El ex juez escribió en su resolución que, “si bien es cierto que se encuentra prófugo con pedido de captura nacional e internacional”, la “actitud” de presentar el pedido de eximición de prisión “nos da una clara y determinada voluntad de ponerse a disposición de la justicia”. Insólito, pero real. Los mismos argumentos usados para beneficiar al prófugo Farfán.

Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación.

Y lo más increíble ocurrió años después. El 5 de diciembre de 2013 Reynoso escribió un acta en la que consignó que Castedo se había presentado en el juzgado y se había negado a declarar. Pero el acta era falsa: Castedo nunca se había presentado. Y de haberse presentado lo tendría que haber detenido porque estaba acusado de ser el autor intelectual del homicidio de Ledesma, algo que el juez no desconocía.

Un año más tarde, en noviembre de 2014, Reynoso procesó a Castedo, pero le mantuvo su libertad, con la única obligación de presentarse en la “delegación de la Policía Federal en la Capital Federal”, sin precisar en qué dirección. El acusado siguió prófugo varios años más. Cuando Castedo fue detenido en julio último negó que la firma que figuraba en el acta fuera la suya. Un peritaje realizado por la Gendarmería confirmó que la firma era falsa.

Para los fiscales federales que investigan ahora la estructura armada por Reynoso, Delfín Castedo “no resulta un imputado más” pues se lo acusa de “liderar una de las estructuras de mayor envergadura de nuestro país y de mayor antigüedad” y de ser el “autor intelectual de un homicidio encargado para acallar a una mujer que se atrevió a denunciarlo públicamente”. Los mismos fiscales dijeron que Castedo y Reynoso eran dos “pesos pesados”. Tras las rejas los dos esperan ser llevados ante los juicios orales y públicos que podrían poner fin a tantos años de impunidad.

Está investigación fue publicada en forma conjunta con Chequeado.com