Angela Ledesma dejó su subrogancia en la Sala III de la Casación Penal federal para evitar tener que intervenir en el fallo sobre la sentencia de la causa Once. Ni bien tuvo la oportunidad, Ledesma tramitó su salida dejando la responsabilidad a Juan Carlos Gemignani, con quiene una relación explosiva y a Eduardo Riggi.

Si ellos confirman lo actuado por el Tribunal Oral Federal N° 2 y deniegan el recurso de apelación a la Corte, los condenados en ese juicio deberán ir a prisión.

La Casación ya intervino en el caso cuando los acusados formularon pedidos para posponer el debate oral. El rechazo a este recurso fue firmado por el entonces presidente de la cámara, Mariano Borinsky, y los titulares de las cuatro salas en que se divide el tribunal: los camaristas Ana María Figueroa, Ángela Ledesma, Riggi y Gustavo Hornos votaron en absoluta sintonía.

El juicio se inició en marzo de 2014. Entre el debate y la etapa de instrucción se retiraron diversas querellas que llegaron a acuerdos económicos con la empresa.

Desde el comienzo del proceso quedó en evidencia un debate sobre el fondo del juicio. El fiscal Fernando Arrigo y las querellas estuvieron a favor de que en el mismo debate se tratara tanto el estrago causado por el choque como una supuesta malversación de subsidios por parte de la firma TBA.

En tanto los abogados de los ejecutivos y titulares de la empresa, así como también los representantes de los exfuncionarios alegaron que las dos causas debían tramitar por separado.

El proceso dividió a los testigos en dos grandes grupos. Por un lado, familiares de damnificados que ofrecieron relatos escabrosos sobre el día de la tragedia ferroviaria. Por otro lado, estuvieron los peritos técnicos que se dedicaron a dos asuntos centrales: el funcionamiento de los frenos de la formación que se estrelló y los balances contables de la firma TBA.

Para tener en cuenta: las dos pesquisas del Poder Judicial realizados a fin de esclarecer esos puntos dieron resultados favorables a las defensas. O sea, según los expertos los frenos funcionaban y la empresa no desvió recursos asignados por el Estado para subsidios.

Las sentencias resueltas por los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Jiménez Uriburu terminaron siendo menores a las requeridas por el fiscal y exhibieron la particularidad de que los que sufrieron las peores penas se ubican en los extremos de la trama: por un lado exfuncionarios y directivos de importancia y por el otro el maquinista Marcos Antonio Córdoba. Casi todos los empleados y gerentes de rango medio terminaron excusados.

Esa sentencia se discute en Casación. Luego el caso viajará a la Corte donde es casi un hecho que Ricardo Lorenzetti será recusado porque el juez se ha expresando en reiteradas ocasiones (discursos y charlas) sobre la causa en cuestión.

La orden del Tribunal de investigar el rol de Julio De Vido en la asignación de recursos a TBA incrementa el frente judicial del exministro porque a fines de 2014 la Casación ordenó que se reabra la causa en la cual se investiga el crecimiento de su patrimonio. Cerca del ex ministro saben que es muy probable que la sentencia termine confirmada por la Casación.